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Con los llamados “archivos Epstein”, la conversación pública se ha concentrado en una atención casi detectivesca: nombres, listas, revelaciones. Sin embargo, ese interés por los documentos oculta la pregunta verdaderamente importante: cómo fue posible que una red de explotación sexual vinculada a círculos de poder operara durante años sin que las instituciones actuaran con la contundencia que cabría esperar.
Los delitos sexuales contra menores constituyen una de las formas más graves de violencia. Cuando involucran a redes organizadas y a personas con alto poder económico o social, el desafío institucional se vuelve todavía mayor. No se trata únicamente de investigar un crimen, sino de enfrentar entornos donde el prestigio, la riqueza y la influencia política tienden a generar formas de inmunidad informal.
Como describió el sociólogo C. Wright Mills, las élites tienden a moverse dentro de círculos relativamente cerrados donde confluyen poder económico, político y social. En esos espacios, las relaciones personales y las reputaciones compartidas pueden funcionar como mecanismos de protección mutua, aun sin que exista una conspiración explícita.
El caso Epstein también puso en evidencia un fenómeno más amplio: la persistencia de relaciones sociales y profesionales con figuras influyentes incluso después de que su conducta había sido públicamente cuestionada. Investigaciones periodísticas mostraron cómo el financista mantuvo vínculos con políticos, académicos y empresarios durante años pese a su condena en 2008. Ese tipo de tolerancia social ilustra hasta qué punto el prestigio y el poder pueden amortiguar el costo reputacional de conductas gravemente reprochables.
Michel Foucault advirtió de que el poder raramente opera como una autoridad centralizada; más bien se manifiesta como una red de relaciones que atraviesa instituciones, discursos y prácticas sociales. En ese tipo de entramados, la impunidad no necesariamente surge de un acuerdo consciente, sino de la acumulación de silencios, omisiones y deferencias.
La historia reciente muestra que los delitos cometidos por élites rara vez se desarrollan en secreto absoluto. Con frecuencia existen señales, rumores, denuncias fragmentarias o advertencias tempranas. Lo que suele faltar no es información, sino voluntad institucional sostenida para investigarla hasta sus últimas consecuencias.
En ese contexto, la obsesión pública por los “archivos” puede terminar siendo una distracción. Las listas prometen una especie de catarsis moral inmediata: la revelación de culpables, el linchamiento mediático y una sensación de justicia. Pero incluso si todos los nombres fueran conocidos, la pregunta fundamental seguiría en pie: ¿por qué los mecanismos institucionales no actuaron antes?
También interviene un factor humano menos visible, el temor a enfrentarse a estructuras de poder consolidadas. Testigos, funcionarios o incluso periodistas pueden dudar antes de desafiar a personas con gran influencia social o económica. Ese tipo de inhibiciones forma parte de las condiciones que permiten que ciertos abusos se prolonguen en el tiempo.
En sociedades relativamente pequeñas, como la costarricense, las redes de poder tienden a entrelazarse aún más. Política, negocios, medios y prestigio social suelen converger en círculos donde todos se conocen o se han cruzado alguna vez. Esa proximidad no implica necesariamente corrupción, pero sí aumenta la importancia de contar con instituciones capaces de actuar con independencia cuando surgen sospechas graves. No es casual que el caso haya reforzado la percepción, cada vez más extendida en las democracias contemporáneas, de que el poder económico y social puede alterar el curso de la justicia. Cuando esa percepción se instala, incluso sin pruebas concluyentes en cada caso, el efecto sobre la confianza pública es profundo.
Precisamente en días pasados se conocieron resultados de la denominada operación Eclipse, un esfuerzo internacional coordinado por Interpol y autoridades policiales de nueve países de la región, que permitió la detención de 60 sospechosos de delitos sexuales contra menores de edad, incluidos 18 en Costa Rica. La investigación, que se extendió durante un año, permitió además rescatar a decenas de víctimas y evidenció el papel crucial que puede desempeñar la cooperación internacional y el trabajo especializado de las instituciones cuando existe una voluntad clara de perseguir estos delitos.
Las democracias no se miden únicamente por su capacidad de sancionar delitos comunes; también se ponen a prueba cuando las investigaciones alcanzan a los sectores más influyentes de la sociedad. Allí es donde se revela si el principio de igualdad ante la ley es una realidad o solo una aspiración retórica. Cuando la justicia tarda demasiado en mirar hacia arriba, el daño no se limita a las víctimas; también se erosiona la confianza pública en que la ley se aplica a todos por igual.
