EscucharLas aceras son una calamidad, con sus medidores y alcantarillas sin tapa, desniveles, superficies resbalosas y espacio reducido por invasión de construcciones o vehículos estacionados. A ese punto llegaron cuando la obligación de darles mantenimiento correspondía a los propietarios de lotes con frente a la calle y las autoridades solo debían asegurar el cumplimiento.
A partir de abril del 2021, la responsabilidad pasó a las municipalidades y, en el caso de las vías nacionales, al Ministerio de Obras Públicas y Transporte luego de aprobada la Ley de Movilidad Peatonal. Un transitorio de la normativa concede 18 meses a los consejos para elaborar el reglamento correspondiente.
Así, las aceras quedaron en el limbo. Ni los propietarios están obligadas a darles mantenimiento ni las municipalidades deben hacerlo mientras corre el plazo para la redacción de los reglamentos. También habrá entre 18 y 24 meses para elaborar los planes cantonales de movilidad sostenible con el objeto de definir las zonas prioritarias y el modelo de atención.
No obstante, una caminata por cualquier ciudad evidencia la situación crítica de las aceras y ningún peatón ha dejado de sufrir, cuando menos, un peligroso tropezón. Es fácil imaginar los peligros y las dificultades enfrentadas por las personas con discapacidades o necesitadas de una silla de ruedas. La legislación exige instalar rampas pero, cuando la disposición se cumple, apenas sirve para dar acceso a los obstáculos sobre la acera.
La ley intentó prever los instrumentos legales complementarios para trasladar el mantenimiento de las aceras a las municipalidades, pero no el deterioro inevitable de las estructuras mientras los concejos se ponen de acuerdo, cada uno por su cuenta, sobre las condiciones del servicio en su jurisdicción.
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En la práctica, el Congreso aprobó una especie de moratoria sobre la reparación de aceras. El clima y el uso acelerarán el deterioro y las estructuras ya afectadas pasarán a ser irreparables, de conformidad con los términos de la ley que exige reconstruir completamente las superficies dañadas en más del 40%.
La ley también previó la posibilidad de financiar los primeros años del programa con recursos destinados a atender la red cantonal de carreteras para dar tiempo a la recaudación de las tasas fijadas en cada cantón para la construcción de aceras. La ley no lo especifica pero, según fuentes de la Unión de Gobiernos Locales, la tasa dependerá de los metros lineales del lote sobre la acera y cada municipalidad puede crear su propia fórmula para calcularla.
La recaudación tardará en rendir frutos luego de la aprobación de los reglamentos y cálculo de las tasas, pero no en todos los cantones sobran fondos del mantenimiento de vías. Tampoco en todos habrá voluntad de dar prioridad a las aceras, abandonadas hasta ahora aunque por décadas existió la posibilidad de exigir el mantenimiento a los propietarios.
La ley arriesga empeorar la situación y posponer las soluciones. No es la primera ley aprobada con los mejores propósitos y luego estancada en espera de trámites burocráticos. Acabamos de tener el ejemplo de la ley para atraer nómadas digitales. La pandemia comienza a ceder y muchos de ellos se han establecido en países competidores, pero la normativa no puede ser aplicada por falta de reglamentación. Según la propia ley, el Poder Ejecutivo debía emitir el reglamento en los dos meses siguientes a su entrada en vigencia, el 1.° de setiembre. No obstante, el 1.° de noviembre pasó y a la fecha no hay reglamento. Ojalá no suceda lo mismo con la Ley de Movilidad Peatonal, cuyo plazo de reglamentación es, de entrada, generoso.
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