La ley aprobada por los diputados, para encargar a las municipalidades y al MOPT la construcción de las aceras, obligará a los propietarios de bienes inmuebles a pagar el costo de las obras que los ayuntamientos realicen en sus comunidades.

Según el texto de la norma, los gobiernos locales podrán cobrar una tasa que se fijará tomando en consideración el costo de las obras más un 10% de utilidades.

“El costo efectivo de estas obras nuevas se trasladará al propietario o poseedor por cualquier título de bienes inmuebles, según lo definan los reglamentos municipales”, establece la ley.

Anteriormente, el Código Municipal asignaba a las personas y empresas la responsabilidad de construir y mantener en buen estado las aceras ubicadas frente a sus propiedades.

Con la ley aprobada este 17 de marzo en segundo debate, la responsabilidad es trasladada a los ayuntamientos, en el caso de las aceras en vías cantonales, pero el texto no especifica la forma como se confeccionará el cobro a los contribuyentes.

¿La tasa se cobrará por los metros lineales de cada propiedad o de otra forma? ¿Tendrán que pagar los propietarios que, antes de la nueva ley, ya habían construido sus aceras?

Fuentes municipales sostienen que estos temas están en estudio.

Karen Porras, directora de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL), prevé que se creará una tasa de cobro trimestral para cada contribuyente, según su distrito.

“Se va a cobrar proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito; entonces, ahí tenemos que sentarnos a analizar, porque también le permite a la municipalidad utilizar un 5% del impuesto de bienes inmuebles que va a venir en disminución conforme se va cobrando la tasa”, indicó Porras.

Según la directora de la UNGL, únicamente se tomará dinero del impuesto de bienes inmuebles durante el primer año de vigencia de la ley.

Porras enfatizó en que la norma permitirá eximir del pago de aceras a las personas que demuestren carecer de recursos económicos para financiarlas.

En cuanto al mantenimiento de las aceras, las cuotas y formas de pago, la directora prevé que los detalles se establecerán en un proyecto quinquenal dentro del plan de movilidad cantonal.

“Ahí se van a definir las prioridades en el plan de planificación quinquenal de mantenimiento de la red cantonal, y se va a establecer también cuál va a ser el mecanismo con el que se le va a cobrar a los ciudadanos”, agregó Porras.

La ley aprobada sostiene que, “cuando las corporaciones municipales realicen obras de mantenimiento y por el grado de deterioro estimen necesaria la construcción de una nueva acera, podrán realizar el cobro”.

Esta norma deja a criterio de cada gobierno local las reglas para la construcción de los pasos peatonales; la forma y diseño podrán variar de un cantón a otro.

Entre los años 2016 y 2017, el cantón de Limón vivió una polémica por la forma como la municipalidad local les cobró a los contribuyentes el costo de las aceras.

El precio de las obras fue distribuido entre todos los contribuyentes del distrito central, aunque la infraestructura solo cubrió las principales calles del centro.

Desde el cuarto trimestre del 2017, a los propietarios de bienes inmuebles les exigieron ¢11.510 por trimestre para cancelar los ¢718 millones que costaron las aceras.

El caso incluso terminó en una investigación judicial.

Alcalde de Desamparados: ‘Por metro lineal’

Gilberth Jiménez, alcalde del cantón de Desamparados, opina que los fondos serán aportados por los ciudadanos, pues por una parte se tomarán recursos aportados por bienes inmuebles y, por otro, los ciudadanos financiarán directamente la obra.

“Al final vamos a hacer una tasa para construcción y mantenimiento de esas aceras; esas son cosas que antes no se permitían, pero ya con esto vamos a poder tener una tasa para la construcción y para el mantenimiento de aceras, naturalmente va a ser un proceso paulatino”, indicó Jiménez.

El alcalde desamparadeño agregó que se dispondrá de facilidades de pago y negociaciones, para no afectar económicamente a las familias.

“Se busca todo lo contrario, que exista una posibilidad, que existan arreglos de pago, que existan todas las posibilidades para que las comunidades, las asociaciones, los grupos, lo podamos financiar e ir poco a poco reconstruyendo o contrayendo las aceras”, manifestó.

Según explicó, el cobro se realizaría únicamente a las personas que tengan aceras, mediante el costo por metro lineal de la infraestructura que se realice.

“Naturalmente va por metro lineal; si hay cuatro metros lineales, por esos cuatro debo de pagar”, añadió.

¿Y los que ya construyeron?

En cuanto a los propietarios que sacaron de su bolsillo para construir las aceras frente a sus propiedades, antes de la nueva ley, el alcalde de Desamparados insiste en que no se verían afectados, mientras que la jerarca de la UNGL sostiene que esos detalles deben ser definidos formalmente en los planes de movilidad cantonal.

Asimismo, el alcalde de Desamparados afirma que, para realizar las obras, se deben tomar en cuenta muchos factores como el caso de vías angostas, en donde construir una acera impediría el tránsito de autos, o el hecho de que tampoco se va a expropiar a personas para construir la vía.

Otra de las propuestas de la ley es que, una vez establecido el tipo de aceras que se van a construir en un cantón, los permisos de construcción deben contemplar estas obras en sus planos para ser aprobados.

En el caso de desarrollos inmobiliarios, como urbanizaciones o condominios, las construcciones deberán construir sus aceras internas con las especificaciones solicitadas por el municipio.

Asimismo, las municipalidades que no preparen un plan para la construcción de las aceras deberán adoptar la normativa técnica que apruebe el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

La directora de la UNGL informó de que su organización firmó un convenio con el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), para establecer marcos legales, cooperar con las municipalidades y recibir ayuda con el tema de los recursos.

“Cosevi tiene recursos para ayudar a las municipalidades a construir aceras; hemos estado corriendo para buscar cuáles van a ser los términos de referencia”, expresó.

El caso de San Rafael de Heredia

Verny Valerio, alcalde de San Rafael de Heredia, narró que en su comunidad se viene aplicando un reglamento de aceras, el cual funciona desde antes de que se aprobara la ley.

Según el gobernante local, esta nueva normativa les permite mejorar los trámites legales que actualmente realizan para construir aceras en su cantón, las cuales han financiado los vecinos.

La forma como estos vecinos heredianos pagan las obras ha sido mediante negociación con el municipio, luego de que este les notifique formalmente la necesidad de construir una acera frente a su propiedad.

“La mayoría termina pagando las aceras porque todo el mundo entiende que es un tema de solidaridad humana; las aceras son precisamente para las personas que andan a pie y la gente que tiene problemas de movilidad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas”, dijo Valerio.

Con la nueva ley, este alcalde asegura que la construcción de las vías peatonales se realizará de forma más sencilla, mediante el pago del servicio distribuido en tasas trimestrales y convenios de pago para poblaciones con menos recursos.

“Las tasas se cobran trimestralmente, pero yo no veo ningún problema para que, mediante un convenio, un arreglo de pago, se pueda extender el plazo cuando la parte tenga alguna particularidad que le impide pagar la acera. Yo no creo que ningún alcalde pretenda ir a un cobro judicial”, aseveró.

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