Elian Villegas, ministro de Hacienda, dice que el problema fiscal a corto plazo está resuelto. De ese modo envía una señal a los diputados de que no le urge la aprobación de los proyectos de ley que faltan de la agenda del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Puede ser que el ministro tenga razón, desde el punto de vista meramente financiero. El gobierno ha hecho esfuerzos para controlar que los gastos no crezcan mucho y la recaudación de impuestos ha sido mayor de lo que esperaban. El hueco fiscal es menos grande que antes, pero sigue habiendo un hoyo que no se tapará con lo hecho hasta ahora. El problema fiscal a largo plazo todavía no está resuelto.
A estas alturas, un retraso en la aprobación de las reformas pendientes por aprobar para cumplir el convenio con el FMI se toma como una muy mala señal. Los que le prestan dinero al país podrían interpretarlo como que Costa Rica es incapaz, otra vez, de tomar las decisiones necesarias para resolver su problema fiscal.
El Ejecutivo carga con parte de la culpa por haber armado un plan con un componente grande de impuestos, que siempre son odiosos, y todavía más en época electoral. Aun así, los diputados de la Comisión de Jurídicos aprobaron el nuevo impuesto sobre las casas de lujo.
Sin embargo, esos mismos diputados, por otro lado, rechazaron el proyecto que pretendía eliminar la exoneración del impuesto sobre la renta al salario escolar. En otras palabras, se atrevieron a cargar a los propietarios de viviendas, que no son de lujo, un nuevo gravamen, pero no fueron capaces de eliminar un privilegio que solo gozan los empleados públicos y se financia con impuestos. Muy mala señal.
Y, luego, está el proyecto de empleo público, mediante el cual se pretende controlar el principal disparador del gasto público —las remuneraciones—, que se come más de la mitad de los impuestos que recauda el gobierno.
Si bien este proyecto recibió el aval de la mayoría de los diputados, esa mayoría no llegó a ser calificada (dos terceras partes). Eso dio espacio a que la Sala Constitucional, primero, y luego la Corte Plena pudieran vetar la reforma en defensa de sus intereses particulares. Otra pésima señal. Así, nunca se resolverá el problema del exceso de gasto sobre ingresos.
