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La aprobación del crédito para financiar las líneas 1 y 2 del tren rápido de pasajeros es un buen augurio de que oficialistas y opositores podrían dejar atrás las políticas de torpezas y venganzas, en procura de resolver verdaderamente los problemas que aquejan a los costarricenses. Ambas partes pusieron lo suyo.
Actuando como el autodenominado Bloque Democrático, los 26 diputados de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC) decidieron poner sus votos para aprobar el financiamiento internacional con el fin de destrabar el proyecto, a pesar de que tienen reservas válidas sobre la forma, las cuales veremos más adelante en esta columna.
Abogaron por mejorar los tiempos de traslado de las personas, fortalecer la competitividad y reducir la contaminación generada por la flotilla de transporte.
Esta posición dista mucho de la torpeza en que incurrió el PLN al final del periodo anterior, cuando envió a consulta constitucional el crédito de $800 millones como represalia porque el oficialismo evitó que se votara el informe sobre presunto acoso sexual del exdiputado Fabricio Alvarado. La Sala Constitucional ya declaró inevacuable la consulta. El bloqueo de la votación sobre el caso de Alvarado es indecoroso, pero no creo que la respuesta correcta fuese detener un proyecto de interés nacional.
Por su parte, el gobierno de la presidenta Laura Fernández y el Partido Pueblo Soberano (PPSO) ahora sí pusieron el tren en el nivel de prioridad que merece, a diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, cuando la administración de Rodrigo Chaves abortó el plan y lo retrasó cuatro años porque era una herencia del gobierno de Carlos Alvarado.
Incluso, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraim Zeledón, anunció en entrevista que el tren es la columna vertebral de la reorganización del transporte en Costa Rica.
El proyecto está planteado como líneas 1 y 2, la primera entre San José, Cartago y Paraíso, y la segunda, entre San José, Heredia y Alajuela. En el futuro, se podrían agregar más líneas, incluso transversales, para cubrir más áreas de población. ¿Y por qué no una conexión al aeropuerto?
Sobre las reservas de la oposición, la principal es el costo del pasaje. En vista de que el gobierno no quiere subsidiar, el pasaje costaría ¢1.245, lo cual resulta muy elevado para cientos de miles de usuarios.
El metro de Panamá cobra entre $0,35 y $0,50 por viaje, es decir, entre ¢161 y ¢230. El metro de Madrid cobra 7,3 euros por 10 pasajes, a razón de 0,73 euros por viaje, equivalentes a ¢388.
La oposición es consciente de que, más adelante, otro gobierno puede cambiar la postura sobre los subsidios. Para ello, habrá que resolver primero asuntos fiscales, y ojalá que estos buenos augurios políticos ayuden en ello.
