La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) que concluyó funciones el pasado 30 de abril, frenó la aprobación en segundo debate de un crédito por $800 millones para la construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren rápido de pasajeros.
Los verdiblancos enviaron a consulta el expediente de ese préstamo (N.° 25.291) a la Sala Constitucional, así como otros dos empréstitos, pocos días después de haber cuestionado al Gobierno y a su bancada por supuestamente valorar su uso.
La acción suspendió, de manera automática, el trámite legislativo mientras los magistrados resuelven la consulta y se convirtió en una de las últimas decisiones de los liberacionistas antes de dejar funciones.
De la crítica al uso del mismo mecanismo
El pasado 28 de abril, en conferencia de prensa, el entonces jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo, advirtió sobre versiones de que el Poder Ejecutivo analizaba llevar ese crédito a la Sala Constitucional y criticó esa eventual decisión.
“Lamentamos que hoy comenzamos a escuchar una versión de que el Gobierno y su bancada tienen dudas de la viabilidad constitucional de este proyecto de ley y, eventualmente, lo podrían enviar a la Sala Constitucional.
"El país necesita claridad. No se puede pedir apoyo para un proyecto y luego sembrar dudas sobre su propia propuesta”, manifestó Izquierdo, quien a partir de este viernes asumió la Dirección Política de la fracción liberacionista.
Sin embargo, apenas dos días después, el 30 de abril, la propia bancada verdiblanca terminó utilizando ese recurso para frenar el avance de tres créditos.
Oficialismo acusa ‘filibusterismo’
En su primer discurso ante el plenario, el jefe de fracción entrante del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, calificó de “filibusteros” a los integrantes del PLN, por obstaculizar el avance de los proyectos de ley.
“Resulta que filibusteros presentaron esta consulta de constitucionalidad, porque los podríamos estar aprobando esta misma semana”, reclamó Acosta. Seguidamente, procedió a nombrar a Izquierdo, Andrea Álvarez, Katherine Moreira y la diputada independiente Kattia Cambronero, como firmantes de las consultas.
Réplicas de una sesión fallida
Las consultas ante la Sala IV fueron presentadas tras la fallida sesión de plenario del pasado martes, que no pudo realizarse por falta de cuórum. Producto del sabotaje efectuado, de forma conjunta, por los diputados oficialistas y sus aliados, no se pudo votar una eventual sanción contra el entonces diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República, por un presunto caso de abuso sexual.
Para poder votar los créditos antes de que finalizara el periodo de la Asamblea Legislativa 2022-2026, primero debían votarse tres informes elaborados por la comisión especial que investigó la denuncia contra Alvarado, por un aparente abuso sexual en perjuicio de la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa.
Dos de los informes recomendaban imponer una amonestación ética pública al legislador evangélico, mientras que un tercero —firmado por la diputada fabricista Olga Morera y el oficialista Waldo Agüero— planteaba archivar el caso sin sanción y que este continuara en la vía judicial.
Los otros créditos en consulta
Además del crédito del tren, los liberacionistas también enviaron a consulta el expediente 24.761, que contempla un préstamo por $350 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, para financiar el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima.
Asimismo, incluyeron el expediente 25.228, que agrupa financiamientos suscritos con el BIRF —por hasta 115,5 millones de euros— y con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola —por hasta 19,2 millones de euros— para el “Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva en Costa Rica”.
Los expedientes del financiamiento para el tren eléctrico y el de los $350 millones con el BIRF forman parte de la lista de siete proyectos prioritarios que la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, pidió aprobar a las fracciones legislativas salientes.
PLN niega contradicción
Álvaro Ramírez, jefe de la nueva fracción liberacionista, defendió la medida y negó que se trate de una contradicción o una represalia contra el Gobierno y el oficialismo.
“No es que estemos opuestos a esos créditos, son miles de millones de dólares lo que está en los tres créditos, y qué mejor manera de tener absoluta seguridad jurídica que pasar por la Sala antes”, declaró ante consultas de La Nación.
El vocero alegó que las “dudas” de constitucionalidad surgieron “durante la semana”, pese a que el lunes el PLN sacó un comunicado de prensa exigiendo que se aprobara el crédito del tren y reiterando ese mismo mensaje en la conferencia del martes pasado.
Incluso, Izquierdo y la subjefa del PLN, Alejandra Larios, recibieron fuertes cuestionamientos por haberse ausentado a la sesión del lunes, que tampoco logró concretar el cuórum, porque estaban reunidos con la presidenta electa, Laura Fernández, según dijeron, para garantizar la disposición del chavismo de dejar aprobado el crédito del tren.
Luego de que los legisladores oficialistas no se presentaran a la sesión del martes, Izquierdo y Larios acusaron a Fernández de incumplir su palabra y “mentir” sobre su compromiso.
Juego de culpas
Gonzalo Ramírez, pastor evangélico y diputado de gobierno, rechazó que la responsabilidad por el atraso en la aprobación de los créditos recaiga en el oficialismo y atribuyó la decisión directamente a la oposición. Según afirmó, se trata de expedientes que ya estaban listos para su aprobación y cuyo freno no tiene justificación.
“El hecho de que existan diferencias o tensiones políticas no puede utilizarse para afectar proyectos país”, sostuvo el legislador, al cuestionar lo que calificó como “artimañas” para retrasar iniciativas clave. A su juicio, este tipo de decisiones terminan perjudicando al país sin que exista una razón válida que lo sustente. “Costa Rica no lo merece”, enfatizó.
Consultado sobre si el oficialismo erró al priorizar la defensa de su aliado, el entonces diputado Fabricio Alvarado, por encima de la aprobación de proyectos que ellos mismos catalogaban como prioritarios, Ramírez descartó esa lectura y negó que haya responsabilidad de su bancada en el desenlace.
Por el contrario, insistió en que la actuación indebida provino de la oposición, a la que responsabilizó de frenar los avances legislativos al enviar los expedientes a consulta de constitucionalidad ante la Sala IV.