La presidenta electa, Laura Fernández, y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, pronunciaron interesantes declaraciones esta semana sobre la idea de instalar una base militar de Estados Unidos en Costa Rica.
Esta propuesta la hizo el abogado Fabián Silva, quien fue presentado el 18 de febrero como uno de los miembros del equipo asesor que tendrá la futura presidenta en materia de reformas legales.
El planteamiento llamó la atención en la opinión pública porque provino de un asesor presidencial. No obstante, este jueves 5 de marzo, Laura Fernández aclaró que las declaraciones de estos consejeros ad honorem no reflejan su posición, aunque consideró importante que Silva planteara un tema polémico.
“Ellos ni son mis voceros, ni están hablando en nombre mío, ni mucho menos”, indicó Fernández al programa Por Tres Razones, de radio Columbia.
La gobernante electa actuó con prudencia en un asunto tan sensible. Le corresponderá a ella, ya dirigiendo el Poder Ejecutivo, decidir si envía al Congreso una propuesta de ese calado que no requeriría de 38 votos, sino de 43 diputados, porque se trata de una afectación a la integridad territorial de Costa Rica, además de un cambio en la tradición de neutralidad del país.
Por su parte, el 3 de marzo, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, también se pronunció, aclarando que la presencia de una base militar no necesariamente servirá para disuadir al crimen organizado, si esa es la intención, pues el asesor presidencial propuso que los militares capturen capos y se los lleven a Estados Unidos.
Si bien reconoció que la propuesta abre un debate y dijo que la respeta, el ministro precisó que lo que realmente sirve para disuadir el crimen son las fuerzas policiales, en referencia al apoyo de cuerpos como la DEA y el FBI.
“Lo estamos logrando con el trabajo conjunto que tenemos con la extradición”, comentó Mario Zamora.
Al igual que la mandataria electa, el ministro recurrió a la prudencia y al criterio técnico.