“Ponga bases militares de los Estados Unidos en Limón, Puntarenas y Guanacaste, y empiece a permitir que aquellos capturen a esos capos y los lleven a Estados Unidos. Esa mafia, esa porquería, no tengamos nosotros que tenerla en Costa Rica”, dijo el abogado en una entrevista con el medio ¡OPA!
“Abre un debate”
La periodista Febe Cruz, del programa Matices, consultó a Zamora sobre la propuesta de instalación de bases militares estadounidenses en Costa Rica para enfrentar el crimen organizado.
El ministro respondió que el país viene trabajando muy de cerca con el gobierno de Estados Unidos a través de sus entes antidrogas, la DEA (Administración para el Control de Drogas) y el FBI (Buró Federal de Investigaciones), incluso destacó que “en 2025 logramos triplicar las operaciones que tenemos en conjunto con la DEA, el FBI y el Comando Sur”.
Sobre la propuesta de Silva, Zamora señaló: “respeto la posición individual, me parece que es un tema que en este momento para siquiera ser considerado tiene que ser en sede legislativa, pasar por toda una serie de requisitos”.
El jerarca aclaró que “esencialmente las fuerzas antinarcóticos son la DEA y el FBI y las otras fuerzas operan de manera auxiliar, no necesariamente una base (militar) significa disuasión, las bases policiales esas sí implican disuasión y lo estamos logrando con el trabajo conjunto que tenemos con la extradición”.
“Esto es algo a considerar, creo que el señor Silva abre un debate”, agregó Zamora.
La entrevistadora repreguntó al jerarca si vería con buenos ojos tener bases militares en el país, ante lo cual Zamora respondió que “no necesariamente, porque los militares se dedican a otros asuntos y no la lucha antidrogas”.
Sin embargo, añadió que “me parece que es una idea sugestiva, provocadora y que abre un debate como el que se ha venido dando en el país sobre ese tema”.
Límite constitucional
La Constitución Política proscribió el ejército en Costa Rica como institución permanente. Incluso, actualmente, el ingreso de tropas militares y la permanencia de naves de guerra debe ser aprobado por el Congreso, tal y como ocurre con el Convenio de Patrullaje Conjunto.
Cualquier iniciativa para instalar bases militares extranjeras en territorio costarricense tendría que sortear este obstáculo constitucional y pasar por un amplio debate legislativo antes de ser considerada viable.
