Todos ellos recibirían el aumento que permitiría homologar su salario con trabajadores que desempeñan las mismas funciones y reciben su remuneración por jornada, pues estos últimos ganan más, pese a que realizan las mismas labores.

Aquella alza sería adicional al 2,53% aprobado para el sector privado, que regirá en 2020.

De acuerdo con Luis Guillermo Fernández, miembro del Consejo Nacional de Salarios, con la actual escala salarial un trabajador que reciba su sueldo por jornada puede ganar más por día trabajado que otro cuyo salario se calcula mensualmente.

Esa fue la razón por la cual el órgano adscrito al Ministerio de Trabajo decidió cerrar la brecha y aprobar el incremento adicional con los votos del Gobierno y los representantes de los trabajadores. Los empresarios se opusieron.

“Se vinieron creando pequeñas diferencias que se fueron acumulando con el paso del tiempo, entonces existe una diferencia entre el pago por jornada, porque si yo lo paso a pago mensual no me da lo mismo. Lo que se decidió fue cerrar esa brecha de forma gradual”, afirmó Fernández.

De esa manera, los trabajadores no calificados tendrán un aumento de 0,52% adicional.

Misceláneos, conserjes, encargados de limpieza, bodegueros, mensajeros y porteros recibirán un incremento de ¢1.613 en julio de 2020, y se sumará al aumento de ley de 2,53%, que equivale a ¢7.821 mensuales.

En los otros dos casos, como el ajuste es mayor y los patronos podrían resentirlo, se acordó que los aumentos se realizarán de forma gradual a lo largo de cuatro años para empleados semicalificados y de seis años para trabajadores especializados.

“Nosotros no estamos cerrando la brecha de un solo tiro, sino que es de forma gradual. Una es inmediata porque es muy baja, y hay otras que llegan hasta los seis años”, afirmó Fernández.

Oficinistas, recepcionistas, guardas de seguridad, cobradores, encuestadores y telefonistas tendrán un aumento de 0,40% anualmente en los próximos cuatro años. Esos ajustes se sumarán a los aumentos de ley.

Para 2020, el ajuste adicional será de ¢1.326.

Entretanto, los trabajadores especializados como asistentes en Derecho y aspirantes de educador sin título, tendrán un ajuste extra de 0,55%, que equivale a ¢2.184 en sus salarios base.

Advertencia

Opuestos a dicha medida, los empresarios advierten de que el doble ajuste salarial provocará más desempleo.

De acuerdo con el presidente interino de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Álvaro Sáenz, los patronos deberán hacerle frente al aumento anual, a la homologación de salarios y al incremento en los aportes patronales al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en momentos de serias complicaciones económicas.

“Es un golpe duro en momentos en que sectores económicos están al borde de su rentabilidad. El Gobierno decidió junto a los sindicatos aprobar esa homologación, que se suma al incremento del aporte patronal del IVM. Entonces estaríamos aumantendo los salarios desde tres fuentes”, señaló Sáenz.

LEA MÁS: Presidente de Uccaep renunció este miércoles para 'fortalecer la unidad empresarial'

En respuesta a dichas advertencias, la ministra de Trabajo, Geaninna Dinarte, afirmó que la equiparación salarial no afectará directamente a los sectores que emplean a la mayor cantidad de costarricenses.

“El impacto de esta homologación no será directo en sectores económicos como industria, agricultura, comercio y construcción. Estas actividades, en la práctica, ejecutan planillas de pago semanal, es decir, salarios mínimos definidos por jornada, mientras que la homologación considera salarios definidos por mes”, señaló Dinarte.

Sin embargo, los empresarios afirman que el impacto sería fatal.

“El Gobierno estaría enviando una señal equivocada para que la gente de afuera y adentro siga invirtiendo. Los sectores económicos más afectados son transporte, agricultura, construcción y comercio. Es gente que tiene menos preparación académica y son los que necesitan más el trabajo, entonces al aumentar eso le bajan la rentabilidad de las empresas y por eso es que se ven locales desocupados, fincas tiradas... eso es lo que nos preocupa”, señaló Sáenz.

Luis Guillermo Fernández dijo que la decisión está en firme y no se va a revertir, pese a las quejas y advertencias de los empresarios.

“El Consejo tiene representación de patronos y esa propuesta se llevó a Uccaep. En su momento ellos estuvieron de acuerdo", manifestó.

LEA MÁS: CCSS adelanta en seis años el incremento en las cuotas para pensiones del IVM