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A sus 65 años, Ivelina Romagosa Jiménez sobrevive con sus ahorros y el apoyo de sus cuatro hijos. Este viaje al Chirripó fue un regalo de sus muchachos. (Cortesía )
Ivelina Romagosa Jiménez nunca se imaginó estar a sus 65 años contando el dinero que le falta para terminar con los ahorros de toda una vida, mientras espera que el Ministerio de Hacienda le acredite 47 cuotas y traslade los fondos correspondientes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para poder pensionarse por vejez.
En el 2018, esta vecina de Heredia con un posgrado en Antropología en una universidad extranjera, empezó a realizar los trámites con suficiente tiempo antes de cumplir los 65 años, edad a la cual planeaba jubilarse. Sin embargo, próxima a cumplir 66, Ivelina Romagosa está en la lista de casi 3.000 trabajadores a quienes Hacienda todavía no les asegura los fondos para el traslado de cotizaciones de otros regímenes al de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja.
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Todos los meses, Romagosa envía un correo o llama a Hacienda en espera de una respuesta positiva a su solicitud; pero desde hace casi un año le dicen lo mismo: no hay plata para hacer la transferencia de cuotas a la CCSS.
La vida que soñaba para estos años de retiro está muy lejos de la que tiene actualmente. La carga de angustia por un retiro que no llega le causa insomnio, y ha tenido que ajustar su nivel de vida para estirar los ahorros personales mientras le llega la pensión. Este es su relato.
“Tratando de ser previsiva, desde el 2018 hice todas las gestiones que Jupema (Junta de Pensiones del Magisterio) requería y presenté los documentos. A principios de julio, el Departamento de Contabilidad Financiera me envió dos documentos. Uno de ellos, tenía el listado de las cuotas bajo el régimen de reparto y las otras bajo el de capitalización colectiva. Me dijeron que esa era la autorización y que lo que seguía era presentar esos papeles a la Caja cuando me fuera a pensionar para el traspaso de las cuotas que me hacían falta para la pensión.
“En enero del 2021 me comuniqué con la CCSS, le envié esos dos documentos de Jupema para que, con esas cuotas, se completaran las 300, que era las que yo necesitaba. Lo hice con unos meses de antelación previendo algún atraso que se pudiera presentar. Para mi sorpresa, la persona que los revisó me dijo que había cuotas mal ubicadas: 47 estaban en el régimen de capitalización pero pertenecían al de reparto. Me dijo que debía iniciar un trámite con Jupema para que ese estudio se remitiera a Hacienda y se hiciera la ubicación correcta.
“Yo envié el documento a Jupema y me confirmaron que sí, que debía hacer ese trámite. Me comuniqué con Hacienda y les envié toda la documentación. Tardaron de enero a agosto (2021) para contactar a las instituciones para que corrigieran la ubicación de las cuotas. Sin embargo, me pidieron otra carta porque, dijeron, una vez que pasaron las cuotas al régimen de reparto había que pasarlas otra vez al de capitalización colectiva. Muy extraño.
“Me enviaron esos documentos que mandan, y me dijeron (en Hacienda) que en el momento en que tuvieran los fondos se los enviaban a Jupema y la Junta me liberaba las cuotas para ser entregadas a la Caja y yo así me podría pensionar. A partir de ese momento, estoy en el limbo. Cuando me enteré de esto, pensé que si la persona que me revisó las cuotas desde el inicio (2018) se hubiera dado cuenta de que estaban mal ubicadas yo ya estaría pensionada. Intenté comunicarme con la Contraloría de Jupema. El encargado me dijo que pasaría el caso al Departamento Financiero Contable, y lo hizo. Les envié numerosos correos que nunca contestaron.
Propuesta sin atención
“Pensé en sacar un préstamo de ¢2 millones y dárselos a Jupema (mientras se resolvía lo de los fondos pendientes). Es menos de lo que he venido pagando en cuotas del seguro. Me dijeron que eso no se podía hacer, que no era hasta que Hacienda girara ese dinero. Otra vez, me enviaron esos documentos legales. No soy abogada. Hay un montón de información que no puedo interpretar. Nunca obtuve ni asesoría ni orientación. Ha sido una situación en la que hay una gran confusión en toda la información que envían. Nadie me asesoró a pesar de que pedí ayuda.
“La interpretación que hago es esta: había 47 cuotas mal ubicadas, que era lo que había que resolver, y otras 49 que sí estaban bien ubicadas. Yo me pregunto si tenía cuotas suficientes para pensionarme, ¿por qué no se trasladaron? Se hubiera dejado ese asunto pendiente de Hacienda con Jupema. ¿Por qué no me liberaron esas cuotas bien ubicadas? Con esto yo me hubiera perfectamente pensionado en abril (2021).
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El senderismo es parte de las actividades a las que aspira durante su retiro Ivelina Romagosa. (Cortesía )
“Tengo esas interrogantes. Si hubiera un poco más de voluntad y empatía de parte de los funcionarios, si alguien retomara nuestros casos y pudieran ver si uno podría, de alguna forma, gestionar su pensión a través de algún acuerdo. Pero se limitan a hacer un copy paste de esos protocolos que tienen. Cuando les ofrecí que yo pagaba (sacaría un préstamo mientras se resolvía lo de los fondos), lo que hicieron fue un reenvío de la carta inicial. Así estoy desde entonces.
“Quise averiguar cuántas personas estaban en mi situación. Cuando veo que son casi 2.800 las que están en lo mismo, veo que no encontramos tampoco cobijo en los sindicatos del Magisterio. No tenemos nadie que nos pueda representar o asesorar. Intenté buscar un abogado pero lo que me dicen es que el asunto es demasiado complejo y burocrático.
“Yo empecé a trabajar a los 17 años. Me gradué como antropóloga. Hice un posgrado en el exterior. Durante 20 años di clases en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la UNED (Universidad Estatal a Distancia) y para un consorcio de universidades privadas estadounidenses. También trabajé con el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) en varios proyectos. Combiné mi trabajo de docencia con consultorías y trabajo de campo, y así estuve hasta el 2004. Ese año, empecé a laborar como coordinadora de un proyecto de intercambio estudiantil, hasta que el programa cerró en el 2016 y quedé desempleada. A partir de ese momento, no he podido encontrar un trabajo ni en el campo en el que estaba ni en ningún otro.
“Recibí un monto de prestaciones que no es el que se recibe en una institución pública, y junté mis ahorros a un seguro voluntario que tenía. Tuve que hacer todo un cambio en mi vida: vendí mi carro, hice un presupuesto nuevo, y en este momento lo único que tengo son mis ahorros y un aporte de mis hijos para tener el ingreso mínimo para mis gastos. Desde el 2016, no tengo ingresos propios.
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“Siempre he tenido un buen manejo de mis ingresos. Cuando me quedé sin trabajo, tenía una hipoteca por el apartamento donde vivo pero un hijo puso los ahorros y eso me permitió quedar libre de esos gastos. No tengo dependientes porque todos mis cuatro hijos son profesionales, dichosamente. En ese sentido, estoy tranquila, pero ellos aportan una parte y yo saco otra de mis ahorros. El rubro más alto que tengo es el que le pago a la Caja como asegurada independiente por pensión y salud.
“No sé cuánto más me durarán mis ahorros. Lo último que me dijo Hacienda fue que en la última partida que les habían dado cubrieron hasta agosto del 2020 y que yo estaba en una larga lista de espera. Si ya voy a cumplir casi un año, ¿cuánto más tendré que esperar? Lo que he propuesto, nadie las escucha.
“¿Mi salud? El estrés ha sido muy difícil de manejar. Yo hago ejercicio, meditación. Trato de ocuparme de mi salud. Pero el estrés ha hecho mella en mi salud. Continúo teniendo problemas importantes de insomnio. Cada vez que tengo que enviar un correo para preguntar por mi situación, me pongo tensa. Mi situación ha decaído mucho por esto. De un año para acá, ha sido muy difícil para mí sobrellevarlo”.