Juan Diego Córdoba. 25 noviembre, 2018
Japdeva debe desprenderse de al menos 600 trabajadores, antes de que la Terminal de Contenedores inicie su segunda fase de operación. Foto de: Diana Méndez

La iniciativa del Gobierno de trasladar a 600 trabajadores de la Junta de Administración Portuaria de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) a otras instituciones públicas solo ha seducido a 90 funcionarios.

La cifra representa apenas el 7,3% de los 1.230 trabajadores que tiene la entidad que gestiona los muelles estatales en Moín y Limón.

Según el Gobierno, la entrada en funcionamiento de la fase 2A de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), en febrero próximo, absorberá parte importante de las actuales operaciones comerciales de Japdeva, por lo que la institución deberá desprenderse de un segmento importante de su planilla.

Para evitar que el desempleo se dispare en Limón, a raíz de la operación del megapuerto concesionado, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó una directriz el pasado 31 de agosto, con el fin de trasladar a al menos 600 trabajadores de Japdeva a otras instituciones públicas, garantizando que con esta estrategia nadie sería despedido.

No obstante, casi tres meses después, la idea de moverse a otros trabajos no atrae a la mayoría de funcionarios del muelle.

Hasta el momento, solo 90 empleados de Japdeva firmaron su consentimiento para iniciar su posible traslado a otras instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), en donde realizarían funciones similares.

El ministro de Trabajo, Steven Núñez, fue designado por el presidente Alvarado para establecer los mecanismos de acercamiento entre los empleados de Japdeva y otras instituciones públicas con plazas vacantes. Según el jerarca, ya realizaron dos visitas de campo a Limón para intentar convencer a los funcionarios portuarios, pero la decisión queda en manos de los mismos trabajadores.

“A final de cuentas el traslado es voluntario, Japdeva no puede forzar u obligar el traslado de los funcionarios, sino que ellos pueden voluntariamente trasladarse a alguna de estas instituciones”, aseguró Núñez.

El ministro evitó referirse acerca de las posibles decisiones que asumiría la portuaria estatal, en caso de que no se llegue a la meta de trasladar a esa cantidad de trabajadores, por lo que ni aceptó ni descartó que esta situación podría generar despidos masivos en la entidad.

Tampoco aclaró si la institución podría asumir el costo financiero de continuar con la misma cantidad de empleados, tomando en cuenta que sus ingresos se reducirían por la operación de la TCM.

“En su debido momento analizaremos una nueva eventual fase. En este momento estamos en la fase de intermediación y en el traslado de los funcionarios. La intención es que ellos mantengan su puesto de trabajo en otras instituciones del Gobierno”, señaló el jerarca de Trabajo.

El Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), denunció que las autoridades todavía no les demostraron, con estudios técnicos, porqué la institución debe trasladar a casi la mitad de su planilla a otras entidades públicas.

“Yo no sé de dónde sacan esos números, porque aquí nadie ha demostrado cuánta carga se va a llevar APM o cuánta carga se queda en Japdeva. Hablaron al principio de 900 trabajadores y ahora de 600. Lo cierto es que la entrada en operación de APM Terminals (concesionaria) no cierra el puerto público”, dijo el vocero de Sintrajap, Liroy Pérez.

Los funcionarios que tomen la decisión de aceptar el cambio de trabajo no recibirán su liquidación, pues continuarán su situación contractual con el Estado. No obstante, lo que sí cambiaría son los pluses y beneficios que reciben, pues estos dependen de las convenciones colectivas de cada entidad gubernamental.

“Nadie va a querer tomar la decisión de irse a una situación inferior a la que tiene hoy. Si va a haber más trabajadores que inicien este proceso de exploración de traslado a otras instituciones, va a depender mucho de lo que les ofrezcan”, dijo Pérez.

El Ministerio de Trabajo prepara una tercera visita de campo a Limón, para intentar convencer a más empleados a adherirse a este plan de traslado laboral.