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En el 2016, diez años antes de asumir la Presidencia de la República, la politóloga Laura Fernández Delgado se graduó con honores del Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En su tesis de maestría, estudió el papel de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y concluyó que tenía un papel fundamental en el control del Poder Ejecutivo, para evitar abusos y proteger al ciudadano. Pero, al mismo tiempo, advirtió sobre formas existentes para desactivar esa fiscalización.
“Actúan ambos actores (la CGR y el Congreso) como freno y contrapeso al poder delegado y conferido al presidente de la República y todo el Poder Ejecutivo”, escribió entonces la actual mandataria.
“La garantía de independencia y eficacia del órgano contralor va más allá de la aplicación de la norma, pues contempla aspectos relacionados con la voluntad política y la propia dinámica de poder que opere en el parlamento”, agregó.
Y así describió el control político de la CGR: “Viene siendo un freno al abuso y a los excesos negativos en el ejercicio del poder político” y “un mecanismo para detener el establecimiento de políticas contradictorias con el Estado de derecho”.
La tesis lleva por título El control político parlamentario a la luz de la composición del sistema de partidos en Costa Rica: El caso de la Contraloría General de la República como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. El documento está en los estantes de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, en el campus Rodrigo Facio, en San Pedro.
Fernández, por entonces de 30 años, era asesora parlamentaria del exdiputado Mario Redondo (actual alcalde de Cartago), de Alianza Democrática Cristiana, partido del que fue candidata a la Vicepresidencia, en el 2018, sin mayor suceso.
Al llegar al Congreso, ya tenía experiencia como asesora de proyectos en el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), que ella lideró luego durante la administración de Rodrigo Chaves.
Del bipartidismo al pluralismo de partidos
En su escrito, Fernández partió de la premisa de que la transición del bipartidismo al pluralismo de partidos “permitiría en buena medida que el control político se active y opere más consolidadamente en la Asamblea Legislativa” y que la Contraloría “desarrolle más consolidadamente” su papel de auxiliar.
Sin embargo, al comparar los períodos legislativos de 1994–1998 con 2006–2010 concluyó que “ninguno de los informes de las comisiones especiales de investigación fueron sometidos a discusión o votación en el plenario legislativo”.
A eso se suma, argumentó, que en el periodo de pluralismo moderado la “atomización de poder” y la presencia de múltiples partidos “dificultaron la conformación de coaliciones parlamentarias” para integrar las comisiones y conocer sus informes.
El multipartidismo no trajo “más” control, porque la Asamblea sigue siendo un órgano político que necesita acuerdos para activar las herramientas de control, recalcó.
Además, subrayó que otras instancias como la Sala Constitucional, la Procuraduría y el Ministerio Público se activaban para ejercer control horizontal sobre el Ejecutivo cuando la Asamblea falló.
“A las anteriores instancias que ejercieron control político horizontal, debe sumarse el control ciudadano expresado por medio de la protesta, acciones colectivas y movimientos sociales. Estos son mecanismos de control y presión hacia los supremos poderes, en particular, hacia el Poder Ejecutivo”, advirtió.
En su investigación, Fernández detectó que el control formal pierde fuerza si la mayoría decide no discutir informes, archivar las investigaciones o deslegitimar los hallazgos del órgano contralor.
En los periodos que analizó, constató que el hecho de que ninguno de los informes de las comisiones especiales de investigación hubiese sido discutido o votación en el plenario, “deja la interrogante de la eficiencia” del control parlamentario como freno real al Ejecutivo.
Sin esa voluntad, consignó, no hay rendición de cuentas que exigir ni resultados que justificar ante nadie.
“El control político viene siendo un freno al abuso y a los excesos negativos en el ejercicio del poder político, es un mecanismo para detener el establecimiento de políticas contradictorias con el Estado de Derecho y un modo de reencausar la ruta que sigue el país para que se ajuste hacia fines óptimos para la mayoría”, escribió.
Años antes, en su tesis de licenciatura (2009), incluso definió la democracia como el pilar que debe regir el sistema político en su escrito Fortaleciendo el Régimen Municipal costarricense: acciones de apoyo a las Municipalidades que tiene a disposición el Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica.
“La democracia es y debe ser el pilar sobre el cual gire nuestro sistema político. Las políticas del Estado deben estar inspiradas en esta forma de gobierno, nunca en premisas autocráticas...”, redactó Fernández, según confirmó La Nación.
¿Qué opinó siendo ministra y presidenta?
Ya como presidenta y antes como ministra de Planificación y de la Presidencia durante la administración Chaves Robles, Fernández cuestionó el papel de la Contraloría e incluso, el 29 de julio pasado, propuso “revisar” su ley orgánica.
Hizo ese planteamiento luego de que la CGR le ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) detener el uso de alianzas con empresas privadas para dar servicios a instituciones públicas.
“Haga todos los recursos (contra la orden de la Contraloría), presente todos los recursos”, instruyó en esa oportunidad al jerarca del ICE.
De seguido añadió: “Es importante revisar la ley. A la Contraloría no se le puede dejar a la libre y que en cualquier momento aparezca con una interpretación nueva que nadie entiende”.
De previo, en el 2024, siendo ministra, dijo que el “problema era el Estado de derecho”.
En abril de ese año, en el programa Por Tres Razones, de radio Columbia, en específico afirmó: “El problema es el Estado de derecho que nos obliga a las instituciones públicas a hacer lo que la ley dice”.
Esa en esa ocasión comparó el marco normativo con “un volkswagen de los años 80” frente a la necesidad de un vehículo “todoterreno, que le resuelva”.
Después, aclaró por escrito que se refería a la necesidad de una “reforma administrativa” de leyes de 50 a 70 años de antigüedad.
Esas declaraciones contrastan con lo escrito años antes en su tesis de maestría: “Los controles clásicos son el conjunto de instrumentos generados por el Estado de derecho para evitar el abuso de poder, regular las relaciones y otorgar ciertas garantías a los ciudadanos.
”Los fines principales de los controles clásicos son la vigilancia de los principios de probidad y de universalidad de los actos gubernamentales y asimismo, ejercen control sobre los actos de los gobernantes para que los derechos de los ciudadanos sean respetados y no existan actos de corrupción”.
Este diario envió consultas a la mandataria sobre el contenido de su tesis y sus posturas posteriores, a través de su oficina de prensa, pero no se obtuvo una respuesta al cierre de edición.
Ley jaguar y choque con Marta Acosta
También en el 2024, pero en junio, en un video cuestionó a la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, por negarse a debatir públicamente sobre la Ley Jaguar que fallidamente impulsó el gobierno pasado.
Calificó todo de “realmente lamentable” y preguntó: “¿Y por qué es especialmente necesario que debatamos, que conversemos? (...) Para ver punto por punto los contenidos de la Ley Jaguar para impulsar el desarrollo”.
En esa ocasión, calificó de mentiras los señalamientos de Acosta, quien advirtió que esa iniciativa buscaba que el propio Poder Ejecutivo diseñara un modelo de control a su medida.
Semanas después, en agosto del 2024, la contralora acudió a la Sala Constitucional para cuestionar la Ley Jaguar y un eventual referéndum. Alegó que ponía en riesgo el sistema de pesos y contrapesos de fiscalización del Estado.
Posteriormente, los magistrados terminaron declarando inconstitucionales varios artículos de ese fallido proyecto de ley.
Durante ese año, la entonces ministra Fernández también acusó a la Contraloría de “coadministrar” con las instituciones públicas.
No obstante, en diciembre de ese mismo año, admitió ante la Sala IV, que no podía respaldar esa acusación. Así respondió a un recurso de amparo del portal de noticias Doble Check.
“Es una información que como tal no tenemos”, escribió en el oficio remitido al alto tribunal.
También prometió a los diputados una “bitácora diaria” de ejemplos, pero luego alegó haberse expresado “de manera figurativa”.
Poco más de un año después, al día siguiente de resultar electa presidenta, pidió la renuncia anticipada de Marta Acosta.
“A mí me parece que doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General y que ojalá ella misma se hiciera a un lado del cargo”, afirmó el 2 de febrero anterior.
La Contraloría entonces respondió que no emitiría un criterio “en razón de que nuestro marco constitucional garantiza la separación de poderes”, subrayando que era “la futura fiscalizada” quien le exigía a la “jerarca del ente fiscalizador” que dejara el puesto.
Más recientemente, en mayo pasado, contradijo cifras de la Contraloría cuando alertó sobre un recorte al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), calificando de “mentira” una reducción al presupuesto de comedores estudiantiles. Lo hizo en su primera conferencia de prensa como presidenta.
En un informe de febrero, la Contraloría reportó que ese programa cayó de ¢58.666 millones en el 2025 a ¢46.588 millones este año, la asignación más baja desde el 2021 (DFOE-FIP-MTR-00001-2026).
