“No voy a ser hipócrita con ustedes ni con el pueblo de Costa Rica. A mí me parece que doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General y que ojalá ella misma se hiciera a un lado del cargo”, mencionó.
La mandataria electa cuestionó que, bajo la actual jerarquía, ‘se le han colado’ episodios como el caso de La Trocha y otros escándalos de corrupción.
“Es una funcionaria que está llamada a fiscalizar la hacienda pública y se le han colado en esa fiscalización La Trocha, el otro megacaso de corrupción. A mí me parece que debería tomar conciencia de esos resultados tan pobres que ha obtenido al frente de esa institución y hacerle un favor a Costa Rica y darle espacio a perfiles más frescos”, añadió.
Consultada de forma directa sobre si estaba solicitando la renuncia de la jerarca, Fernández respondió: “sí señor”.
Posteriormente, el director del noticiero, Rándall Rivera, le consultó si extendería esa misma solicitud al fiscal general, Carlo Díaz.
“Yo creo que esa reflexión que he puesto sobre su mesa (entrevista) es válida para todos los funcionarios públicos”, indicó Fernández.
Rivera le reiteró la pregunta sobre si le pediría la renuncia a Díaz al igual que como le solicitó a Acosta que se haga a un lado.
En ese punto, Fernández evitó una respuesta directa y recordó que la designación de la cabeza del Ministerio Público no le corresponde al Poder Ejecutivo, sino a la Corte Plena.
Sin embargo, cabe destacar que el nombramiento del titular de la Contraloría General tampoco depende del Ejecutivo, sino de la Asamblea Legislativa.
En ese contexto, el partido oficialista contará con una mayoría simple en el próximo Congreso al superar las 29 curules, lo que facilitaría la elección de un candidato de su preferencia.
“No voy a hacer tampoco hipócrita, he sido muy crítica del rol del fiscal general, quien ha instrumentalizado su cargo para fines políticos. Pero bueno, ya lo juzgará Dios, el pueblo de Costa Rica y el Poder Judicial”, finalizó Fernández.
Ante consulta de este medio, la Contraloría General indicó que Acosta no emitirá criterio al respecto, por la siguiente razón:
“Es importante indicar que nuestro marco constitucional garantiza la separación de poderes. En este caso, la futura fiscalizada (del Poder Ejecutivo) le exige a la jerarca del ente fiscalizador (de la Contraloría General) que deje su puesto ya porque le incomoda/molesta que haga su trabajo de fiscalización. La Contralora General es respetuosa de dicha separación de poderes, de modo que no emitirá criterio al respecto”.
