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El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, representará al Ministerio Público (MP) en el juicio que se seguirá contra el diputado oficialista Alexander Barrantes Chacón, por supuestemente haber ofrecido una embajada u otros cargos a la diputada Sofía Guillén, del Partido Frente Amplio (FA), a cambio de tener su voto afirmativo en el proyecto de Eurobonos.
A Barrantes se le señala por el presunto delito de cohecho impropio que se comete cuando un funcionario público ofrece una dádiva o ventaja indebida a un funcionario público para que este realice un acto propio de sus funciones.
Este tipo de delito se castiga con prisión de seis meses a dos años.
Díaz llevará la representación del MP en apego a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que el fiscal general es el encargado de investigar a los miembros de Supremos Poderes y solicitar lo necesario para la resolución del caso.
Asimismo, le corresponde al jerarca intervenir en juicios de la Sala de Casación Penal (Sala III), donde se puede hacer acompañar de un fiscal. Al ser Barrantes diputado de la Asamblea Legislativa, el juicio estará a cargo de magistrados y magistradas de dicha instancia.
El debate contra Barrantes estaba previsto para iniciar el martes 13 de enero y se extendería hasta el 16 de ese mismo mes en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, mediante un comunicado de prensa, Barrantes indicó que se encuentra incapacitado desde el 12 y hasta el 16 de enero, por lo que no podrá asistir a la citación judicial.
El diputado indicó que se trata de una solicitud médica “debidamente acreditada”; sin embargo, no brindó detalles sobre su condición de salud. En el texto emitido a la prensa, Barrantes reiteró su compromiso de presentarse ante la autoridad judicial “en cuanto sus condiciones de salud se lo permitan”. El diputado agregó que mantiene su plena disposición de colaborar con la justicia.
El departamento de prensa del Poder Judicial confirmó que el juicio quedó sin efecto y por el momento no hay nueva fecha para debate.
Aparente ofrecimiento
Los hechos por los que Barrantes deberá afrontar la justicia ocurrieron, en apariencia, el 9 de noviembre del 2022, cuando le solicitó a la legisladora del Frente Amplio un espacio para conversar acerca del proyecto conocido como “Eurobonos”.
“De acuerdo con la prueba obtenida, el acusado le expresó su interés para obtener los votos favorables del partido de ella, pero, además, le ofreció a cambio unos puestos en el gobierno o en embajadas, los cuales, indicó, habían quedado sin nombrar”, se lee en el comunicado emitido por la Fiscalía.
Según detalla el Ministerio Público, Barrantes habría ofrecido la presunta ventaja indebida para uso de la propia funcionaria o de personas cercanas a la fracción. Ese mismo día, Guillén denunció los hechos en el plenario.
En una intervención por el orden, la frenteamplista dijo estar sumamente molesta por el ofrecimiento. “Es necesario que usted, señor presidente (Rodrigo Arias), y las demás fracciones conozcan de esto. Al inicio de la sesión, el diputado Alexánder (Barrantes) del PPSD, en ese sillón de ahí, me ha ofrecido cargos y me ha ofrecido embajadas a cambio de aprobar eurobonos”, declaró.
Ante la denuncia, Barrantes también tomó el micrófono y aseguró sentirse ofendido. “Sí le he dicho a ella que estamos dispuestos a negociar como se negocia en cualquier ámbito de la vida económica y política de este país. Llegamos como legisladores a centrarnos, a trabajar por un país y no escribir nuestros pensamientos en piedra”, aseveró el legislador oficialista.
Insistió en que él es una persona “inteligente, capaz, dispuesta” y habló con Guillén como lo hizo con otros diputados.
El 29 de noviembre de ese mismo año Guillén acudió a la Fiscalía General para brindar testimonio sobre el supuesto ofrecimiento y, el 26 de mayo del 2025, Barrantes renunció a su inmunidad para afrontar la acusación aludiendo a que actuaba con apego “a los principios de transparencia, responsabilidad y ética que deben regir la función pública”.
La magistrada Patricia Vargas, de la Sala de Casación Penal, indagó a Barrantes el 16 de julio del 2025. En ese momento, el legislador rechazó la imputación y calificó de falsos los hechos descritos.
En este caso, la Procuraduría General de la República se constituyó como querellante y actor civil.
