La magistrada Patricia Vargas, de la Sala de Casación Penal (Sala III), indagó este miércoles por la mañana al diputado de gobierno, Alexander Barrantes, por supuestemente haber ofrecido una embajada u otros cargos a la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), a cambio de que votara a favor del proyecto de eurobonos el 9 de noviembre del 2022.
Barrantes afronta un proceso judicial por presunto cohecho impropio en la modalidad de penalidad del corruptor.
El legislador del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) rechazó la imputación y calificó de falsos los hechos descritos. Aseguró que la aprobación de la ley de eurobonos fue producto de un proceso legislativo abierto.
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El 26 de mayo pasado, el legislador renunció a su inmunidad para afrontar la acusación planteada por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Tomo esta decisión en apego a los principios de transparencia, responsabilidad y ética que deben regir la función pública, con la firme convicción de que colaboraré en todo momento con las autoridades judiciales correspondientes”, expresó Barrantes en un oficio enviado al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.
El cohecho impropio lo comete el funcionario público que ofrezca o prometa una dádiva o ventaja indebida a un funcionario público para que este realice un acto propio de sus funciones. Este tipo de delito se castiga con prisión de seis meses a dos años.
Por tratarse de un miembro de los supremos poderes, Barrantes será enjuiciado por los magistrados de Sala III.
La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó este miércoles la indagatoria, pero agregó que esta fase del proceso es de carácter privado, como lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal, por lo que no se brindarán más detalles.
El artículo 398 del Código Procesal Penal establece que, poco antes de que se tome la declaración indagatoria, el magistrado a cargo prevendrá al imputado para que, en el plazo de tres días, nombre un abogado defensor y señale el lugar y la forma para notificaciones.
Posteriormente, se conferirá audiencia a las partes para que, en el plazo de cinco días, ofrezcan la prueba para el juicio. Por último, se señalará la hora y la fecha para celebrar el juicio oral y público. Lo resuelto en este tipo de procesos puede apelarse.
Para la celebración del juicio en el Sala III y el dictado de la sentencia, se aplicarán las reglas comunes. La resolución tendrá un recurso de apelación que será de conocimiento del pleno de la Corte Suprema de Justicia, previa sustitución de los magistrados que hayan intervenido en el juicio.
El día de la denuncia
La denuncia de Sofía Guillén hizo pública la denuncia sobre el supuesto ofrecimiento al final de la sesión legislativa del 9 de noviembre del 2022, en el plenario legislativo.
En una intervención por el orden, la frenteamplista dijo que estaba en shock por el ofrecimiento.
“Es necesario que usted, señor presidente (Rodrigo Arias), y las demás fracciones conozcan de esto. Al inicio de la sesión, el diputado Alexánder (Barrantes) del PPSD, en ese sillón de ahí, me ha ofrecido cargos y me ha ofrecido embajadas a cambio de aprobar eurobonos”, declaró.
Guillén enfatizó que tenía el deber ético de denunciarlo.
Barrantes también tomó el micrófono y aseguró que se sentía sumamente ofendido. “Sí estamos en un proceso de negociación y sí es cierto que me acerqué para pedirle apoyo”, dijo.
En esa ocasión, el legislador chavista aseveró: “Sí le he dicho a ella que estamos dispuestos a negociar como se negocia en cualquier ámbito de la vida económica y política de este país. Llegamos como legisladores a centrarnos, a trabajar por un país y no escribir nuestros pensamientos en piedra”. Agregó que habló con Guillén como lo hizo con otros diputados.
Por su parte, el mismo día, el también frenteamplista Antonio Ortega aseguró haber sido testigo del hecho.