Durante el debate pregrabado organizado este miércoles por el canal Trivisión, se les preguntó a los candidatos presidenciales presentes si sustituirían a Marta Acosta en su cargo de contralora general de la República (CGR).
Las respuestas fueron las siguientes:
- Douglas Caamaño (Partido Costa Rica Primero): Sí
- José Aguilar (Partido Avanza): No
- Ronny Castillo (Partido Aquí Costa Rica Manda): Sí
- Boris Molina (Unión Costarricense Democrática): No
El segmento era de respuestas cerradas (sí o no) a diez preguntas. Posteriormente, disponían de un minuto para justificar alguno de los temas consultados.
Aguilar inicialmente había mencionado que estaría de acuerdo con sustituir a la contralora, sin embargo, dijo que no había comprendido bien la pregunta: “Ella va a cumplir su mandato próximamente. Entendí mal la pregunta o algo... No estaría de acuerdo en sustituir a una persona, salvo que hayan casos de corrupción y que tengan un mandato pendiente aún. Si hay corrupción sí, definitivamente tendrían que sacarla y no creo que sea el caso”.
Caamaño justificó su veto a Acosta indicando que es un tema de “reputación”. “Doña Marta tiene un desgaste a nivel reputacional. Hay que decirle: ‘muchas gracias, vamos con un aire fresco’”, dijo.
Molina señaló que a ningún funcionario público se le debe irrespetar el debido proceso y el principio de inocencia. “Ni siquiera sé de qué la estarían acusando para tener que sustituirla o destituirla”, apuntó.
Castillo no se refirió al respecto.
Venta del BCR
A los cuatro candidatos se les consultó si estarían dispuestos a vender el Banco de Costa Rica (BCR).
Todos manifestaron su rechazo a esa posibilidad, salvo José Aguilar Berrocal, pero no detalló cuál sería su propuesta al respecto.
Choques de la contralora con Chaves
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se ha enfrentado constantemente a Acosta, a la que acusa de “obstaculizar” su trabajo.
Ambos tuvieron una cita en la sede de la CGR para discutir temas como los escáneres o Ciudad Gobierno. El presidente argumentaba que la Contraloría no lo dejaba avanzar.
En noviembre del 2023, el órgano contralor emitió una advertencia al gobierno sobre la ilegalidad del procedimiento que se pretendía utilizar para desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por no estar contemplado en la Ley General de Contratación Pública.
Asimismo, en diciembre de ese año, la Contraloría ordenó al Poder Ejecutivo frenar la compra de escáneres debido a “yerros graves” en el proceso de contratación de la empresa estatal Racsa, para ejecutar el proyecto.
Chaves promovió una ley para limitar las potestades fiscalizadoras de la Contraloría, a traves de la “ley Jaguar”. Sin embargo, pese a varias versiones, la Sala Constitucional consideró que esa iniciativa violentaba la Constitución Política.