El proyecto de ley que pretende poner reglas a empresas como Uber también cambiaría algunas reglas para taxistas.
Los diputados responsables de la iniciativa, flexibilizarían la normativa para el transporte público a cambio de aprobar la legislación necesaria para la operación legal de conductores de plataformas tecnológicas.
Uno de los cambios más importantes le permitiría negociar a los taxistas con sus clientes el costo del viaje, siempre y cuando no sobrepase la tarifa oficial establecida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El derecho de operación para ambas modalidades quedaría en un monto similar, pues los choferes de Uber pagarían el 20% del salario establecido para multas, que a este año serían ¢90.000; mientras que los taxistas pagaron ¢96.000, concepto estipulado por Aresep.
La diferencia entre el transporte público y el privado, es que en el caso de los taxis ese permiso de operación lo cancela únicamente el titular de la concesión o placa, no así los otros choferes designados a ese vehículo.
Mientras que los choferes de Uber tendrían que pagar ese permiso por inscribirse en esta u otra plataforma tecnológica, sin importar si el vehículo les pertenece, es alquilado o prestado.
A diferencia con los servicios de transporte brindados por Uber y otras compañías tecnológicas como Lyft, el transporte de taxi continúa sin gravarse con el impuesto al valor agregado (IVA).
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Las plataformas deberán ingeniárselas con Hacienda y sus socios para crear el mecanismo de cobro del tributo.
Si los diputados aprueban esta iniciativa tal y como fue presentada, los taxistas dejarían de llevar sus vehículos dos veces al año a revisión técnica y, al igual que los conductores de Uber, asistirían una vez por año.
El requisito será semestral en ambos casos, cuando los vehículos tengan más de ocho años de antigüedad.
