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La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el Banco Nacional (BN) han sostenido en los últimos tres años un vínculo “contrario a derecho” que le permitió a la entidad financiera mantenerse como administradora del fideicomiso con los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), que rondaban los $325 millones al cierre del 2020.
De acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR), ese vínculo cuestionado surgió de un arreglo, mediante el cual las entidades concertaron finalizar el contrato de fideicomiso y seguir con un proceso de transición. No obstante, el órgano contralor detectó que, en vez de interrumpir el convenio, la transición más bien sirvió “de manera contraria a derecho” para sumarle actividades al banco en su calidad de fiduciario o administrador y así aumentar los honorarios de los encargados.
Por esta razón, la CGR ordenó a la Sutel, como máxima autoridad de Fonatel, romper con la entidad financiera, al concluir que el plan acordado “no es una forma válida jurídicamente para evadir los controles establecidos”. Así se lo notificó al Consejo Directivo de la Superintendencia en el informe DFOE-CIU-ORD-00004-2021 del pasado 17 de diciembre.
Según el documento, ese arreglo entre ambas instituciones vino después de que el propio ente contralor se negó en el 2017 a refrendar un aumento de honorarios para el BN, el cual alegaba desequilibrio financiero en su papel como fiduciario. La decisión de la CGR se fundamentó en que el BN no aportó documentación que acreditara ese desequilibrio ni la estructura original de costos base, que sirve de referencia para esclarecer ese tipo de reclamos.
Para la Contraloría, la negativa motivó al BN a romper el contrato con Sutel establecido en 2012 por cinco años y prorrogado por un plazo igual. El rompimiento derivó en un plan de transición para, supuestamente, devolverle a la Superintendencia las riendas de Fonatel.
Esa transición pactada se inició en febrero del 2019 y acumula casi tres años sin conclusión a la vista.
La Nación envió este jueves consultas al Consejo de la Sutel sobre el informe de la Contraloría.
“La Sutel es respetuosa del criterio de la Contraloría; sin embargo, en este caso tenemos una interpretación diferente a la del órgano contralor y hemos presentado un recurso de apelación; fundamentado en el artículo 35 de la Ley General de Telecomunicaciones, que autoriza la contratación de fideicomisos con bancos públicos del Estado”, indicó.
Por su parte, Lourdes Fernández, directora de fideicomisos del BN confirmó que en el 2019 firmaron con Sutel un acuerdo de terminación, el cual estaba ligado al plan de transición. Según ella, a la entidad financiera siempre se le exigió continuar con el cumplimiento de sus labores hasta que se contratara un nuevo fiduciario.
“Dicha contratación de un nuevo fiduciario depende únicamente de la Sutel. En cumplimiento de lo acordado, como fiduciario nos hemos mantenido cumpliendo con las obligaciones contractuales y dando el debido cuidado al patrimonio fideicometido”, respondió Fernández.
Transición sin plazo
“Con la finalización del contrato bilateralmente concertada, las partes acordaron un plan de transición que más que llegar a finiquitar definitivamente el Fideicomiso, ante la inercia injustificada por parte de la Sutel, dicha fase le ha permitido de manera contraria a derecho, continuar con la ejecución de las obligaciones que se administran de forma atemporal”, advirtió la orden de la Contraloría.
De esta manera, dijo la CGR, el Banco elevó su remuneración –sin precisar cuánto– por parte de la Sutel que, a cambio, dejó pasar el tiempo de la transición sin asumir de forma directa o mediante otro fideicomiso la administración del Fondo que, a diciembre del 2020, amasaba un patrimonio de $325 millones, según los últimos estados financieros. Ese fondo se nutre de aportes de las empresas de telecomunicaciones, por unos $40 millones anuales.
Para 2020, el costo administrativo del fideicomiso fue de ¢2.275 millones, de los cuales ¢206 millones corresponden a pago de salarios de dos unidades ejecutoras y comisiones por la administración.
En criterio del órgano contralor la situación se agrava porque se trata de una condición atemporal, es decir, no hay una fecha cierta para que las partes suscriban el finiquito de manera efectiva. Lo anterior ocurre porque la Sutel sigue sin definir cómo administrará los recursos del Fondo y los proyectos que se financiarán, por lo que el llamado plan de transición es considerado, más bien, como una extensión del contrato supuestamente finalizado en 2019.
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La situación, añadió, “pone en riesgo no solo el ajuste de las actuaciones al ordenamiento jurídico aplicable, sino también la propia continuidad de los planes y proyectos de acceso universal, servicio universal y solidaridad que se financian con recursos del Fonatel”.
Por esta razón, la Contraloría ordenó a Federico Chacón Loaiza, Hannia Vega Barrantes y Gilbert Camacho Mora, en calidad de miembros del Consejo de la Sutel, que tienen hasta el próximo 22 de febrero para informar del finiquito contractual con el Banco.
Además, los funcionarios deben entregarle garantías de que los recursos y bienes ligados a Fonatel han sido trasladados de forma oficial a la Sutel y garantías de la continuidad de los programas y proyectos que se encuentran en ejecución.
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Fonatel se creó con la Ley General de Telecomunicaciones y se alimenta financieramente de aportes de los operadores de telecomunicaciones. Su fin es llevar Internet, telefonía e instrucción digital a comunidades y zonas donde las empresas comerciales no ofrecen sus servicios, con la misión de asegurar a esas poblaciones acceso a telecomunicaciones.
