Según Acosta, la entidad contralora le ha dado seguimiento por varios años a la ejecución del Fonatel y aseguró que, efectivamente, se pueden utilizar esos recursos para otro fin diferente al establecido en la ley, siempre y cuando los diputados así lo establezcan en una reforma legal.

“En Fonatel ha habido una lenta ejecución de los proyectos. Es un tema que lo hemos reiterado. Habría que definir qué se quiere, si buscar que se cierre la brecha digital, presionando a la Sutel y a Fonatel para que cumplan, o utilizar esos recursos para otros objetivos”, explicó la contralora.

Sostuvo que se podrían hacer auditorías o control político para que esas entidades cumplan, o destinar ese dinero como lo establece el expediente 21.794, para pagar la deuda pública.

Al respecto del criterio de Acosta, Federico Chacón, presidente del Consejo de la Sutel, alegó que el Fondo no cuenta con recursos líquidos, “ya que realmente son inversiones colocadas a diferentes plazos, tanto en dólares como colones”.

Añadió que los vencimientos de esas inversiones están en función de las obligaciones contractuales y proyectadas en el flujo de caja multianual del Fondo, destinados al pago de los contratos.

Por otra parte, Chacón alegó que la formulación de metas y la evaluación de los proyectos del Fonatel están en manos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y dijo que esa institución certificó que los proyectos desarrollados por Fonatel han cumplido con las metas establecidas y no tienen atrasos.

Instituciones podrían dar más

Así mismo, la contralora general aseguró que los diputados pueden revisar “hacia arriba” los montos que, según el proyecto Pagar, se podrían trasladar al Gobierno Central para que se pague el servicio de la deuda.

Específicamente, Marta Acosta aseguró que hay muchos más superávits libres en una buena cantidad de instituciones, a las que no hizo referencia directa.

“Esa revisión de las partidas que se trasladan de los superávits podría ser hacia arriba perfectamente y este es el momento de la solidaridad. Si no se van a usar los recursos en las instituciones o va a haber una mala ejecución, mejor que los trasladen al Gobierno para pagar la deuda pública”, dijo.

Eso sí, aseguró que si la situación de apremio por la pandemia estuviera obligando a esas instituciones a recurrir a sus superávits, ya deberían estar las propuestas de presupuestos extraordinarios bajo estudio de la Contraloría, pero no es así.

“Nosotros sí vemos viable que la Asamblea siga adelante con un proyecto de ley de esta naturaleza, pero hay que actualizar los números”, recomendó.

El proyecto, tal como fue planteado al Congreso el 10 de febrero, establece el traslado de ¢227.000 millones de superávits de varias instituciones al Gobierno Central para el pago de deuda.

Sin embargo, varios diputados dijeron que hay una confusión en las instituciones que, en los criterios que enviaron a la Asamblea, aceptan trasladar los fondos, siempre que sea para colaborar con el combate de la pandemia.

Pero el proyecto no lo dice así. Marta Acosta apuntó que si la idea se fuese usar el dinero para un objetivo distinto, debe hacerse la reforma necesaria.

La legisladora liberacionista Silvia Hernández, presidenta de Hacendarios, dijo que si se cambia el destino de los recursos, eso podría generar un problema de conexidad en el proyecto y, según indicó, generar un vicio de inconstitucionalidad.

Acosta añadió, ante pregunta del verdiblanco Gustavo Viales, que es decisión de los diputados el destino que se les daría a los recursos,

La contralora señaló que la emergencia causada por la pandemia del covid-19 hay que atenderla, principalmente para ayudar a las personas en estado de vulnerabilidad.

No obstante, aseguró que los legisladores deben poner en la balanza la sostenibilidad de las finanzas públicas, de mediano y largo plazo, porque los recursos de que dispone el Estado son limitados.

Sutel se opone a aportar dinero, tanto del superávit propio, de donde el proyecto sugiere tomar poco más de ¢5.000 millones, como del Fonatel, de donde se pretende tomar ¢40.000 millones.

En tanto, la Junta de Protección Social (JPS) pidió que solo se le quiten ¢15.000 millones. Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la entidad, sostuvo el pasado martes que así lo acordó con el presidente de la República, Carlos Alvarado.

Por otro lado, la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, pidió este miércoles a los diputados tomar del Fondo de Salud Ocupacional solo ¢10.000 millones de los ¢18.000 millones previstos originalmente, pues alegó que no hay posibilidades de entregar ese monto total.