¿Cuántos millones tiene guardados el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) en medio de la pandemia y en plena crisis para el pago de la deuda pública? El Gobierno lo desconoce.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), responsable de administrar Fonatel, se ha negado a dar información financiera puntual al Gobierno en los últimos cuatro meses. Incluso durante marzo cuando el Poder Ejecutivo inició la búsqueda de dinero para aliviar el impacto económico del cierre de empresas y subsecuente desempleo debido al nuevo coronavirus.

La denuncia sobre Sutel la hizo Luis Adrián Salazar, jerarca del Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), quien funge como rector de todo el sector.

“Pedimos información para generar nueva política pública, sea para el covid-19, las telecomunicaciones o por razones de transparencia. La lentitud y mala capacidad en la ejecución de Fonatel ha preservado la brecha digital en hogares y escuelas de Costa Rica. Esa lentitud histórica de Fonatel nos tiene hoy con retrasos históricos”, lamentó Salazar.

El ministro sostiene que, desde diciembre, ha pedido en cuatro o cinco ocasiones información financiera detallada de Fonatel a Sutel sin que a la fecha hayan recibido los datos completos.

Fonatel acumulaba ¢204.000 millones al 31 de diciembre anterior según sus últimos estados financieros los cuales revelan que percibe al añounos ¢22.456 millones entre ingresos por cánones de regulación y uso de espectro radioeléctrico, así como la contribución especial parafiscal creada para el Fondo por la Ley General de Telecomunicaciones (8642).

Tanto dinero reposa en las arcas de Fonatel, que resultó ser la entidad con más superávit de 11 señaladas el 10 de febrero por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, dentro de un plan que presentó ante el Congreso.

La intención de ese plan es destinar ¢226.000 millones del superávit de instituciones autónomas al pago de la deuda pública para reducir el monto principal y los intereses (solo en febrero, en intereses, se pagaron ¢266.000 millones).

De 11 instituciones citadas, Fonatel era la que más tenía disponible: ¢40.000 millones. En ese listado también aparecía Sutel con ¢5.600 millones.

La Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8.642) creó Fonatel en el 2008 con la misión de llevar telefonía e Internet a hogares y comunidades sin dinero para pagarlo.

No obstante, en poco más de una década, el Fondo ha sido lerdísimo para invertir y ejecutar proyectos contra la brecha digital mientras el dinero crece en sus cuentas.

Esta circunstancia le ha valido años de críticas y sobre todo hoy en medio de la pandemia cuando es evidente que la falta de inversión oportuna de Fonatel pasó la factura: muchos hogares pobres sin acceso a Internet o a una velocidad decente para recibir clases a distancia, acceder a información o hacer teletrabajo.

El Consejo Directivo de la Sutel lo integran Federico Chacón, Gílbert Camacho y Hannia Vega a quienes el Consejo de Gobierno nimina para los cargos y cuya ratificación la hacen los diputados.

‘Información debería ser de acceso libre y abierta’

El ministro Luis Adrián Salazar explicó que el Gobierno necesita la información para tomar decisiones “a partir de evidencia y no ocurrencias” en referencia al Fondo, pues de otro modo, “actuaciones precipitadas heredarán nuevos retrasos e incumplimientos”.

En un oficio a los tres directivos de la Sutel (MICITT-DM-OF-209-2020), el 13 de abril, hace constar las varias solicitudes para aclarar cuántos millones guardan en cuentas bancarias.

Allí, les pide a Chacón, Camacho y Vega detallarle el avance real de proyectos financiados por Fonatel y el patrimonio total del fondo.

También, solicita datos del dinero ya comprometido en proyectos adjudicados, reservas para aquellos sin adjudicar y un presupuesto estimado de cada programa.

Además, los instó a precisar cuánto dinero se ha ejecutado a la fecha y especificar otros ingresos anuales, como intereses ganados con instrumentos financieros, multas a proveedores y contribuciones parafiscales previstas al año 2025.

Finalmente, demandó el dato de los egresos proyectados, montos ociosos del Fondo y detalle de su flujo de caja previsto desde este año hasta al 2027.

Ante consultas de este diario, Sutel respondió por escrito que toda la información que solicita el Micitt o cualquier otra institución se entrega en los plazos establecidos en la ley, ya sea a través de informes o con reuniones de trabajo.

Según la Sutel, “con los recursos de Fonatel ya se contribuye significativamente para que las comunidades y personas de escasos recursos también cuenten con acceso a las telecomunicaciones en un momento en que la comunicación es especialmente necesaria”.

No obstante, el ministro Salazar confirmó que la información solicitada permanece sin llegar.

“Hemos reiterado varias veces. Toda esa información debería ser de acceso libre y abierta. Con ella, el Micitt podría generar política pública inmediata ante la crisis del covid-19 pero, además, este país merece y necesita conocer cuánto dinero hay, cómo se usa y para qué. Este Gobierno busca generar impacto inmediato pero necesitamos información exacta”, aseveró.

Salazar dice no tener una respuesta para explicar cómo es que Sutel no le remite la información.

Arcas llenas

Yorleny León, diputada del Partido Liberación Nacional, es una de las más críticas de los directivos del Fonatel.

Por eso, presentó un proyecto de ley para trasladar los millonarios recursos del Fonatel a la Fundación Omar Dengo, dado que ella considera que el Fondo incumple con la misión de “llevar telefonía e Internet a zonas y comunidades donde aún no hay servicio”.

Este plan se tramita bajo el expediente 21.920.

“Sutel ha tenido un rol antagónico en esto porque es un ente regulador y uno de los principios fundamentales de un regulador es que no puede ser ejecutor a la vez. Tenemos esa particularidad que no he visto en ningún otro país. Aquí,los que concursan y ganan las licitaciones que debe hacer Sutel son los mismos que debe regular”, indicó León.

La congresista criticó, por ejemplo, el atraso en la atención del servicio en territorios indígenas, proyecto que comenzará con siete años de atraso.

Desde su creación en el 2008, Fonatel ha recibido al menos $330 millones generados por las cánones pagados por empresas de telecomunicaciones como las telefónicas Claro y Movistar.

El 4 de abril, Sutel propuso al Micitt usar el dinero de Fonatel para subvencionar el servicio de Internet de empresas y trabajadores con ingresos reducidos por el impacto económico del coronavirus.

Sin embargo, la diputada León, denunció la propuesta como “un claro interés de Sutel para repartir esos dineros entre las empresas operadoras y que de esta forma sus flujos de caja queden cubiertos aprovechándose de la coyuntura actual que supone la emergencia nacional y sus efectos en la economía”.

León advirtió que la iniciativa puede parecer “loable”, pero solo beneficiaría a quienes ya tienen el servicio y no a quienes por años no han sido atendidos pero a existir el dinero.