Diego Bosque. 28 mayo
Antonio Wells, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Japdeva, acudió al Congreso durante la discusión sobre la situación de la empresa. Imagen tomada de Asamblea Legislativa TV.
Antonio Wells, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Japdeva, acudió al Congreso durante la discusión sobre la situación de la empresa. Imagen tomada de Asamblea Legislativa TV.

Antonio Wells, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), defendió las acciones impulsadas por esa organización, las mismas que ahora ponen en mayores aprietos a la empresa portuaria.

Sintrajap solicitó el embargo de las cuentas de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) para asegurar los ¢5.300 millones que reclama en un proceso judicial iniciado en 2013, el cual está pendiente de una decisión en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la presidenta ejecutiva de la institución, Andrea Centeno, el embargo impide pagar prestaciones a exfuncionarios que se acogieron a alguna de las alternativas que ofrece la Ley de Transformación de Japdeva, además pone en riesgo el pago de salarios y, en general, las operaciones de la terminal.

Wells afirma, sin embargo, que la Administración ha sido “soberbia” y que los trabajadores deben comprender que se trata de una lucha y que las cosas “no van a caer del cielo”.

― ¿Cuál es el origen del conflicto actual entre Sintrajap y Japdeva?

― Hasta el año 2002, Japdeva aportaba al Fondo de Capital y Ahorro de los Trabajadores un 5%, vía convención colectiva. En junio de 2002, se subió ese porcentaje a un 8%, pero en el año 2012 hacemos un reclamo porque solo pagaban un 5%. En la normativa estaba que debía ser un 8% y les dijimos que necesitábamos que cumplieran.

“La Administración dijo que no porque había una resolución de la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) que decía que no se podía cargar ese porcentaje a las tarifas. Entonces, desde el año 2013 empezamos el litigio, vamos a cumplir ocho años peleando ese asunto”.

― Años atrás, en una disputa legal similar, la Sala IV falló a favor de los trabajadores de Recope sobre cargar componentes salariales y otros a tarifas de combustibles ¿Ustedes basan su reclamo en ese antecedente?

― Igual nosotros, Japdeva obtiene dinero de la venta de servicios. Diay, no vamos a vender patí para cumplir con esa normativa plasmada en la convención colectiva.

― ¿Cuál es el porcentaje de aporte patronal que se negoció en las últimas convenciones colectivas?

― Un 8%, no se ha modificado

― De acuerdo con sus estimaciones, ¿cuánto dinero le debe Japdeva a los trabajadores?

― Hay un estimado superior a los ¢5.300 millones

― Japdeva indica que corre riesgo el pago de planilla de este 30 de mayo,debido al embargo que ustedes solicitaron y un juzgado aprobó. ¿Ustedes están enterados de eso?

― Eso dijeron para el pago pasado (15 de mayo) y ahora lo dicen para este (...). Acá, los trabajadores lo que estamos pidiendo es que se nos cumpla con un derecho legítimo que fue plasmado en la convención colectiva.

― ¿Han recibido consultas de trabajadores debido al riesgo de que no se les pague este 30 de mayo?

― En una lucha siempre hay cuestiones positivas y negativas, hay presiones y otras cosas. No se puede ir a una lucha y pensar que no va a pasar nada o que las cosas nos van a caer del cielo. Acá estamos en esa lucha; la gente es consciente de lo que estamos peleando y estamos abiertos al diálogo.

“Hay una soberbia de parte de la Administración, no han llamado para ver cómo se puede llegar a algún tipo de arreglo y estamos varados en este asunto”.

― ¿No es contraproducente ejercer un embargo sobre la entidad? ¿No afecta eso el pago de los trabajadores activos como las liquidaciones de los que ya se fueron?

― Cuando usted dice contraproducente, ¿qué más contraproducente que la creación de una ley para despidos masivos en Japdeva? No hay nada más contraproducente que dejar a las familias sin trabajo y sin posibilidad de llevar un bocadito a la casa.

― ¿Qué cuota de responsabilidad tienen los empleados de Japdeva sobre los problemas que enfrenta la institución? ¿Pueden achacarse esos problemas a abusos cometidos en el pasado?

― ¿Qué abuso más grande que entregar todo a una terminal portuaria privada?

― Pero previo a ese hecho hay una historia en Japdeva...

― No se coma el cuento de todo el mundo. Japdeva operó durante muchos años los puertos, aportamos al desarrollo social, ocupamos el puesto número 12 en América Latina y el Caribe compitiendo con 120 puertos. Hemos sido responsables y eficientes con la economía de este país, porque por Limón pasa el 80% de la economía este país.

“Yo tengo dos años de estar aquí (como secretario general). Las cosas que hayan pasado antes no se me pueden achacar a mí; yo apechugo de aquí en adelante”.

― Pero usted era parte de la Junta Directiva del sindicato. No era el secretario general, pero sí era parte...

― Sí, sí era parte ¿En qué hemos sido responsables si lo que hemos hecho es defender el Estado social de derecho? Hemos denunciado el montón de cosas que suceden en la empresa.

― Yo le hago esta pregunta esperando un ejercicio de autocrítica de su parte o de parte del sindicato ¿No hay responsabilidad de los trabajadores? ¿No se cometieron abusos?

― Pues no, el problema acá es que Japdeva ha tenido una mala administración por mucho tiempo. Podríamos tener algún grado de responsabilidad, pero la verdad, la verdad, si uno ve los ingresos de Japdeva, cuando no estaba APM Terminals, llegaron a ¢42.000 millones y eso que se cobraban tarifas bajas.