El embargo que mantiene congeladas seis cuentas bancarias de Japdeva, a solicitud del sindicato de trabajadores de la institución, impide pagar liquidaciones a 37 exfuncionarios por unos ¢650 millones.
Así lo informó Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
“El embargo aplicado no nos permite acceder a los recursos que fueron habilitados precisamente para que las personas que se acogiesen a alguna de las tres alternativas de la Ley 9764 recibiesen sus prestaciones. Hemos presentado todas las acciones legales posibles de nuestra parte”, agregó la jerarca.
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El bloqueo de cuentas corresponde a una medida cautelar a petición del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) y aprobado por el Juzgado de Trabajo de Limón. La gestión forma parte de un largo proceso judicial en el que se discute el supuesto incumplimiento de aportes patronales a un fondo de ahorro.
Las 37 personas afectadas dejaron la entidad pública como parte de la reorganización impulsada por el Poder Ejecutivo.
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La jerarca también admitió que el pago de la quincena del 30 de mayo para más de 30 trabajadores también está en riesgo.
Inicialmente, el embargo recayó en las cuentas de la empresa portuaria en el Banco de Costa Rica (BCR), donde se mantienen los recursos para pago de remuneraciones, lo que los puso en problemas para pagar la quincena anterior a 576 trabajadores.
Según explicó Centeno en aquel momento, lograron recaudar fondos de otras cuentas.
De acuerdo con Japdeva, el embargo sumaba este miércoles 19 días de haber sido dictado sin que recibieran respuesta a tres nuevos recursos legales presentados para objetar la medida.
Centeno informó de que el Consejo Director de la empresa sesionó el lunes para revisar el impacto inmediato por el embargo.
“El proceso de transformación que venía desarrollando la institución se ve paralizado en el corto plazo dado que los dineros para pago de prestaciones de las personas que saldrían fueron congelados, asimismo, se dificulta la contratación de servicios tercerizados al consumirse los recursos que se están produciendo en el pago de planillas y gasto corriente”.
La entidad enfrenta un proceso de cambio obligado por la pérdida del 70% de la carga que movilizaba y que ahora maneja la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), y por la tardanza en la búsqueda de nuevos negocios.
