Un acción de inconstitucionalidad contra la regla fiscal presentada por la alcaldesa de Alajuela, Laura Chaves, fue acogida para estudio por la Sala IV sin que frene su aplicación.
Así lo confirmó el magistrado presidente de este tribunal, Fernando Castillo, para aclarar una versión inicial según la cual, la norma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas quedaba en suspenso en el caso de las municipalidades, mientras se emitía una sentencia final.
La regla fiscal es un límite al crecimiento del presupuesto o plan de gastos de las instituciones. Para el 2020, ese tope es de 4,67% con relación al 2019.
"La admisibilidad de una acción no suspende una ley de la República. Lo único que se suspende es si hay un conflicto en sede judicial o un reclamo administrativo en fase de agotamiento, ahí sí no se aplicaría. Pero en el resto de casos se debe seguir aplicando la norma".
"La norma tiene que seguirse aplicando, la excepción es que alguien planteara un juicio y en ese juicio se suspendiera la aplicación de esa norma, o que alguien presentara un reclama administrativo y eso estuviese ante el ministro, entonces ellos sí no pueden aplicar la norma, pero desde el punto de vista procesal esa norma si aplica en toda su extensión para las municipalidades", afirmó Castillo.,
La gestión de Chaves se basa en la defensa de la autonomía de las municipalidades y la posibilidad de invertir sus recursos.
"Tenemos que dejar claro que no somos los municipios los que dejamos un déficit a los recursos del Gobierno Central ya que las transferencias del Estado a las municipalidades representan el 1% de lo que nosotros recibimos”, alegó la jerarca.
De acuerdo con la alcaldesa alajuelense, de los ₡546 millones que percibió la Municipalidad que dirige el año anterior, cerca del 16% pertenecen a transferencias del Poder Ejecutivo.
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Ante la gestión municipal, el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, reiteró que también esas instituciones deben contribuir a generar el balance que necesitan las finanzas públicas.
“Las municipalidades son gobiernos locales y como tales a pesar de tener ingresos, el Estado como un todo está obligado a prestar servicios que estas entidades prestan y en algún momento se convierten en una especie activo contigente del Estado y en este sentido me parece que el uso eficiente de los recursos y asegurar la sostenibilidad del Estado tiene trascendencia, ellas tienen un impacto sobre el presupuesto público y en ese sentido también deberían estar acogidas”, manifestó Acosta.
En esa misma línea se ha pronunciado la contralora general de la República, Marta Acosta, en declaraciones ofrecidas a este medio en relación con el acuerdo del Gobierno con los sindicatos de salud, en el cual se eximió a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de que mantiene el cálculo de pluses y anualidades arrastradas para sus trabajadores.
“El propósito esencial de la Ley de Fortalecimiento es la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas, cuyo impacto es para toda la población. Preocupa por tanto a esta Contraloría, que en este momento crucial se esté resquebrajando el propósito fundamental forjado con el esfuerzo de diferentes actores, por cuanto el equilibrio económico y social es responsabilidad de todos los sectores sin excepción. De esta forma, los tomadores de decisiones se muestran incongruentes con las posiciones que están tomando con respecto a CCSS, a las universidades y a las municipalidades, relacionadas con la aplicación de la reforma y de la regla fiscal, lo cual en el corto y mediano plazo puede traer graves consecuencias económicas y sociales para el país”, afirmó la contralora.
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Para quedar fuera
El reclamo de la alcaldesa alajuelense se suma a otros esfuerzos municipalistas que desde junio iniciaron una ofensiva contra esta norma.
La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) ha insistido en que la autonomía municipal les permite establecer sus presupuestos pues ellos mismos recaudan sus impuestos.
Karen Porras, presidenta de esa organización, ha alegado que ese límite a su plan de gastos frenaría programas como policía municipal y atención de la red vial cantonal.
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También en junio, cinco diputados presentaron un proyecto que propone librar a municipalidades y concejos de distrito de este límite, al incluirlos entre las entidades exentas de la regla fiscal, en el artículo 6 del título cuarto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o reforma fiscal.
Otras instituciones también levantan la voz contra la reforma fiscal como es el caso de las universidades públicas que también acudieron a la Sala IV y a los tribunales contencioso administrativos.
Por el momento, los que con claridad quedan fuera de la regla fiscal son los régimenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y el No Contributivo (RNC), así como el Seguro de Salud y Maternidad, todos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Nota del editor: La Sala Constitucional solicitó rectificar la información que brindaron en relación con la suspensión de la regla fiscal a las municipalidades