Servicios

Reclamo para bajar tarifas de buses muere en Aresep por falta de directivos

Intendente de Transportes suspendió reducción de ¢5 a ¢425 para cuidar finanzas de buseros. Representante de usuarios impugnó decisión, pero no recibirá trámite por falta de dos directivos

Desde el 1.° de julio, las tarifas de buses debían bajar entre ¢5 y ¢425, pero el intendente de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Édward Araya Rodríguez, decidió el 8 de julio suspender esa rebaja. Alegó que es necesario cuidar las finanzas de los autobuseros en medio de la pandemia.

Seis días después, el consejero o representante del usuario en la Aresep, el economista Jorge Sanarrucia Aragón, presentó el reclamo ante la Junta Directiva al argumentar que la medida se tomó sin considerar los intereses de los ciudadanos que usan ese medio de transporte.

Sin embargo, la falta de dos de cinco miembros en la Directiva de Aresep impide impugnar la decisión del intendente de Transportes. Así, la queja de Sanarrucia ni siquiera recibirá trámite.

Según el Artículo 55 de la Ley 7593 de la Aresep, los acuerdos de la Junta Directiva en diversos temas tienen validez solo si participan al menos cuatro votos afirmativos de sus miembros. Esto incluye la resolución de apelaciones en materia de fijación de tarifas y precios, como declara el mismo artículo.

Actualmente, ese cuerpo colegiado solo está conformado por tres de cinco miembros previstos en la ley. Se trata del regulador general, Roberto Jiménez Gómez, Ana Lorena León Marenco y Jorge Blanco Roldán.

La Junta pasó de cinco a cuatro miembros en mayo del 2018, con la salida de Adriana Garrido Quesada. Un año después, en mayo de 2019, también se retiró Pablo Sauma Fiatt.

El máximo órgano de la Autoridad Reguladora se mantuvo con tres directivos hasta mayo del 2020, cuando volvió a tener cuatro.

Sin embargo, en mayo pasado, se venció el nombramiento de Sonia Muñoz Tuk y, de nuevo, la Junta quedó con solo tres directivos.

La ausencia de directivos también afecta la legalidad de otras decisiones en la Autoridad ya que, conforme el mismo artículo 55 de su Ley, también se requieren cuatro votos a favor para otorgar, revocar o ampliar concesiones que por ley le corresponda.

Del mismo modo, son necesarios cuatro miembros para nombrar y remover al auditor interno y aprobar el estudio de cánones que financian la regulación de servicios públicos.

Pese a ello, el Consejo de Gobierno permanece sin definir los dos reemplazos requeridos. Por ahora, ni lo tiene en agenda.

“El Consejo de Gobierno estará conociendo los expedientes, una vez que estén estos concluidos, se valorarán los atestados y la toma de decisiones”, respondió la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, ante una consulta de La Nación.

Indefensos

La falta de esos nombramientos enterró la gestión de Sanarrucia en favor de los intereses de los usuarios, quienes este mes percibirían una baja en los pasajes de 4,76%, determinada por la metodología de ajuste extraordinario que Aresep aplica dos veces al año.

De 3.837 tarifas vigentes, a 3.062 (80%) se les debían reducir de ¢5 a ¢50. A otras 538 (14%), entre ¢55 y ¢100, y a 139 (3,62%) más de ¢105 a ¢200 y había 83 tarifas que debían reducirse entre ¢205 y ¢350. Otros 15 pasajes bajarían entre ¢355 y ¢425.

Todas las rebajas quedaron en suspenso con base en la resolución RE-0043-IT-2021.

Según el documento, la Intendencia de Transportes haría informes de seguimiento “para determinar si la situación sanitaria y del sector autobusero presentan condiciones diferentes a las actuales que permitan la aplicación del ajuste tarifario sin afectar la continuidad en la prestación del servicio”.

Sanarrucia, por el contrario, sostiene que los usuarios son el eslabón más débil de la ecuación regulatoria y que, como afectados también en la pandemia, reciben esta decisión como un impacto negativo a sus bolsillos en una medida “sin precedente”.

‘¿Cómo es posible que ocurran estas discriminaciones?’

El defensor de los intereses de los usuarios recordó que los transportistas se han visto beneficiados durante la emergencia sanitaria en varias ocasiones.

Por ejemplo, citó una ley promovida por la Aresep que les permitió dejarse 50% del canon de regulación del 2020 –monto que pagaron los pasajeros–.

La normativa fue aprobada en la Asamblea Legislativa el 29 de octubre, como parte de un texto que también les redujo el pago del marchamo del 2020 ante el impacto de la pandemia.

“Hasta se les han facilitado sus esquemas de operación, reducción de jornadas de trabajo. Hay hechos comprobados de que el sector ha contado con auxilios en esta crisis económica”, se quejó Sanarrucia.

Además, datos del Banco Central indican que los autobuseros recibieron créditos en condiciones blandas para afrontar la emergencia sanitaria.

De ¢702.000 millones entregados a las entidades financieras para financiar a clientes afectados por la crisis, ¢32.200 millones lo recibieron empresas del sector transporte; en su mayoría autobuseros.

Bernardo Alfaro, gerente del Banco Nacional, explicó en junio que esa entidad readecuó 80% del crédito al sector transporte, en especial, a grandes concesionarios de autobuses.

El consejero del usuario recordó que la metodología se aplica a derecho dos veces al año, sean rebajas o alzas, por tratarse de un ajuste nacional y que el método existe justo para evitar subjetividades en los actos administrativos y hasta “una decisión unipersonal”, como la que tomó el intendente.

“¿Qué pasa si hacemos esto de parar ajustes en sectores como luz, agua o combustibles? Ahí la Aresep se ha defendido públicamente diciendo que es rigurosa al aplicar las metodologías. Entonces, ¿cómo es posible que ocurran estas discriminaciones?”, manifestó.

Ante la falta de directivos nombrados para atender su apelación, Sanarrucia presentó el viernes pasado un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en los mismos términos ante la Intendencia de Transportes.

Con este, explicó, pretende que el intendente reconsidere su decisión.

Dennis Meléndez Howell, quien ejerció como regulador general entre 2010-2016, había afirmado, también, que la decisión de la Intendencia de Transportes es improcedente y violatoria de la ley, pues si se había determinado una rebaja, debía aplicarla.

“Es una insólita injusticia con los usuarios que, si se quiere, han sido los verdaderos perjudicados de la pandemia. A los autobuseros, sin pretender negar que los afectó, se les dieron todas las flexibilidades”, declaró.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara S.

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, infraestructura, energía y telecomunicaciones.