Mientras esperan que Hacienda deposite los fondos pendientes desde diciembre, más de 2.500 niños en estado de pobreza están sin servicios de cuido y alimentación.
La cantidad de chiquitos ha aumentado en la última semana, lo mismo que el número de centros que han salido de operación, que pasaron de 36 a 70, informó Rodrigo Araya, de la Unión Nacional de Redes de Cuido y Desarrollo Infantil de Costa Rica (Unared).
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), encargado de distribuir los fondos entre más de 600 centros de cuido, informó de que el depósito se realizará este viernes 11 de enero. En total, este programa apoya a más de 28.000 menores de edad.
A esta red se le adeudan más de ¢1.000 millones desde diciembre. Son dineros que se utilizan, entre otras cosas, para el pago de personal y servicios públicos.
Casi 30.000 niños en condición de pobreza dependen de la asistencia de la red de cuido. Foto: John Durán (JOHN DURAN)
El IMAS reconoció que también están pendientes de depositar de parte de Hacienda ¢6.000 millones para el programa Avancemos, con el cual se financian casi 200.000 colegiales.
Rodrigo Araya reiteró que Unared no ha recibido, hasta ahora, alguna propuesta gubernamental de acercamiento para aliviar la situación de estas familias en pobreza mientras se realiza el depósito.
Esta organización solicitó que se declarara emergencia nacional la situación que enfrenta esta red de cuido.
“Si el gobierno incumple, nuevamente, realizaremos una manifestación pública frente a Hacienda el sábado, y otra frente al IMAS el lunes. El movimiento se mantendría hasta que resuelva”, advirtió Araya.
La respuesta que esperan, dijo, es la atención de las necesidades que están enfrentando los niños y sus familias, “no la destitución de un presidente ejecutivo”, dijo en clara alusión al cambio en la presidencia ejecutiva del IMAS, anunciado por el mandatario Carlos Alvarado el martes.
María Fullmen Salazar dejó la presidencia ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) el 8 de enero. Será sustituida por un asesor del presidente, el economista Juan Luis Bermúdez.
En los primeros días de enero también trascendió el atraso en los depósitos para otros grupos de población, como los adultos mayores, que esperaban más de ¢450 millones correspondiente a la ley de cigarrillos y licores.
Además, unas 3.000 asociaciones de desarrollo comunal del país se quedaron esperando cerca de ¢10.000 millones para financiar sus actividades con fondos del 2% del impuesto sobre la renta.
Estas situaciones se han presentado por dificultades de liquidez en el Ministerio de Hacienda que han afectado estos giros desde julio de 2017, como lo reconoció el entonces presidente, Luis Guillermo Solís.
A finales de 2018 hubo atrasos en el pago de aguinaldos para empleados públicos y pensionados.
El centro diurno de Ancianos Fuente del Saber, en San Diego de La Unión, se quedó sin el dinero de la ley de cigarrillos y licores por atrasos de la Tesorería Nacional Foto: Mayela López (Mayela López)
