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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) está llevando al cierre a plantas de generación privada –al suspenderles la compra de energía– y ahora también intenta cerrarles la última puerta que tenían para sobrevivir: la posibilidad de vender electricidad a Centroamérica.
La presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas, comunicó a la Asamblea Legislativa su oposición a un proyecto de ley impulsado por el Gobierno para permitir a generadores particulares exportar al Istmo. Esa es la única opción que les queda. Se trata del plan 22.009 “Ley para la Promoción y Regulación de los Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables”
Por ley, el ICE es el único autorizado para adquirir la energía que producen privados.
Sin embargo, desde el año pasado empezó a suspender contratos de compra, lo cual obligó a siete compañías a apagar turbinas. La semana pasada, otras ocho, cuyos contratos vencen entre 2021 y 2025, también fueron advertidas de que sufrirán la misma suerte.
Las siete fuera de servicio son seis hídricas y una eólica que producían energía limpia y barata como parte de inversiones por $47 millones.
En su lugar, el Instituto dispuso que, de necesitar electricidad, la producirá con sus plantas movidas por diésel o saldrá a pagarla en Centroamérica, a tarifas mayores y en su mayoría también de fuentes térmicas (las más contaminantes).
Los costos de operación del ICE son mucho más altos que los privados.
Las 37 plantas del Instituto y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz producen un kilovatio-hora (kWh) a un valor promedio de ¢124, mientras que las 37 privadas, ¢49.
Entretanto, las 11 cooperativas rurales producen a ¢80 por kWh, según datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
La intención del proyecto de ley propuesto por el presidente Carlos Alvarado es abrirles a los privados la posibilidad de que, por medio de ventas al Istmo, sus instalaciones no queden en desuso ni despidan trabajadores y en algunos casos hacer frente a créditos con los cuales financiaron sus operaciones.
ICE vs. ACOPE
Al justificar su oposición, el Instituto alega que la iniciativa de ley sería inconstitucional porque supuestamente implicaría modificar el modelo eléctrico nacional si se da la misma condición a los privados para vender en el Mercado Eléctrico Regional (MER).
También argumenta que el cambio podría afectar sus ingresos procedentes MER si las plantas privadas entran a competir con el ICE en la puja por colocar excedentes de energía en los países del Istmo vinculados a dicho mercado.
Así lo planteó la Presidencia Ejecutiva en el oficio 256-110-2021 del 20 de agosto al responder a una consulta de la Asamblea Legislativa sobre el texto en discusión.
“En la medida en la que la energía colocada por los generadores privados en el MER desplace las exportaciones que realiza el ICE, se produce una afectación a los usuarios finales, pues de acuerdo con las metodologías tarifarias vigentes, las importaciones y exportaciones netas son reconocidas a todos los usuarios mediante un sistema de ajuste extraordinario a las tarifas del servicio de electricidad”, alega el Instituto.
Mario Alvarado Mora, director ejecutivo de Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) rebatió la posición del ICE.
“El proyecto de ley, no solo no se opone a la Constitución Política sino que tutela los derechos fundamentales a la libertad de empresa, libertad de comercio, entre otros. De aprobarse, estará procurándose no solo atender las necesidades sociales y demandas del pueblo (al permitir dar continuidad de empleos, pago de impuestos, y contribuciones sociales a las comunidades donde operan esas plantas que quieren seguir generando electricidad limpia y a costos menores), sino también ser consistente con la política de atracción de inversiones”, manifestó.
También dijo que es muy extraña “la desarticulación que muestra el ICE con el resto del sector público y con Casa Presidencial”, pues el mismo mandatario es uno de los impulsores del proyecto de ley.
El año pasado, el ICE exportó 623 Gigavatios-hora (GWh) al MER en excedentes de la generación eléctrica local. Eso le produjo ingresos por $27,2 millones ($43.659 por GWh exportado), indican informes del Centro Nacional de Control de Energía (Cence).
En ese mismo mercado, el ICE también gastó $8,9 millones en el 2020 al importar 117,6 GWh ($75.680 por GWh importado), agrega el reporte.
En el 2019, antes de la pandemia, el Instituto había exportado 322,5 GWh por los cuales obtuvo $16,7 millones ($51.782 por GWh) e importó 339,8 GWh por los cuales pagó $46,9 millones ($138.022 por GWh).
Piden espacio
Las cooperativas de electrificación rural, por su parte, respaldan la reforma y también reclaman ser incluidas como agentes regionales autorizados a vender energía al Istmo.
Tanto la Cámara de Empresas de Energía y Telecomunicaciones (Cedet), como el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R. L. (Coneléctricas), acusan al ICE de arbitrariedad en su negativa a impedirles exportar excedentes a la región.
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Así lo expresaron en sus oficios CEDET-P-25-2021 del 20 de agosto y una carta del gerente general de Coneléctricas, Erick Rojas Salazar, remitida a la Asamblea Legislativa el lunes 23 de agosto.
Coneléctricas y Cedet advierten de que colocar excedentes de energía en el MER supone un mejor aprovechamiento de plantas instaladas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la forma de ingresos, divisas, pago de impuestos y una ampliación de mercado para empresas en Costa Rica.
“Todos hemos perdido ante la negativa del ICE de colocar las exportaciones. Costa Rica como un todo ha perdido ingresos, el ICE y las empresas distribuidoras también y, por culpa de esa oportunidad perdida, el costo de la energía para los costarricenses es mayor que si se hubiesen podido aprovechar esos ingresos para cubrir los costos fijos del SEN”, se quejó Cedet.
Coneléctricas, por su parte, solicitó participar del MER al indicar que el ICE no gestiona toda la energía del país justo por la existencia de las distribuidoras rurales, cuyo aporte al consumo nacional ronda el 24%.
