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Con gases lacrimógenos, policías antimotines enfrentaron a huelguistas que impedían el paso al muelle de Japdeva, en Moín, principal puerto de entrada y salida de productos del país.
Luego de más de tres horas de refriega, el acceso a las instalaciones de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) estuvo asegurado poco antes de la 1 p. m., con un saldo de dos detenidos y tres policías heridos.
Con apenas minutos de diferencia, el Ministerio de Seguridad Pública anunció que los manifestantes que impedían el ingreso al plantel de Recope en La Garita de Alajuela se retiraban. Igualmente, los huelguistas que bloqueaban la carretera a Limón, en el sector de Siquirres.
Anoche, poco antes de las 11 p. m., la Fuerza Pública intervino un bloqueo que manifestantes mantenían en Barranca, Puntarenas, y trabajaban en eliminar otro en Terrón Colorado, San Carlos. Además, tuvo reportes de vandalismo en barrios de Limón (lanzamiento de cadenas contra cables de alta tensión).
El Gobierno endureció finalmente acciones contra los huelguistas que cumplieron este lunes ocho días de protesta contra la reforma fiscal que se tramita en la Asamblea Legislativa. El movimiento afecta lecciones en escuelas y colegios, servicios hospitalarios, la libre circulación por las vías y complica la distribución de combustible.
“Vamos a continuar con acciones para garantizar el libre tránsito a lo largo y ancho del país. Hacemos, nuevamente, un llamado a la paz, al respeto a la ley, a las personas que están bloqueando vías para que se abstengan de esto. Haremos los procedimientos, lanzaremos las advertencias previas. No queremos lesiones de nuestros policías y de ningún manifestante. Hacemos un llamado a la paz y a la prudencia”, dijo con énfasis Michael Soto, jerarca de Seguridad, en un video enviado desde la Presidencia.
También en la tarde, enviaron una patrulla al cambio de turno del personal de la Lavandería Central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el Hospital México, para afrontar eventuales problemas con huelguistas que han dificultado el lavado de ropa hospitalaria. Así lo denunció el presidente de la Caja, Román Macaya.
Con estas actuaciones, el Gobierno intenta llevar un poco de tranquilidad a la ciudadanía que ya resiente los bloqueos constantes y la incertidumbre permanente, al sector exportador y a los expendedores de combustibles.
Los exportadores, por ejemplo, lanzaron desde la semana pasado su reclamo por la inseguridad para el traslado de mercancías por los bloqueos –que ayer llegaron a ser 17 en algún momento–, y por el poco movimiento en Moín. Los expendedores, entre tanto, celebraron la apertura del plantel de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en La Garita.
“La intervención en La Garita es un golpe contundente, así debió ser desde el principio, no se pueden tener miramientos con esta gente”, comentó José Miguel Masís, vocero de la Asociación de Expendedores de Combustibles. “Este es un excelente mensaje del Gobierno”, agregó.
En La Garita, las filas de camiones se extendieron este lunes por dos kilómetros a la espera de llenar los tanques cisternas; los choferes llevaban hasta 20 horas en espera, mientras los usuarios, desesperados, abarrotaban las gasolineras por miedo al desabastecimiento.
La solicitud de firmeza de los gasolineros no está sola, se une a los clamores de la Cámara de Industrias y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).
Atentados
Las reacciones de los empresarios se caldearon todavía más luego de que trascendieran actos de sabotaje, ocurridos la noche del domingo, contra instalaciones de Recope y amenazas contra funcionarios de la entidad que se mantienen en labores.
Específicamente, se refirieron al orificio realizado con una broca al oleoducto de Recope en el sector de El Coyol de Alajuela, lo que provocó una fuga de diésel en la carretera Bernardo Soto que estuvo cerrada más de hora mientras se controlaba el daño y se limpiaba el derrame con espuma especial. En Limón, entre tanto, hubo disparos contra vehículos y viviendas de dos trabajadores de la Refinadora.
“Hemos sufrido atentados contra personal del Estado, contra instalaciones y con una evidente mano criminal. Hacemos responsables de todos estos acontecimientos y, por una concatenación de hechos, a las personas de estos movimientos, pues hay presencia total y absoluta de mano criminal”, expresó Soto en horas de la mañana de este mismo lunes.
El propio presidente ejecutivo de Recope, Alejandro Muñoz, aseguró que no se trató de una toma ilegal de las que son víctimas con alguna frecuencia.
“Hago un llamado a que respeten la legislación porque ya pasamos a consecuencias graves. No queremos que ninguna persona muera, porque ya hemos estado cerca con este tipo de amenazas y daños”, insistió Michael Soto.
El jerarca adelantó “acciones más enérgicas”, que comenzaron horas más tarde.
Los eventuales responsables de por estos actos criminales podrían enfrentar causa por el delito que el Código Penal contempla en el artículo 260, que castiga con penas de hasta ocho años de prisión a quien atente contra plantas o instalaciones que sirvan para producir o transmitir energía eléctrica o sustancias energéticas. El 263 y 263 bis también sanciona con penas de multa y prisión por hasta dos años el entorpecimiento de transportes, servicios públicos o tránsito vehicular.
De hecho, ya hay un funcionario de Recope encausado penalmente por otro acto de sabotaje contra el sistema hidráulico del sistema de desalmacenaje de gas. Este hombre, de apellido Sánchez, cumple prisión preventiva.
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“Terrorismo, delincuencia, sedición y traición a la Patria son los únicos calificativos que se le pueden dar a los hechos ocurridos en las últimas horas (...) El Gobierno debe actuar firme y decididamente sin ninguna dilatación, sabiendo que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de costarricenses", manifestó Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.
“El Gobierno de la República debe impedir, por todos los medios, los bloqueos en carreteras y garantizar el suministro de combustibles, así como al acceso a los lugares de salud, trabajo, estudios y lugares turísticos”, dijo por su parte FedeCámaras de Costa Rica, en un comunicado.
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Este apoyo a acciones de mayor contundencia también vino de cuesta de Moras, donde 49 de 51 diputados presentes en la sesión del plenario aprobaron una moción de “apoyo y respaldo absoluto" a la Fuerza Pública, no solo por sus actuaciones de este lunes, sino por los esfuerzos por mantener el orden y repeler actos de violencia y vandalismo.
Estos pequeños golpes de autoridad y el respaldo obtenido se dan el mismo día en que los dirigentes sindicales piden a la Iglesia mediar. Sería una mediación “preliminar” y sin deponer la huelga, dijeron.
La huelga se inició el 10 de setiembre convocada por la Unidad Sindical que reúne a organizaciones de salud, educación, energía, municipalidades y telecomunicaciones.
Colaboraron Esteban Oviedo, Sofía Chinchilla, Patricia Recio, Juan Fernando Lara, Ángela Ávalos, Eillyn Jiménez, Joselyne Ugarte y Vanessa Loaiza y los corresponsales Reiner Montero, Andrés Garita, Shirley Vásquez, Alfonso Quesada, Keyna Calderón y Jorge Umaña.
