EscucharMaría Gabriela Díaz Díaz, gerenta general de la Junta de Protección Social (JPS), defendió la decisión de la entidad de hacer pedidos por ¢3.742 millones a una empresa que estaba contratada con un presupuesto de solo ¢150 millones anuales. La firma se llama One Way Technologies S. A., la cual ganó un contrato para suministrar servicios de tecnologías de información (TI) por horas.
La jerarca argumentó que se trata de una contratación de “cuantía inestimable”, es decir, sin un límite establecido. Insistió en que las órdenes de pedido están sujetas al presupuesto de la institución.
Según Díaz, los ¢150 millones que se consignaron en la licitación solo eran un monto de referencia.
“Nosotros no tenemos cómo determinar cuál va ser la cantidad de recursos que se van a asignar. Así como la JPS puede tener ¢100.000, puede tener ¢100.000 millones; lo que no podemos hacer es pasarnos del presupuesto.
“En el contrato lo que se hace es poner un monto de referencia. Ese era el presupuesto que se tenía en aquel momento, pero ese presupuesto puede incrementarse y está en función del objeto contractual. Lo que tenemos es un contrato para desarrollo, no es un contrato de llave en mano”, declaró la gerenta en una entrevista virtual con La Nación el pasado 3 de junio.
Asimismo, María Gabriela Díaz restó importancia al hecho de que a One Way solo se le pidiera una garantía de cumplimiento de ¢4,5 millones por un contrato que ya supera los ¢3.700 millones.
“La garantía va en función de que no teníamos una cuantía estimable, porque es un contrato de cuantía inestimable”, alegó.
La asesora jurídica de la JPS, Ana Marcela Sánchez Quesada —quien también estuvo en la entrevista—, agregó que, si eventualmente la empresa incumpliera el contrato y se requiriera obtener el reembolso de sumas superiores a esos ¢4,5 millones, existen las vías legales para cobrar ese dinero, aunque el proceso judicial pueda tardar años.
Lotería y chances en línea
La gerenta de la JPS defendió que se usara el contrato con One Way para desarrollar el nuevo sitio web de lotería y chances en línea, en lugar de realizar una licitación pública con ese fin.
Tanto ella como la asesora jurídica adujeron que esta era la mejor opción para la institución porque permitía continuar con la operación de la lotería digital sin ningún contratiempo, dado que el contrato del anterior sitio web, www.jpsenlinea.com, expiraba el 18 de mayo.
Según Sánchez, si hubiesen optado por licitación, habría sido imposible sacar el nuevo sitio web a tiempo, pues se exponían a apelaciones y aclaraciones que hubiesen aletargado el proceso.
La JPS había sacado una licitación para desarrollar el proyecto Centauro, con el que se intentó desarrollar el sitio web para la venta de la lotería y los chances en línea, pero el proceso se declaró infructuoso.
Ambas funcionarias fueron enfáticas en que se recurrió a One Way pensando en los beneficiarios de los programas sociales que financia la JPS, los cuales se habrían visto afectados por una reducción en la venta de esos juegos de azar, si el portal no comenzaba a operar a tiempo.
La gerenta de la JPS aclaró que, por ese desarrollo, solo se ha girado una orden de pedido de ¢356 millones. Otras dos solicitudes, que en conjunto suman ¢433 millones, son para desarrollar otro sitio web que entrará a operar en agosto próximo, para la comercialización del resto de juegos de la Junta (3 Monazos, Lotto y Nuevos tiempos) y la lotería electrónica en puntos de venta físicos.
Cuando se le preguntó cuánto costaría ese segundo desarrollo, Díaz dijo que no tenía el monto exacto, pero lo facilitaría al terminar la entrevista; a la hora de publicación de este artículo, no proporcionó el dato, a pesar de que este medio lo volvió a solicitar a través de la oficina de Prensa de la institución.
La jerarca tampoco pudo aclarar si la Junta requerirá contratar a One Way horas adicionales de servicio para el mantenimiento y operación del sitio web de la lotería en línea.
“Eso lo opera directamente la institución, ese proceso se está coordinando con Tecnologías de la Información. Si nos va a generar un costo adicional o no, es una información que no tengo disponible como para dar un dato”, dijo Díaz.
Sostuvo además, que sí se hizo un estudio de razonabilidad de precios para verificar que One Way ofrecía las mejores condiciones del mercado y que el desarrollo no iba a costar más dinero de la cuenta.
Se comprometió a entregar el estudio a este diario, ya que este no aparece mencionado en las actas de la Junta Directiva cuando se discutió el tema; no obstante, todavía no ha sido facilitado.
115 órdenes de pedido
One Way contabiliza 115 solicitudes de pedido; la más alta es de ¢336 millones y la más baja, de ¢1,5 millones. Así consta en los registros del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) del 10 de febrero del 2023 y el 22 de mayo del 2024.
La mayor parte de los ¢3.742 millones proviene de 34 órdenes fechadas en los primeros cinco meses del 2024, periodo en el que contabilizan pedidos por ¢2.014 millones.
Por ejemplo, además del nuevo sitio web de lotería y chances en línea, a esta empresa se le contrató un administrador de proyectos y un desarrollador por ¢40 millones.
Se le hizo otra orden de pedido por ¢187 millones el pasado 28 de febrero, para realizar un perfil de ciberseguridad, administración de proyectos de tecnologías de información (TI), vigilancia de red y virtualización de escritorios para uso remoto.
Hay otra orden por ¢43,4 millones, del 19 de febrero, para “realizar el 100% de las actividades de rutina, correspondientes al período 2024, para atender la gestión y supervisión de ventas”, así como un pedido de ¢37 millones, del 6 de octubre del 2023, para “realizar el 100% de las actividades de rutina para la gestión del recurso humano y prevención de la salud de los colaboradores de la institución durante el periodo 2023″.
Por citar otros casos, figuran otras dos órdenes de compra por ¢172 millones y ¢46 millones, respectivamente, para cuestiones de ciberseguridad; ambas, con fecha de enero pasado.
Desde el 21 de marzo, La Nación contactó al presidente de One Way, Manuel Quirós, a su teléfono celular. Por WhatsApp, pidió que se le enviaran las preguntas por correo. Se le remitieron.
“Lo que le podríamos decir, ahora, es que el contrato se trata de un contrato bajo la modalidad de entrega según demanda y se tramitó como una licitación pública”, adelantó. Diez días después, el 31 de marzo, se le remitió otro correo consultando si iba a responder las preguntas. Hasta la hora de publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta.
