Juan Fernando Lara. 7 junio
Roberto Jiménez Gómez es regulador general de los servicios públicos desde mayo del 2016. En esta imagen, aparece durante una entrevista en el diario La Nación en mayo del 2016 / Foto de: Diana Méndez
Roberto Jiménez Gómez es regulador general de los servicios públicos desde mayo del 2016. En esta imagen, aparece durante una entrevista en el diario La Nación en mayo del 2016 / Foto de: Diana Méndez

El Ministerio Público confirmó este viernes la apertura de una investigación contra el regulador general de los servicios públicos, Roberto Jiménez Gómez, por posible tráfico de influencias.

Este caso se relaciona con presuntas acciones que habría realizado el jerarca de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en favor de los empresarios autobuseros.

La denuncia que dio origen a la causa judicial fue presentada el miércoles por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, ante la Fiscalía General de la República, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.

“Esta se encuentra en la oficina de la fiscala general, donde será revisada en los próximos días; en razón de ello, es toda la información que se puede otorgar”, señaló.

Este viernes se solicitó una reacción del regulador, sin embargo, mediante el departamento de prensa de la Aresep, se informó que emitiría un pronunciamiento hasta el lunes.

Origen

De acuerdo con un comunicado enviado por el legislador, al presentar la denuncia incluyó como prueba un audio donde supuestamente el presidente de una cámara de autobuseros provincial asegura que el regulador se comprometió con los transportistas a elevarle los pasajes.

El diputado también hizo ver que una publicación de La Nación, del 3 de junio, revela la existencia de documentos de la Aresep según los cuales Jiménez propuso a la Junta Directiva de Aresep introducir ajustes tarifarios retroactivos.

Esos ajustes reconocerían a algunos autobuseros alzas que no les habían sido concedidas en el pasado porque incumplían obligaciones.

La gestión se realizó pese a que el artículo 34 de la Ley de la Aresep (Ley 7593) expresa que “las tarifas y precios que fije la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en ningún caso, podrán tener efecto retroactivo".

La gestión, supuestamente se realizó el 7 de diciembre del 2018, cuando Jiménez presentó una propuesta para modificar el método de cálculo de los ajustes extraordinarios, de acuerdo con el acta de la sesión No 71-2018, de la Junta Directiva.

Al final se decidió esperar por un criterio jurídico de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria. Esta se pronunció dos semanas después en el sentido de que la propuesta carecía de motivación y sustento.

Otra causa

La presentada por el legislador sería la segunda causa que la Fiscalía sigue a Jiménez por tráfico de influencias.

La primera se originó en una denuncia anónima según la cual, el regulador habría intervenido en el concurso 69-2016, para el nombramiento de un profesional (categoría) 4. El caso se tramita bajo el expediente 17-000079-1218-PE.

Como parte de las diligencias de esta investigación, el 15 de febrero del 2018, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó el despacho de Jiménez en la Aresep, ubicada en Guachipelín de Escazú.