Roberto Jiménez Gómez, regulador general de servicios públicos, defiende variar una metodología tarifaria para reconocerles a autobuseros alzas de pasajes sin percibir en años anteriores por incumplir requisitos legales. Justo eso que prohíbe expresamente la ley de Aresep.
El artículo 34 de la Ley de la Aresep (Ley 7593) expresa que “las tarifas y precios que fije la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en ningún caso, podrán tener efecto retroactivo".
De todos modos, varios transportistas plantearon a la Aresep valorar lo contrario.
Se trata de la Asociación Cámara de Empresarios Autobuseros, Transportistas Unidos de Guanacaste, Buses Metrópoli S.A., Autotransportes Cesmag S.A., Autotransportes Zapote S.A. y Magasoso de las Lomas del Sur S.A., detalla el oficio N° 652-IT-2018 del 9 de abril de 2018 de la Intendencia de Transportes de la Aresep dirigido al Centro de Desarrollo de la Regulación (CDR).
En el documento, la Intendencia informa al CDR que esas empresas piden recibir alzas no reconocidas en fijaciones anteriores "por situaciones propias de cada empresa, especialmente porque en su momento no cumplían con las obligaciones legales establecidas en el artículo 6 inciso c) de la Ley 7593”, añade el oficio.
Esas obligaciones se relacionan con pagos de impuestos, cargas sociales y leyes laborales. Actualmente, las empresas dicen estar en regla con todo y por eso hacen la consulta, señala el oficio.
Dos veces al año, la Aresep activa una fórmula de cálculo para realizar cambios tarifarios de alcance nacional que reconocen a las empresas sus gastos adicionales debido a alzas de combustibles o aumentos en sus gastos administrativos cada seis meses.
Sin embargo, del 2014 al primer semestre del 2019, la Aresep ha librado de esos aumentos entre el 35% y 55% de las 3.500 tarifas vigentes por incumplimientos de las empresas a cargo de las rutas. Tales falencias pueden ser impago de cargas sociales, impuestos de ley, canon de regulación o incluso que no han entregado sus estados financieros a la Aresep; entre otros.
Oposición de casi todos
El 7 de diciembre del 2018, el regulador Jiménez sometió a la junta directiva de la Aresep una propuesta del CDR para permitir pagos retroactivos de esos ajustes no percibidos. La propuesta era una de varias modificaciones posibles al método de cálculo extraordinario.
Pablo Sauma Fiatt, exdirectivo de la Aresep, afirmó ese día que carecía de sentido discutir sobre ese modelo mientras el tema de los pagos retroactivos no se aclarara, precisa el acta de junta directiva de dicha sesión.
Agregó que una idea así debía presentarse justificada porque la Junta Directiva no está “atajando penales", agrega el acta.
“Se supone que lo que se le presenta al cuerpo colegiado, está revisado por el Regulador General y está claro. Por tanto, si se contara con un criterio jurídico que indique que es posible la retroactividad, me parecería perfecto; pero, en lo personal, no estoy dispuesto analizar ni siquiera una parte de la metodología extraordinaria, hasta que esto no quede claro”, revela el acta de la sesión.
Sonia Muñoz Tuk, otra directiva, también solicitó excluir tal modificación del método porque “para mí la ley de la Aresep es muy clara”, dice el acta.
No obstante, Jiménez Gómez se declaró en contra de excluir el asunto porque aseguró que ese era uno de varios puntos a variar en la metodología y agrega que “incluso hay una información que la Junta Directiva podría conocer para que tenga mejor criterio sobre ese tema”.
Al final, con excepción del Regulador, los otros tres directivos de la Aresep acordaron frenar cambio alguno al método tarifario sin primero disponer de un criterio jurídico de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria al respecto, revela el acta de la sesión No 71-2018 del 7 de diciembre de 2018.
Dos semanas después, esa Dirección respondió en su criterio jurídico que el análisis técnico de la CDR para justificar esos pagos “carece de una debida motivación en cuanto a los hechos, a los fundamentos técnicos y de derecho, que sustenten las razones que justifiquen su adopción”, consigna en su oficio OF-1615-DGAJR-2018 del 21 de diciembre del 2018.
Y agrega: “Las citadas omisiones podrían viciar la conducta administrativa formal que deba tomar el órgano con la competencia decisoria -Junta Directiva-, y en consecuencia, resultar disconformes con el ordenamiento jurídico”.
Regulador insiste
Aún así, el regulador no se da por vencido.
El 9 de mayo anterior, Jiménez Gómez remitió a los directivos una opinión jurídica de Román Navarro Fallas, asesor jurídico de su despacho, “con motivo de la propuesta de reconocimiento de ajustes previos dejados de percibir en la fijación extraordinaria para autobuses", señala su oficio OF-0358-RG-2019 en poder de este diario.
"Con el fin de que sea utilizado como insumo en el análisis realizado por el CDR y por la fuerza de tarea que se ha designado sobre el tema que nos ocupa”, indica el documento al respecto de la opinión jurídica de uno de sus asesores que, confirmó este diario, sí apoya reconocerles las alzas de años anteriores a los transportistas.
La Nación consultó a Jiménez cuáles eran sus motivaciones para impulsar reconocimiento.
El área de prensa de la Aresep respondió descartando un vínculo del regulador con el asunto porque, dice, se trata solo de una propuesta técnica de los autobuseros a la Intendencia de Transporte que luego pasó al análisis del Centro de Desarrollo de la Regulación y equipos técnicos.
“Son las instancias técnicas las que han procedido a analizar este aspecto, y no interviene el Regulador General. La Junta Directiva valorará tanto el criterio del CDR y el de la Dirección Jurídica”, respondió prensa de Aresep.
Sin embargo, Pablo Sauma Fiatt, revela en su informe de gestión como miembro de la Junta Directiva de la Aresep (8 de mayo del 2013 al 7 de mayo del 2019) otra situación.
En referencia a esta propuesta, Sauma Fiatt afirma que, personalmente, muchas veces le ha llamado la atención que en las sesiones de Junta Directiva cambios en las metodologías lo único que hacen es agregar costos que se traducen en aumentos en la tarifa, en detrimento de los usuarios.
Según él, lo correcto es hacer una evaluación integral de la metodología con la cual se mejoren la estimaciones de costos, tanto cuando las mismas resultan en aumentos como cuando resultan en reducciones.
“Sin embargo, el señor Jiménez Gómez ha hecho caso omiso de este llamado de atención, e insiste en seguir presentando propuestas para modificar la metodología agregando costos y aumentando tarifas”, asegura.