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La empresa autobusera Biusa, encargada de la ruta San José-La Uruca y ramales, perdió el permiso para dar ese servicio.
La decisión del Consejo de Transporte Público (CTP) fue notificada a la compañía la mañana de este lunes.
El acuerdo, tomado por la Junta Directiva del CTP el 2 de mayo, establece que el propietario de la compañía, Raymond Salim Simaan Khachab, incurrió en una falta grave al suspender el servicio de autobús sin autorización.
El empresario paralizó los recorridos el 13 de junio del 2017 para presionar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y así obtener una tarifa más alta.
La tarifa vigente es de ¢225, pero la firma pretendía pasajes entre ¢300 y ¢350.
La medida de presión dejó sin transporte a los vecinos de La Carpio, La Peregrina, León XIII, barrio Corazón de Jesús y la Rositer Carballo, entre otras comunidades.
De acuerdo con datos de Biusa, 44.000 personas realizan esos recorridos cada día.
La resolución del CTP indica que Biusa continuará con la prestación del servicio solo por tres meses más, mientras las autoridades consiguen un nuevo operador.
“Para el Consejo de Transporte Público hubo certeza absoluta del incumplimiento injustificado de una obligación legal por parte del operador de un servicio público, lo cual violentó la continuidad del mismo, ello con grave perjuicio de los derechos de los usuarios del servicio”, dijo Mario Zárate, director ejecutivo del CTP.
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Voceros de Biusa indicaron que manifestarán su criterio mediante un comunicado de prensa, en las próximas horas.
No obstante, adelantaron que apelarán la medida ante el Tribunal Administrativo de Transporte.
No es la primera vez que Simaan Khachab se ve involucrado en conflictos con el CTP y la Aresep.
El 27 de junio del 2017, otra de las empresas a su nombre, Transportes Guilial S. A., comunicó que dejaba de operar las rutas San José-Barrio Escalante-UCR, San José-Barrio México y San José-Barrio La Cruz.
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Su argumento para el retiro fue que la Aresep se negaba a darles tarifas más altas, situación que les impedía mantener sus funciones.
Millonario financiamiento a político
En la pasada campaña política, el empresario autobusero también fue sujeto de noticia, al convertirse en el principal comprador de bonos para la campaña presidencial del abogado Juan Diego Castro, aspirante por el Partido Integración Nacional (PIN).
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Según datos aportados al Tribunal Supremo de Elecciones, el autobusero desembolsó ¢1.073 millones.
El aporte de Simaan Khachab al PIN se dividió en ¢56,5 millones en calidad de préstamo, y el resto por adquisición de bonos de deuda política, según el oficio TPIN-026-2017.
