El incidente que rodeó la llegada a Costa Rica de la bloguera canadiense experta en viajes, Tori Hunter, quien ingresó por el aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste, repercutió en medios nacionales e internacionales.
Hunter es una joven de 26 años con discapacidad. Se moviliza en silla de ruedas. Al llegar a Costa Rica e ingresar por el aeropuerto de Liberia, fue cargada por funcionarios de la terminal para bajar del avión pues, a su llegada, no había rampa ni dispositivo alguno adaptado para facilitar el desembarque de personas con discapacidad.
Esto sucedió en mayo anterior. Hunter contó la experiencia en su sitio en Instagram, y los medios como la BBC replicaron su historia.
“Esta soy yo, siendo llevada por un tramo de escaleras en una silla de pasillo rota, sin apoyabrazos, correas que no se apretarían lo suficiente como para mantener mi cuerpo dentro, y ruedas delanteras rotas. Nunca me informaron de que esta sería la forma en que tendría que desembarcar del avión, y ni siquiera me pasó por la mente dado que este aeropuerto sí utiliza puentes de embarque. (...) No hablábamos el mismo idioma, así que continuaron sin entender mis repetidos ‘no’. Nunca en mi vida me he sentido tan fuera de control y tan desconectada de mi propio cuerpo”, comentó la bloguera en ese momento.
Lo sucedido a la canadiense motivó a la Defensoría de los Habitantes a abrir una investigación de oficio, durante la cual encontró deficiencias en el cumplimiento de las normativas de accesibilidad, situación que “afecta gravemente” los derechos de las personas con discapacidad, indicó la institución. La Defensoría emitió recomendaciones al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis) y a las autoridades de la Dirección de Aviación Civil con el fin de garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad. Las medidas cubren a las empresas concesionarias de los aeropuertos, informó la Defensoría.
“La ausencia de rampas y otros equipos necesarios contraviene tanto la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7.600) como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el país. “Es importante subrayar el gran impacto que el turismo extranjero genera en la economía nacional, así como la marca particular de nuestro país en respeto a los Derechos Humanos tanto en la protección del medio ambiente y sus diversas expresiones, como también a los derechos que tutelan la dignidad de las personas”, sostiene la Defensoría.
Lo sucedido a Tori Hunter en mayo, concluye la Defensoría, afectó la imagen del país. Para esta institución, esto “debe llevar a las autoridades públicas a revisar y fortalecer las acciones para garantizar las obligaciones internacionales”.
Recomendaciones ante lo ocurrido a bloguera canadiense
La Defensoría emitió varias recomendaciones:
A la Dirección General de Aviación Civil:
- Coordinar con la Dirección Técnica del Conapdis para la adecuación de las normas y criterios de evaluación del cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico en materia de los derechos de las personas con discapacidad.
- Hacer una nueva revisión de las condiciones de accesibilidad del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós y otros aeropuertos concesionados.
- Reunirse con representantes de las empresas concesionarias para las adecuaciones que se requieran e informar el resultado de las acciones que se realicen para el cumplimiento de las recomendaciones señaladas.
Al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad:
- Informar sobre el resultado del proceso de fiscalización realizado en el aeropuerto de Liberia y las acciones de coordinación con la Dirección General de Aviación Civil.
- Indicar cuál será la instancia interna responsable de este proceso.
- Remitir copia del plan de trabajo.
La Nación solicitó reacción a este informe a Coriport, empresa a cargo de la terminal aérea de Liberia, al Conapdis y a Aviación Civil. Solo esta última no ha respondido.
César Jaramillo, vocero de Coriport, empresa concesionaria de la terminal de Liberia, confirmó este jueves, por medio de su oficina de prensa, que han sostenido conversaciones con la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) a raíz del incidente con esta pasajera, ocurrido el pasado 24 de mayo. Recalcaron que el hecho sucedió en el área de la plataforma, cuya gestión está a cargo de la DGAC.
“A esta fecha, no hemos sido informados de ajustes a los procedimientos o sanciones a quienes hayan incumplido con ocasión de este desafortunado incidente que afectó la reputación del destino Guanacaste.
“Sin embargo, nos hemos puesto a disposición de las autoridades para que realicen cualquier evaluación adicional de nuestras instalaciones, aunque el manejo del área del incidente está fuera de nuestra competencia directa por ser en el lado aéreo”, afirmó Jaramillo.
El gerente confirmó que, semanas atrás, fueron visitados por funcionarios de Conapdis. “Actualmente, estamos a la espera de su informe, manteniendo siempre nuestra disposición para seguir mejorando la experiencia de todos nuestros pasajeros y cumpliendo con las normativas de accesibilidad”, afirmó Jaramillo quien aseguró que Coriport está comprometido en ofrecer un “servicio seguro, accesible y confortable” para los usuarios, especialmente aquellos con movilidad reducida.
Por su parte, Bilbia González Ulate, directora ejecutiva del Conapdis, informó de que recién sucedido el evento en Liberia, se coordinaron con Aviación Civil las acciones para reforzar el acceso al entorno físico y a los demás espacios de las terminales aéreas.
“Desde nuestra Dirección Técnica se realizó un proceso de fiscalización, que incluyó la inspección de la terminal aérea de Liberia por parte del arquitecto institucional. Con base en este informe, se brinda asesoría a la DGAC para realizar las modificaciones necesarias en el ámbito de la accesibilidad física y al servicio que brinda el personal del aeropuerto”, manifestó González por medio de su oficina de prensa.
Nota actualizada a las 4:18 p.m. del 7 de noviembre, con reacción de Coriport y Conapdis.