“Si ellos tienen que ingresar y acribillar a su objetivo mientras está con otros haciendo fila o esperando medicinas en el hospital, lo van a hacer. Ellos no esperan. Es el efecto túnel: no están pensando si hay una víctima inocente a la par de su objetivo. No van a preocuparse por eso”.
La escena la describe Tania Molina Rojas, consultora en Criminología, para explicar hasta dónde podría llegar el nivel de violencia si no se frena el acelerado aumento del crimen organizado en Costa Rica.
Y ya ha pasado. Dos veces, frente al Hospital México. La primera, el 7 de febrero del 2024. Ese día, un taxista informal resultó herido de bala colateralmente durante un tiroteo entre ocupantes de varios vehículos en las inmediaciones del puente Juan Pablo Segundo, en La Uruca.
La segunda vez, el 18 de octubre del 2023, Adolfo Castañeda García, 25 años, murió asesinado a balazos cuando venía saliendo de una consulta nutricional en este centro médico. El asesinato se dio en la zona donde pacientes y funcionarios esperan los buses.
“Costa Rica no estaba acostumbrada, como le sucede también a Uruguay y a Chile; como le pasó a Ecuador. Hay una composición actual del crimen organizado que ha llevado a esas organizaciones a un crecimiento rápido de sus mercados. Esas manifestaciones de violencia van a repercutir sobre todo el tejido social, y los sistemas de salud serán uno de sus focos”, advierte la experta.
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Los centros de salud, públicos y privados, dijo Molina, deberían contar con protocolos para heridos de armas de fuego. Sin embargo, según dijo, el sistema médico no suele estar en capacidad de atender estas situaciones de emergencia.
“Ya hemos tenido varios casos en los que (los delincuentes) han ingresado a las instalaciones a disparar para asesinar o rematar a alguien del bando enemigo. Vienen de emergencia personas que están baleadas porque pertenecen a una banda. Queda en evidencia cómo la criminalidad altera todo: atenta contra el Estado de derecho, contra el sistema democrático y la institucionalidad. Contra todo”, agrega Molina.
Los servicios médicos estarán entre los que más sufrirán las consecuencias del incremento en la cifra de homicidios y de víctimas de armas de fuego.
La pregunta que se hace es cómo van a hacer hospitales y clínicas para atender todas las emergencias, pues los casos derivados del crimen organizado desplazarán a los que ingresen por otras causas.
“En los hospitales, invertir en seguridad se ha visto como un gasto y no como una inversión. No invierten en protocolos ni en procedimientos. Todo está rebasado. Así está el Poder Judicial, así está el OIJ (Organismo de Investigación Judicial), así está la morgue”, afirma Molina.
Recordó que hace pocos días, en tan solo 48 horas, cinco personas fueron asesinadas debido a pleitos entre bandas criminales. La morgue se llenó con esos cuerpos y los técnicos o disectores son pocos.
Los hospitales caen en la misma situación.
“Uno puede caminar en los hospitales y clínicas para arriba y para abajo el grueso del tiempo, y no es en todas partes que a uno lo pasan por detectores, pero vamos a llegar a eso.
“No hay protocolos porque no se pensaba en esa posibilidad que existe hoy, absoluta, del ingreso de delincuentes con armas de fuego que llegan a acribillar a sujetos que son sus objetivos. Este riesgo sucede tanto en lo público como en lo privado”, indica Molina.
¿Qué hacer para reducir riesgo en hospitales?
La consultora en Criminología recomienda tener un protocolo en caso de tirador activo para que funcionarios y usuarios de los servicios sepan cómo reaccionar.
“En los colegios, en las escuelas, en los centros médicos aún no quieren entender lo que está pasando, cómo el fenómeno ha crecido y cómo los delincuentes se han empoderado. Si ellos tienen que meterse a un hospital a rematar a un contrario, se van a meter y saben que hay posibilidades de ingresar porque no se les hace filtros y no hay detección de metales”, señala Molina.
Los delincuentes hoy cargan con armas pesadas: AR-15, que son las preferidas para los tiroteos en Estados Unidos, y AK-47, que es armamento de guerra.
Pero Costa Rica, advierte Molina, sigue con una visión de los años 80 o 90, donde el peligro más alto era enfrentarse a los llamados “chapulines”, o bandas de menores que robaban cadenas y dinero en las calles.
La composición actual del crimen organizado es otra cosa. Es un fenómeno distinto, hay que cambiar la narrativa sobre el crimen organizado, reiteró.
La experta explicó que el país está en la segunda etapa, de tres, en esa escalada de violencia, que se caracteriza por la pugna de control de territorios y por la cantidad tan alta de homicidios y ataques con mucha violencia.
En América Latina, agrega Molina, se vive una cuarta ola de delincuencia que según su pronóstico llegará a Costa Rica.
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Los centros de salud, dice la criminóloga, están obligados a elevar las medidas para reducir el riesgo de que estos grupos lleguen a ejecutar personas a los servicios médicos.
“Ahí es donde las clínicas y centros médicos tienen que estar preparados para repeler un ataque armado, que se va a dar en hospitales donde estamos usted o yo esperando la cita para la mamografía.
“Ellos llegan fuertemente armados porque además entienden que los protocolos prácticamente no existen, que no se van a topar con una barrera. Y los oficiales de seguridad en la mayoría de los casos están desarmados. No hay barreras, no hay detectores de metal, no hay esclusas...”, advirtió.