Las tres personas detenidas el sábado en una casa en San Francisco de Heredia tenían un arsenal de guerra en su poder. Además de tres granadas de fragmentación con poder destructivo en un radio de 10 metros, también tenían fusiles, pistolas y municiones a granel, cocaína, ketamina y ¢20,5 millones en efectivo.
Entre los fusiles, la Policía se incautó de AR-15, AK-47, M16 y Galil.Todos son de uso militar y su comercialización y uso están prohibidos entre la población civil. Por ejemplo un fusil Galil calibre 5.56mm, operado por gas, tiene un alcance efectivo de 600 metros. Los detenidos, dos nicaragüenses y una costarricense se exponen a severas penas de cárcel por la tenencia de armas prohibidas y por infracción a la ley de Psicotrópicos.
Se trata de dos hombres de apellido Rivera, nicaragüenses de 35 y 39 años, así como una mujer de apellido Pavón, de 61 años, detenidos por la Fuerza Pública en San Francisco de Heredia la noche del sábado, luego de amedrentar con arma pesada a un conductor en el centro de Heredia.
En una acción funcional dirigida por la Fiscalía, los agentes judiciales allanaron la propiedad en la Lilliana en San Francisco de Heredia el domingo desde las 10 a. m. y hasta avanzada la noche y en uno de los aposentos de la casa allanada se encontraron los 50 kilos de marihuana apilados en paquetes.
En otras secciones aparecieron 37 armas, así como el dinero en efectivo que les decomisaron junto a la droga y al Toyota Land Cruiser que tenían.
La Fiscalía Adjunta de Heredia informó a las 4:30 p. m. que aún no ha solicitado medidas cautelares, ya que seguía pendiente la audiencia ante el Juzgado Penal de la zona.
Añaden que la causa se investiga dentro del expediente 23-007356-0059-PE, en contra de las tres personas imputadas.
Armas y granadas para amedrentar a grupos rivales
Gerardo Castaing, experto en criminología y exjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó que cada vez es más común ver ese tipo de armamentos en manos de pandillas que presumen de poderío.
Afirmó que desde 1993 se han detectado armas como lanzacohetes y bazucas en manos de pandillas, algunas de las cuales han hecho uso de ese armamento contra la Policía.
Llamó a las autoridades a que, debido al momento histórico actual, donde la cantidad de homicidios, perpetrados mayoritariamente por esas agrupaciones, se aplique todo el peso de la ley contra quienes portan esas armas que muchas veces provienen del desarme de la guerrilla relacionada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo con la reforma a la legislación aprobada en el 2019 en el expediente N.° 20.508, que reforma la Ley de Armas (N.° 7530), la pena por poseer, comprar, vender, exportar, ocultar, fabricar o usar armas prohibidas será de entre 4 y 8 años de prisión.
Las tres personas detenidas también se exponen a penas de hasta 15 años de prisión, por la tenencia de droga, según la Ley de Psicotrópicos.
“Las armas militares, son cada vez más comunes, muchas vienen de Colombia y de Venezuela, junto con cargas de cocaína, mientras que las AK-47 ingresan por la barra del Colorado en la frontera con Nicaragua”, dijo Castaing.
Añadió que las granadas son usadas para amedrentar a organizaciones rivales y dijo que el Poder Judicial debe sentar un precedente y aplicar lo que la reforma buscaba en estos casos que es desestimular con altas penas el uso de este armamento.
Por su parte el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, coincidió con el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien habla de la operación de minicarteles en el país. Además, considera que tal cantidad de armamento militar emula la forma de actuar de los grupos narco mexicanos como los Zetas.
“Lamentablemente estas armas demuestran una intencionalidad de uso de fuerza superior, que puede ser utilizada contra otras bandas o contra la Policía” dijo.
