Cinco años pasarán, al menos, para que se conozca la sentencia judicial que aclare la legalidad o ilegalidad del acuerdo firmado entre la CCSS y los sindicatos el 20 febrero.

En ese acuerdo, el presidente ejecutivo, Román Macaya, asesorado por su Departamento Jurídico, le garantizó a los 57.000 funcionarios el pago porcentual de anualidades y pluses, contrario a lo que dicta la ley de reforma fiscal, la cual ordena que debe ser un monto fijo.

El lunes, para poner fin a la huelga de una semana en hospitales y clínicas, el Gobierno, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los sindicalistas, optaron por elevar el caso al Tribunal Contencioso-Administrativo, para que declare la legalidad o ilegalidad del acuerdo firmado por Macaya.

Mientras tanto, la Caja seguirá con el pago porcentual, lo cual contradice la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma fiscal) y también deja en desventaja a miles de funcionarios del Gobierno Central a los que se les eliminó esa forma de remuneración y se les cambió a monto nominal.

¿Cuánto tiempo durará el juicio por lesividad que planteará la CCSS ante los tribunales?

Lograr esa anulación o, por el contrario, como esperan los sindicatos, legitimar el acuerdo de febrero, implicará un proceso de muchos años en la vía contenciosa administrativa, coincidieron, por aparte, dos expertos en Derecho consultados por La Nación: el constitucionalista Rubén Hernández Valle, y el laboralista de BDS Asesores Jurídicos, Rónald Gutiérrez Abarca.

"El problema es que hoy día la jurisdicción contenciosa tiene muchos asuntos. Está durando un promedio dos años en resolver en primera instancia. Luego, la Sala Primera (de la Corte Suprema de Justicia) está aún más atiborrada y está tardando, en promedio, tres años en resolver un recurso de casación.

“Eso significa que saber si esa determinación es lesiva o no, va a durar cinco años. El problema es que durante estos cinco años la Caja va a tener libertad para no aplicar la reforma fiscal, que es lo que quieren lo sindicalistas”, afirma Hernández Valle.

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, se declaró "en total desacuerdo con lo llevado adelante en la Caja”, pues fue ella la que promovió ante los diputados el pago nominal para reducir el crecimiento del gasto exponencial en pluses. Solo la CCSS eroga ¢540.000 millones al año.

También está en desacuerdo la Contraloría General de la República.

“El propósito esencial de la Ley de Fortalecimiento es la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas, cuyo impacto es para toda la población.

"Preocupa, por tanto, a esta Contraloría que en este momento crucial se esté resquebrajando el propósito fundamental forjado con el esfuerzo de diferentes actores, por cuanto el equilibrio económico y social es responsabilidad de todos los sectores sin excepción”, manifestó la entidad por medio de su oficina de prensa.

De hecho, siete diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) iniciaron un proceso para que la Contraloría declare nulo el acuerdo del 20 de febrero y el del lunes, que puso fin a la huelga, pues consideran que no es necesario llegar a la vía judicial para anularlos.

Durante la huelga de ocho días, según el recuento de la CCSS, 82.000 pacientes citas; 1.664 las cirugías y 20.489 los diagnósticos.

Parte interesada llevará el caso

El proceso de lesividad que planteará la CCSS ante el tribunal se empezará a gestionar por medio de la Dirección Jurídica de la Caja, confirmó este martes Macaya.

Esa dirección es la misma que, en su momento, asesoró y avaló a las autoridades de la Caja para firmar el acta del 20 de febrero bajo un supuesto marco de legalidad vigente en ese entonces. También sus funcionarios reciben los beneficios salariales que la reforma fiscal pretende frenar.

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Cuando se solicita la lesividad, es porque la Administración –en este caso, la CCSS– busca anular actos propios que le resultan perjudiciales. Para esto, recurren al Tribunal Contencioso Administrativo.

“La Caja, como administración y autora de ese acuerdo suscrito con los sindicatos, le solicita a la autoridad judicial que ese acto declarativo de derechos sea nulo o se declare nulo.

"De previo a iniciar este proceso judicial, la propia institución debe declarar, a lo interno, el acto como lesivo a los intereses públicos o económicos”, explicó el abogado Rónald Gutiérrez, haciendo referencia a que la Junta Directiva de la CCSS debe declarar los acuerdos como dañinos para sus intereses.

Ese es el primer paso de un trayecto muy largo, regulado en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

“Si está correctamente fundamentado, se le da trámite. Después de eso, las propias organizaciones sindicales o los funcionarios podrían ser parte del proceso, si consideran que ven afectados derechos o intereses legítimos relacionados con el acuerdo que se está cuestionando”, agregó Gutiérrez.

¿Hasta cuántas personas pueden ser parte de este proceso?

Las que sientan que sus derechos e intereses se vean lesionados. Cualquiera de los 57.000 empleados de la Caja podría presentar escritos con alegatos de por qué el acuerdo es válido y no es lesivo o contrario a los intereses de la administración.

Y esto desencadenará una serie interminable de pases, entre Tribunal y partes interesadas, mientras el tiempo a corre.

“Eso puede pasar pero es la forma de usar la institucionalidad de un país para poner fin a la huelga. Algunos nos han preguntado: ‘¿Eso podrían haberlo hecho sin un acuerdo?’, pero eso no hubiera terminado la huelga”, defendió Macaya Hayes, sin entrar en detalles.

Se eligió el camino más largo

Cuando la propia administración pública considera que una de sus actuaciones puede tener vicios o irregularidades de nulidad, tiene dos caminos: el primero, recurrir a solicitar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta. El otro, iniciar el proceso de lesividad.

Este último depende de un juez y de todo un trámite que puede extenderse por varios años. Iniciado el proceso, todo quedará sometido a la voluntad de un tercero (autoridad contenciosa administrativa), quien determinará la validez o no de lo acordado sobre las anualidades y pluses en febrero.

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“El otro proceso de nulidad absoluta, evidente y manifiesta es más sencillo, expedito y más rápido, pero los vicios de nulidad deben ser muy notorios.

"En ese escenario, si las irregularidades son notorias, el proceso de nulidad no requiere ir a vía judicial. Se le solicita a la Procuraduría General de la República o a la Contraloría que emita un dictamen avalando que existe nulidad”, explicó Ronald Gutiérrez.

Para Hernández Valle, la Caja debió aplicar el decreto ejecutivo emitido en mayo donde se aclaraban los alcances de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o reforma fiscal (número 9635).

"Eso hubiera obligado a los sindicalistas a impugnar ese decreto en los tribunales y que en cinco años les digan que están equivocados. Mientras tanto, se aplica la reforma fiscal.

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“Al decir que tienen que declarar lesivo ese acuerdo, están admitiendo expresamente que ese acuerdo es nulo. Pero más grave aún es que el acuerdo de febrero es prácticamente igual al de ahora, y si es básicamente igual implícitamente están aceptando que el acuerdo de ayer (lunes) es nulo también”, advirtió Hernández.

Para el constitucionalista ahora lo que puede pasar es que haya una responsabilidad personal de quienes suscribieron los documentos porque estarían firmando algo que es nulo.

“Este precedente que se sienta es funesto”, opinó el abogado.

Malestar y preocupación

Ante consulta de este diario, la Contraloría General de la República manifestó su preocupación.

Para la Contraloría, "los tomadores de decisiones se muestran incongruentes con las posiciones que están tomando con respecto a la CCSS, a las universidades y a las municipalidades, relacionadas con la aplicación de la reforma y de la regla fiscal, lo cual en el corto y mediano plazo puede traer graves consecuencias económicas y sociales para el país”.

Por su parte, diferentes cámaras empresariales manifestaron su malestar y repudio al acuerdo del lunes.

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) lo calificó como “una bofetada” al sector productivo y “una terrible concesión de las autoridades a exigencias insostenibles a futuro, que sientan las bases para que otras entidades públicas y autónomas vayan con debida justificación a exigir el mismo tratamiento otorgado a los sindicatos de la Caja”.

Para la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), el proceso de lesividad “es una maniobra burda”.

“Todos sabemos que un juicio de esa naturaleza tardará años, y mientras tanto los trabajadores de la CCSS seguirán disfrutando beneficios insostenibles mientras el resto de la población paga la factura”, manifestó.

Colaboró la periodista Irene Vizcaíno, editora de Nacionales