Ángela Ávalos. 19 septiembre
María del Carmen Sobalbarro, vecina de Alajuela, acudió el 5 de agosto al hospital de esa provincia por una cirugía ambulatoria para un cáncer de piel. La operación no se le realizó por la huelga de empleados, a la cual se sumaron médicos especialistas. Foto: Jorge Castillo
María del Carmen Sobalbarro, vecina de Alajuela, acudió el 5 de agosto al hospital de esa provincia por una cirugía ambulatoria para un cáncer de piel. La operación no se le realizó por la huelga de empleados, a la cual se sumaron médicos especialistas. Foto: Jorge Castillo

La huelga de ocho días que paralizó servicios de salud en todos los Ebáis y hospitales públicos del país fue ilegal.

Esta fue la resolución del Juzgado de Trabajo de San José mediante sentencia 2019001607, del 18 de setiembre, emitida a las 6:51 p. m. Fue redactada por la jueza Carmen Paniagua Hidalgo.

Del 5 al 12 de agosto, cuando se llevó a cabo la protesta por parte de un grupo de empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se dejaron de hacer más de 1.600 operaciones, 120.000 exámenes y procedimientos diagnósticos y se cancelaron unas 80.000 citas con médicos generales y especialistas.

La solicitud de declaratoria del movimiento fue planteda por la entidad desde el primer día de protesta.

Este fallo, sin embargo, aún no está firme, pues es podría ser objeto de apelaciones ante el Tribunal de Trabajo.

Además, según decisiones de los jueces de trabajo, aunque la huelga sea ilegal no es posible realizar rebajos salariales por los días no laborados. En este momento, precisamente, se discute un proyecto de ley para poder aplicar la sanción; el texto está en consulta ante la Sala Constitucional.

En diciembre de 2018, el Tribunal confirmó la ilegalidad de la protesta que se prolongó un mes y costó a la entidad unos ¢12.000 millones, al tiempo que advirtió la imposibilidad de hacer rebajos.

Acuerdo polémico

La huelga de ocho días terminó el 12 de agosto luego de que el Gobierno, autoridades de la CCSS y sindicatos firmaron un acuerdo en el cual la Caja se comprometió a iniciar en un tribunal contencioso un proceso de lesividad para aclarar el diferendo sobre el pago de anualidades y pluses a más de 57.000 empleados de la institución.

Finalmente, un criterio emitido por la Contraloría General de la República el 5 de setiembre, ordenó a la Caja ignorar ese acuerdo y el firmado el 20 de febrero, decisión que la obliga a pagar anualidades y pluses como lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o reforma fiscal: calculados como montos fijos y no como porcentajes del salario, tal y como pretendían los sindicatos.

Los sindicatos, unidos en el autodenominado Frente Sindical para la Defensa de la CCSS, han interpuesto acciones legales en tribunales contenciosos y laborales, así como ante la Junta Directiva de la Caja para hacer valer lo que ellos llaman derechos adquiridos.

El 5 de setiembre, el Juzgado de Trabajo de San José también declaró ilegal la huelga en servicios de salud del 4 de julio.

Colaboró la periodista Vanessa Loaiza