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El acuerdo entre la CCSS y sus sindicatos no es solo una rendición, sino una burla al Estado de derecho. El documento avala la ilegalidad, erosiona la institución y amenaza el derecho a la salud.

La resolución del Tribunal en que se basa el Juzgado, establece que para declarar legal o ilegal los movimientos atípicos, los jueces deberán preguntarse si esa huelga cumple con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, como lo determina la OIT.

La declaratoria de ilegalidad de una huelga le permite a una institución pública exigir a sus trabajadores la deposición del movimiento y el retorno a sus funciones en un plazo de 24 horas.