Quien necesite comprar una caja de 30 tabletas de Artovastatina, pastilla que ayuda a reducir el llamado “colesterol malo” y los triglicéridos, encontrará diferencias abismales en el precio, hasta de un 35% entre distintas farmacias.

Ese fármaco puede costar ¢25.962,41 en un establecimiento; ¢17.166,15 en otro, ¢16.342 en el tercero, según un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), de junio del 2019.e

El Estudio del Mercado Privado de Medicamentos a Nivel Detallista en Costa Rica es uno de los insumos que el Poder Ejecutivo tiene para impulsar varias iniciativas tendientes a aumentar el acceso de la población a estos productos en el sector privado, con una reducción de precios.

Daniel Salas Peraza, ministro de Salud, confirmó a La Nación que en este momento trabajan en un proyecto de ley que llevarían a la Asamblea Legislativa en febrero. La intención dijo, es “garantizar que los precios a nivel privado desciendan”.

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Salas reconoció que el costo de los medicamentos en farmacias privadas costarricenses es uno de los más altos de Latinoamérica y el mundo. En Nicaragua, por ejemplo, los fármacos cuestan un 25% de lo que valen en Costa Rica; y en Honduras la mitad, según datos del MEIC.

"El proyecto de ley lo que busca es ese balance entre el precio de ingreso al país (conocido como CIF), la cadena de distribución, los márgenes de ganancia y el fortalecimiento de la farmacovigilancia.

“Es un proyecto que está en evolución. Hay una conciencia del Gobierno de impactar la política de medicamentos y que se sienta verdaderamente una disminución en el precio para que haya más acceso”, explicó Salas.

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La propuesta se suma a varios decretos que están en proceso; entre estos, uno para que los médicos prescriban un fármaco pero no con marca, sino con la denominación común internacional (DCI), o principio activo del medicamento.

Otro decreto permitiría las importaciones paralelas, es decir, que ponen en circulación productos no falsificados importados de otro país sin el permiso del dueño de la propiedad intelectual.

Muchos millones están en juego

Esta no es la primera vez que el Ejecutivo habla de proyectos para bajar el precio de los fármacos en las farmacias privadas.

Rogelio Pardo Evans, ministro de Salud de 1998 al 2002, impulsó desde su despacho varias acciones para conseguir ese objetivo, sin lograrlo durante sus cuatro años en el puesto. Pardo firmó, en un solo mes (agosto de 1998), seis decretos para abrir el mercado a la libre competencia y estimular una baja en los precios.

Hace tan solo cinco años, la entonces ministra María Elena López anunció la creación de un sistema de monitoreo de precios de medicinas, que sería alimentado por los consumidores desde sus celulares.

Según ella, esto disminuiría “las grandes diferencias entre farmacias para los mismos productos”. El sistema debía ser desarrollado por el Gobierno Digital, pero no prosperó.

¿Qué haría hoy la diferencia entre este nuevo impulso desde el Ejecutivo y sus antecesores? Según Salas, la decisión de llevar a acabo esta estrategia integral es del más alto nivel.

“(...) en este caso, el Presidente (Carlos Alvarado Quesada) y el ministro de la Presidencia (Víctor Morales Mora) están muy claros de que eso es lo que queremos impulsar”, aseguró.

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El mercado privado de medicamentos en Costa Rica maneja montos cercanos a los $550 millones anuales, según la investigación del MEIC. Al sumar a la CCSS, institución que concentra la inversión pública en ese rubro, llegaría a los $1.000 millones anuales.

También el gasto de los hogares es significativo. Para el 2017, superó los ¢190.000 millones, de acuerdo con datos del MEIC. Un 71% de ese gasto fue realizado por personas de los quintiles 4 y 5, que registran los mayores ingresos.

Cadena de valor

En Costa Rica, además, están registradas 5.700 patentes de medicamentos; de ellos, solo 47 tienen bioequivalencia, informó la Asociación de Farmacéuticos y Propietarios de Farmacias Independientes de Costa Rica (Afaprofaco).

Pero el funcionamiento del mercado no es el ideal, explicó Arnoldo Trejos Dobles, director de Investigaciones Económicas y de Mercados, del MEIC, y uno de los responsables de revisar el estudio de junio anterior.

Trejos confirmó que el mercado privado de medicamentos en Costa Rica es un oligopolio, pues está concentrado en pocas manos. Son empresas que controlan los precios y hacen muy difícil que otros actores ingresen a participar en igualdad de condiciones.

Sin mencionar nombres, Trejos informó de que cuatro droguerías (responsables de distribuir los medicamentos en las farmacias) son las que tienen el 70% del mercado privado.

En Costa Rica, hay 221 droguerías, participan 77 laboratorios (entre nacionales y extranjeros) y funcionan 1.167 farmacias privadas. Esta es la llamada cadena de valor.

Aquí se da lo que se conoce como integración vertical del mercado. En el caso de los fármacos, hay droguerías y farmacias que forman parte de las mismas cadenas y acaparan el mercado en detrimento de farmacias independientes, las cuales no pueden manejar precios ventajosos para el consumidor porque no gozan de los mismos beneficios.

“La cadena de valores del mercado está mal distribuida. Hay concentración y esto genera poderes excesivos en una parte de la cadena. Esto causa que el acceso a los medicamentos por parte de los detallistas no sea la misma”, agregó Trejos.

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Uno de los resultados más evidentes son las diferencias de precio en un mismo medicamento, que obligan a los consumidores a realizar un intenso ejercicio de comparación entre negocios para encontrar el que más favorezca a la economía familiar.

En el informe del 2015, el MEIC recomendó al Ministerio de Salud intervenir para detener un mercado “que se comporta como si fuese de consumo masivo y no lo es, atentando contra la salud pública”.

En ese estudio se instó, incluso, a acusar internacionalmente a aquellas farmacéuticas a las que se les demostrara prácticas anticompetitivas o desleales.

Para el estudio del 2019, el MEIC seleccionó una cadena de 20 fármacos y revisó sus costos según tres tipos de farmacias. Este es uno de los resultados de esa revisión:

Apoyo, pero con condiciones

La directora ejecutiva de la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), Victoria Brenes, considera que Costa Rica tiene un mercado farmacéutico altamente competitivo.

“Esto lo demuestra el hecho de que por cada área terapéutica existen gran cantidad de productos a diferentes precios. Por ejemplo, si hablamos de una de las áreas terapéuticas más importantes en este país, dolor, existen más de 190 medicamentos, cuyos rangos de precios proporcionan una opción para ‘cualquier bolsillo’", afirmó.

Esa Federación, integrada por 18 laboratorios farmacéuticos de los más importantes en el mundo, ha presentado a las autoridades nacionales dos planteamiento para que los fármacos garanticen la calidad y seguridad.

El primero, mencionó Brenes, es el establecimiento del requisito de bioequivalencia a la hora de registrar los productos. Esto, afirma, garantizaría una calidad, seguridad y eficacia equivalente al medicamento innovador o de referencia.

El segundo planteamiento de Fedefarma propone crear un observatorio de precios para dar visibilidad a los costos de un mismo producto en diferentes establecimientos, y emita alertas a las autoridades en caso de cambios irregulares.

Victoria Brenes destacó que Costa Rica tiene la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, para promover un mayor nivel de competencia en los mercados y evitar distorsiones que surgen de las regulaciones de precios.

En el Colegio de Farmacéuticos apoyan cualquier iniciativa que facilite el acceso de la gente a los medicamentos, siempre y cuando sea dentro de las normas de salud del país, aclaró su presidente, Santiago Rodríguez Sibaja.

"Hay que tener mucho cuidado cuando un proyecto maneja más el concepto económico y político versus el de la salud pública. (...) Creemos que es necesario ordenar esto y hablar de una política nacional de medicamentos.

Con los precios, es cierto que existen prácticas oligopólicas que controlan mucho el precio. La mejor forma es estimular la competencia con más distribuidores en el país, porque ahora tienen todo acaparado. Con más en el escenario se estimula la competencia y los precios bajan", mencionó Rodríguez.

El Colegio de Médicos, que conoce y ha participado en grupos de discusión sobre estas iniciativas gubernamentales, las apoya.

“Tenemos que estar en una forma solidaria de acuerdo por el fundamento de lo que se pretende hacer. En este país tenemos que buscar que los medicamentos sean más accesibles. No creo haya alguien que esté en contra, y además, para ser honesto y transparente, es claro que en Costa Rica los medicamentos son de alto costo comparados con otros países”, manifestó Mario Arias Murillo, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos.

Esa corporación profesional se opuso al DCI, en un inicio, porque sancionaba a los médicos que no prescribieran por principio activo. Tras conversaciones con el ejecutivo, explicó Arias, se logró eliminar la sanción, que se respetara el criterio experto del médico para recetar, y que el profesional también agregue su recomendación de producto innovador.

“Aquí la farmacoeconomía es un factor importante, pero lo más importante es la seguridad del medicamento de calidad para la población, porque también si los abaratamos demasiado se corre el riesgo de tener productos de mala calidad, y tampoco. Por encima del precio, debe estar la seguridad del paciente”, aclaró Arias.

Horacio Strickland, presidente de la Asociación de Farmacéuticos y Propietarios de Farmacias Independientes de Costa Rica (Afaprofaco), no ocultó su sorpresa al enterarse de que el Ejecutivo trabaja en un nuevo proyecto de ley nuevo.

“Nos mantendremos vigilantes y muy reservados, y hasta incrédulos de que todo esto vaya orientado hacia mejorar el acceso de la población. No se ocupa legislación nueva, es pura voluntad política. Si el Gobierno quisiera actuar tiene las herramientas, pero los intereses son demasiado grandes. Son $550 millones los que se manejan en el mercado privado.

"Seremos vigilantes de todo el proceso porque el país necesita una política y una intervención urgente porque se está afectando al consumidor durísimo”, manifestó Strickland.