Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público cuestionaron al gerente de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Luis Fernando Porras, por aparentes irregularidades en dos contrataciones para la atención de la emergencia sanitaria.
Porras tuvo que comparecer este jueves por dos compras urgentes de equipos de protección personal para médicos, enfermeros y asistentes.
En la primera de esas adquisiciones, por 2,9 millones de mascarillas, a la comisión técnica encargada de recibir las compras supuestamente no se percató de que un lote de 700.000 cubrebocas no eran de uso médico.
La segunda contratación está relacionada con la fallida compra de 12 millones de mascarillas, cuyos oferentes solo lograron entregar el 17,5% de los insumos.
Para ese encargo, la Gerencia de Logística contrató a empresas de un contador público y una periodista, las cuales no tenían experiencia ni han logrado cumplir con la entrega.
¿Por qué empresas sin experiencia?
Los principales preguntas de los congresistas se relacionaron con la selección de empresas que, sin experiencia previa, fueron contratadas para importar 12 millones de mascarillas.
Se trata del contador costarricense David Landergren y MR Comunicaciones Políticas, de la periodista española Miren Martínez.
Esa última compañía no entregó ni una de las mascarillas encargadas y la CCSS tuvo que empezar la disolución del contrato.
Pese al volumen de la compra, Porras afirmó que no tomaron en cuenta la experiencia de los 18 oferentes que participaron en el proceso.
De acuerdo con el encargado de adquisiciones, la escogencia se basa en los criterios de tiempo de entrega, calidad, disponibilidad y precio que ofrecen las empresas, y que, por razones de competencia, no evalúan la experiencia.
Sostuvo que en algunos casos se evalúa la experiencia del proveedor, pero afirmó bajo fe de juramento que para equipos de protección para la pandemia ese factor no se ha evaluado.
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Porras argumentó además que otros proveedores transnacionales han sufrido inconvenientes con las entregas: “Es un problema que no depende de su experiencia, depende de un mercado mundial caótico”.
Otra de las particularidades de ese proceso, que también investiga el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, es que la comisión técnica encargada de revisar las propuestas, rechazó los tapabocas propuestos en un primer informe, pero para el segundo análisis los avalaron sin detallar por qué cambiaron de criterio.
“Los dos oferentes presentan documentación completa, donde la comisión técnica hace una valoración de los documentos, certificados de calidad y una resolución donde dice que tanto la proforma de David Lardegren y la de MR Comunicaciones Políticas cumplen y se recomiendan”, afirmó Porras.
Los legisladores, además, pidieron a Porras aclarar su mediación para una supuesta donación del gobierno chino, ofrecida por Miren Martínez al Ministerio de Salud.
La acción del gerente de Logística ocurrió mientras MR Comunicaciones Políticas concursaba por un contrato de $1,3 millones para suministrar respiradores KN95. Una semana después esa empresa resultó favorecida con la millonaria contratación.
Porras negó que esa gestión represente un conflicto de intereses en el proceso de contratación pública.
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Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), insistió sobre este tema.
— Usted (Luis Fernando Porras) no conoce a doña Miren Martínez, ¿nunca la trató por teléfono?
— Por teléfono sí.
— ¿Cuándo la trató por primera vez?
— Durante las entregas de una de las compras de KN95 (se refiere a otro contrato).
— Cuando ella le menciona lo de la donación ¿ya era adjudicataria (de la compra fallida)?
— No, aún no.
— Fue antes, ¿una semana antes?
— Sí, un poquito antes.
— Usted la refirió con la jefa de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud. Si usted no conocía a doña Miren, ¿por qué razón le merece confianza para remitirla a una funcionaria que incluso no pertenece a la Caja?
— Con la gente del Ministerio habíamos trabajado varias donaciones de diferentes lugares y ella me dice que quiere hacer una donación directamente al Ministerio de Salud, entonces yo la enlazo con Adriana Salazar y a partir de ahí me desentiendo.
— ¿No le pareció raro que una persona que está concursando para venderle productos a la CCSS ofrezca regalarlos al Estado costarricense?
— Particularmente, en ese momento había muchas ofertas de donación, no me pareció y no me sigue pareciendo que tenga relación con el proceso administrativo de compra que hicimos.
— ¿Hay otros planteamientos de donaciones que usted haya remitido a la misma funcionaria del Ministerio de Salud?
— No, a ella particularmente no, porque eso fue anterior al proceso que teníamos de donaciones, que está publicado el 30 de marzo, y a partir de ahí todo lo mandamos por el procedimiento de donacovid.
Ante otros cuestionamientos de Benavides, el gerente de Logística de la CCSS también reconoció que existe un proceso de investigación sobre los contratos, debido a la queja de un proveedor que no fue seleccionado.
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Esa compañía alega que Landergren y MR Comunicaciones Políticas utilizaron precios de referencia comercial distintos a los otros oferentes, lo cual los habría dejado en desventaja.
En ese reclamo, también se denuncia que el primer oferente seleccionado aportó un número de certificado de operador FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) que no existe. Ese es un sello de calidad de insumos médicos.
Además, de que el número de certificación de los productos que se entregaron era distinto.
“Tendríamos que verificarlo directamente con la comisión que fue la que verificó el cumplimiento de FDA”, dijo Porras.
El funcionario de la CCSS se negó a responder preguntas de La Nación al término de su comparecencia.
Peligro para personal de salud
Los congresistas también recriminaron al gerente de Logística por la exposición al virus que sufrió el personal de salud que utilizó las mascarillas que no eran de uso médico.
Esos insumos fueron enviados a distintos centros médicos públicos. Fue en el Hospital Enrique Baltodano de Liberia donde surgió la primera queja porque las cajas tenían un rótulo que decía “non medical”.
Esos cubrebocas, afirmó Porras, formaban parte de un lote de 2,9 millones de equipos de protección personal. Hubo un lote defectuoso de 700.000 mascarillas.
“En uno de los lotes que el proveedor entrega, en el rótulo de la caja decía non medical. Esto es un defecto de calidad, es un defecto de entrega del proveedor”, dijo.
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Supuestamente, la comisión técnica encargada de valorar los productos que ingresan a la entidad, no identificó ese problema antes de que se repartieran en todo el país.
“Se valora el producto, revisa que tenía un cambio en la sujeción y hace una anotación sobre esto, mas nunca establecen que hay una rotulación equivocada.
“Nosotros compramos de uso médico y está en el expediente y el oferente entrega una cosa distinta a lo que solicitamos, por eso se hace la logística inversa (retiro de los insumos)”, afirmó Porras.
La entidad investiga este caso para encontrar a los responsables. Sindicatos de salud recriminaron a la Caja haber puesto en riesgo a médicos, enfermeros y asistentes.
Porras evadió responder a los diputados si se haría responsable en caso de enfermedad de médicos, enfermeros y asistentes que utilizaron los equipos de protección no aptos.
“En su momento veremos cada caso. Los resultados de las investigaciones indicarán quiénes son los responsables”, sentenció.