La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) abrió de oficio una investigación sobre presuntas irregularidades en la CCSS por la compra de mascarillas a proveedores inexpertos.

La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó la apertura de la causa 20-000122-1218-PE contra ignorado, es decir, sin personas imputadas individualizadas.

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“El expediente se encuentra en una etapa que es privada, por lo que, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no es posible brindar más detalles”, dijo la Fiscalía.

Román Macaya, presidente ejecutivo Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), manifestó que las compras siempre han estando apegadas al marco normativo.

“Desde la Presidencia Ejecutiva nos parece positivo que la Fiscalía inicie esta investigación de las compras, en momentos en que también realizan investigaciones la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría Interna de la Caja.

“Todas las formas de revisión y de transparencia son importantes en una institución que está comprometida en la atención de la pandemia por covid-19, siempre apegada al marco jurídico y normativo vigente”, aseveró Macaya.

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La Nación publicó, el lunes anterior, que la Caja compró 12 millones de mascarillas por $4 millones a un contador público y una empresa de asesorías políticas sin experiencia en suministro y distribución de equipo médico.

La contratación adjudicada el 27 de mayo anterior fue asignada a David Landergren Castro, contador público costarricense, mientras que la segunda se otorgó a MR Comunicaciones Políticas, propiedad de la periodista española Miren Martínez Ruiz.

Ninguno había ganado contratos con la CCSS antes de la pandemia. Tampoco existe evidencia de que contaran con experiencia en el suministro y distribución de equipo de protección personal para centros hospitalarios.

Además, como confirmó la CCSS a La Nación, solo han recibido el 17,5% de las mascarillas encargadas a esos oferentes.

Esperará auditorías

Precisamente esas auditorías a las que hizo alusión Macaya son las que, según él, determinarán si algún funcionario de la entidad debe ser separado de su cargo.

Así lo manifestó en la conferencia de prensa de este miércoles, durante la cual reiteró sus argumentos sobre los cuestionados contratos, ahora bajo investigación de la Fiscalía.

Igual que Macaya, el gerente de Logística, Luis Fernando Porras, aseguró que por el momento no hay ninguna consideración para apartarse del cargo.

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“Estamos a disposición de las autoridades que quieran revisar expedientes, es un proceso transparente y abierto y está publicado. Con el tema de presentar la renuncia, pues creo que hemos trabajado transparentemente y profesional”, dijo Porras ante un consulta.

Macaya aseguró que esperarán los resultados del informe solicitado a la Auditoría Interna de la entidad sobre todas las compras.

“Actuaremos de acuerdo a lo que encontremos, no hay titubeos en eso si estuviera algo anómalo, pero nosotros tenemos que también avanzar en proveer a nuestros hospitales de todo el equipo de protección personal que se ocupa en tiempos de crisis”, dijo.

Este jueves, el propio Porras debe presentar el caso ante la Junta Directiva de la institución.

Durante la conferencia, Macaya, además, rechazó que la Junta Directiva haya recibido alguna denuncia sobre el caso, a pesar de la existencia de un documento enviado por la empresa Solumed, fechada el 13 de julio.

“Fuimos a buscar al Coin, el sistema de correspondencia institucional, donde toda correspondencia tiene que llegar ,y hubo una nota que ingresó pero no iba dirigida a la Junta Directiva y no estaba copiada”, dijo.

Según dijo, ahí entran “miles de documentos” y si no dice Junta Directiva “no se canaliza”.