EscucharLa Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) sentar las “responsabilidades políticas” por los acuerdos entre Gobierno, sindicatos y autoridades de la Caja, que dejaron temporalmente fuera del alcance de la reforma fiscal los pagos en anualidades y pluses.
Consideran “evidente” que el presidente Carlos Alvarado y el jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, “deben asumir su responsabilidad política ante la serie de incongruencias que los acuerdos firmados por la CCSS y representantes de sindicatos institucionales que constituyen el Frente Sindical para la defensa de la CCSS, contienen”.
“La ley (de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o reforma fiscal) en Costa Rica debe de cumplirse y los documentos firmados deben declararse nulos”, solicitan en la misiva, firmada por Gonzalo Delgado Ramírez, presidente de la Unión de Cámaras.
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Los empresarios presentaron una coadyuvancia este sábado a la solicitud de nulidad hecha por un grupo de diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la semana pasada, contra los compromisos suscritos el 20 de febrero y 12 de agosto.
Esos acuerdos, mantienen intactas las anualidades y otros pluses de 57.000 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pues los anteriores a la vigencia de la ley se seguirán calculando como porcentaje del salario y no como un monto nominal o fijo.
Apenas un día después de que se suscribiera el acuerdo del 12 de agosto con el que se puso fin a la huelga, siete diputados de la Unidad –encabezados por Pedro Muñoz– acudieron a la Contraloría a solicitar la nulidad de ese acuerdo y del firmado en febrero.
Esta solicitud fue recibida en el órgano contralor y asignada al Área de Servicios Sociales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, para su trámite.
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“(...) su gestión se encuentra en la etapa de valoración por parte de este órgano contralor y lo resuelto se comunicará oportunamente”, respondió la Contraloría en el oficio DFOE-DI-1580, del 14 de agosto.
Los diputados de la Unidad consideran innecesario recurrir al Tribunal Contencioso-Administrativo para dilucidar el conflicto por los pluses, tal y como lo acordaron con los sindicatos, el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya y los ministros de la Presidencia, Víctor Morales Mora y, de Trabajo, Steven Núñez.
Difícil camino
Recurrir a la vía judicial, decisión tomada para deponer la huelga, implicará un proceso de al menos cinco años, con el riesgo de que lo rechacen ad portas.
Según juristas consultados por La Nación, los procesos de lesividad se realizan contra actos administrativos, es decir, contra un acto unilateral de la administración.
En este caso, se trata de un acuerdo entre la CCSS y los sindicatos lo cual no configura un acto administrativo propiamente dicho.
El domingo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, se sumó a quienes piden a la Caja anular el acuerdo que puso fin a la huelga en esa institución.
Benavides urgió a la Junta Directiva de la Caja dar marcha atrás por la vía administrativa, con el fin de evitar un proceso de lesividad que se resolvería en no menos de cinco años en el Tribunal Contencioso Administrativo.
La huelga en la CCSS terminó el 12 de agosto, tras ocho días en que la paralización de servicios generó una nueva lista de espera de más de 82.000 citas sin realizar, 1.600 personas que quedaron sin operar y más de 20.000 exámenes y procedimientos diagnósticos pendientes.
Los sindicalistas rechazaron acudir a un arbitraje, proceso que hubiera consumido menos tiempo que uno de lesividad. Tampoco, aceptaron la solicitud unánime de la Junta Directiva de la Caja de conceder una tregua.
El ‘sí’ de los sindicatos solo llegó cuando se les ofreció ir a la vía judicial y se condicionó el acuerdo a respetar los pagos porcentuales de anualidades y pluses convenidos en febrero en tanto sale la sentencia final.
