Los empresarios privados pidieron este miércoles que el Gobierno dé marcha atrás con el acuerdo firmado con las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y los sindicatos de salud.
"Estamos pidiendo que el acuerdo se anule completamente. Si se maneja con vía judicial que sean los trabajadores los que interpongan si es el caso y que la institución rebaje lo que tenga que rebajar.
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Hay medidas del acuerdo que ni siquiera nos parece que estén dentro de la lesión de los trabajadores como la tercerización y otros aspectos que no vienen al caso, entonces el acuerdo fue más allá que un reclamo de derechos de los trabajadores", explicó Gonzalo Delgado, presidente de UCCAEP.
De esta forma se refirieron al acuerdo firmado la noche del 12 de agosto para poner fin a la huelga que cumplía ocho días en los servicios de salud.
Según ese pacto, el caso se llevaría al Tribunal Contencioso ante el cual se presentará un juicio de lesividad para anular el acuerdo de febrero, en el cual se mantuvieron el pago de anualidades y pluses de forma porcentual y no nominal como establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Ese proceso, sin embargo, tardaría más de cinco años, durante el cual, los pagos porcentuales permanecen.
Durante la conferencia de este miércoles, el presidente de la UCCAEP, añadió que otro mal ejemplo del acuerdo es el que se relaciona con los procedimientos administrativos en proceso.
“UCCAEP conoce de la denuncia penal interpuesta por un trabajador del Hospital de Puntarenas a quien privaron de su libertad al negarse a participar de la huelga. Este tipo de actuaciones repudiables, deben ser analizadas de oficio por el Ministro de Trabajo al amparo del artículo 350 del Código de Trabajo, donde se establecen causales para la disolución de los sindicatos”, detalló.
Asimismo, calificó de “incongruente” que se le exija sacrificio a los costarricenses y ahora “se compensa a los sindicatos”. .
“Al país como un todo y al sector productivo nos cuesta cada día no caer en el precipicio fiscal y evitar mayor desempleo e informalidad al pagar mayores cargas tributarias. Sin embargo, pareciera que la ley no se aplica para todos por igual”.
Golpe a la confianza
Delgado afirmó que el conflicto “sobrepasó al presidente de la Caja, Román Macaya,” por lo que el presidente deberá evaluar su continuidad.
El representante de los empresarios reconoció que era difícil lograr una salida distinta a este acuerdo porque cualquier otra, habría sido de un tiempo más prolongado y el costo para los asegurados mucho más alto de lo que fue.
“Esto evidencia que los sindicatos no están prosalud, están pro su empleo que eso nos parece que no está de acuerdo a los códigos de ética que se manejan en el sector salud”, añadió.
Para González lo actuado por el Gobierno representa un golpe a la confianza.
“La semana pasada tuvimos una reunión con el presidente donde se nos pidió que tuviéramos confianza y este tipo de acuerdos no favorece la confianza”.
Según dijo, ahora la señal de confianza que esperan es que el presidente convoque la ley de empleo público y respaldarla
“Y si hay que aguantar una huelga, aguantarla, el país no puede continuar en este tipo de secuestro”, afirmó.
Como lo hace Uccaep, también las cámaras empresariales por separado manifestaron fuertes críticas al pacto.
“Con estas acciones no le podemos pedir al ciudadano que tenga confianza y credibilidad en sus autoridades. El Gobierno de la República debe ser consecuente con sus actos, respetar a los sectores y ciudadanos responsables que aceptamos la reforma fiscal, así como a los empleados y empresarios que mes a mes contribuyen a la Caja Costarricense del Seguro Social", dijo en un comunicado Elías Soley, presidente de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham).
“Es imprescindible que los funcionarios que aceptaron dirigir las instituciones públicas hablen “el mismo idioma” del presidente y que no se exhiba el desalineamiento del que hemos sido testigos en el caso de la CCSS”, añadió.
Por su parte, la Cámara de Exportadores (Cadexco), recordó al mandatario Carlos Alvarado que fue “electo por la mayoría del pueblo” y no por un “pequeño grupo de sindicatos” en referencia al acuerdo.
Para ellos, esa decisión no es una señal “congruente” con los compromisos.
“Mientras por un lado al país se le exige sacrificios con una pesada carga de impuestos, vemos con estupor que la actual Administración aceptara doblegarse frente a un grupo de empleados públicos cuya única intención siempre ha sido defender privilegios insostenibles”, señalaron los empresarios de la Construcción.
Para ellos, el juicio de lesividad que tardaría más de cinco años en anular el polémico acuerdo de febrero es una “maniobra burda”.