Siete diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pidieron este martes a la Contraloría General de la República (CGR) declarar nulos los acuerdos firmados entre la CCSS y los sindicatos, los cuales mantienen intacto el pago de pluses contrarios a la ley fiscal.
La petición, dirigida a la contralora Marta Acosta Zúñiga, la firman Pedro Muñoz, María Inés Solís Quirós, Pablo Heriberto Abarca Mora, Rodolfo Peña Flores, Erwen Masís Castro, Aracelly Salas Eduarte y Oscar Cascante Cascante.
Ellos consideran innecesario recurrir al Tribunal Contencioso-Administrativo para dilucidar el conflicto por los pluses, tal y como lo acordaron, con los sindicatos, el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya y los ministros de la Presidencia, Víctor Morales Mora y, de Trabajo, Steven Núñez.
El trámite judicial del caso, llevaría unos cinco años, durante los cuales, según el acuerdo que puso fin a la huelga de una semana en hospitales y clínicas, los 57.000 empleados de la CCSS continuarían recibiendo el pago de pluses en forma porcentual (lo cual dispara el gasto en forma exponencial) y no por montos fijos, como lo ordena la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como reforma fiscal.
Los diputados del PUSC consideran que la Contraloría tiene potestad de intervenir tanto por lo que dice su ley orgánica como por la Ley General de Administración Pública.
En la solicitud, plantean que, en primera instancia, se declare “la nulidad, absoluta, evidente y manifiesta de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de Administración Pública, de los dos acuerdos que fueron firmados por la CCSS con ciertos sindicatos y, en consecuencia, se ordene la apertura de un órgano director para que se determine definitivamente en vía administrativa la nulidad, absoluta, evidente y manifiesta de todas las consecuencias jurídicas derivadas de esa nulidad y los ilícitos que se hayan cometido”.
Pedro Muñoz, diputado del PUSC, explicó que “la Caja puede hacer un procedimiento interno administrativo para determinar la nulidad. La Caja puede pedir una opinión vinculante a la Procuraduría General de la República; irse a los Tribunales de Justicia es una agarrada de tontos. Para eso existe el derecho administrativo y se puede declarar la nulidad administrativamente. Y de igual manera se le puede pedir una opinión jurídica vinculante a la Procuraduría. Yo le pedí en marzo de este año a la Procuraduría; ellos la emitieron en junio y ahí dijo claramente que los pluses o incentivos de la Caja, que no estaban acordes con la ley de fortalecimiento de las Finanzas Públicas eran ilegales”, aseguró Muñoz.
El legislador añadió que "si la Caja hubiera tenido la verdadera intención de hacer cumplir la ley no se hubiera inventado esto de ir a los tribunales, sino que hubiera pedido o una opinión a la Procuradoría o hubiera hecho un procedimiento interno.
“Cuando cinco o más diputados le piden a la Contraloría que haga una investigación tiene que seguirla necesariamente con la propia ley orgánica de la Contraloría. Le hemos pedido además que establezca todas las consecuencias jurídicas de lo actuado en nulidad, incluyendo ilícitos o incluso delitos. La discusión sobre la regla fiscal en este asunto es una cortina de humo y yo le pido a la prensa que no caiga en la cortina de humo. Ya la Sala Constitucional y la Procuraduría dijo claramente cómo afectaba la regla fiscal. Lo que está en discusión aquí y lo que los sindicatos protegen acá son los pluses”, aseveró Muñoz.
En el comunicado los legisladores señalan que la solicitud es fundamentada en el párrafo segundo del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la cual indica que “la Contraloría General de la República también deberá instruir sumarios o realizará investigaciones especiales, cuando lo soliciten los órganos parlamentarios de la Asamblea Legislativa o cuando lo soliciten conjuntamente al menos cinco diputados”.
También aseguran que se basan en el artículo 5 de la misma ley. Añaden que la Caja Costarricense de Seguro Social ha firmado dos acuerdos con sindicatos en relación con la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635. Estos acuerdos fueron firmados el 20 de febrero del 2019 y el 12 de agosto de este año.
PLN rechaza acuerdos pactados con la Caja
La fracción del Partido Liberación Nacional aseguró mediante un comunicado que rechaza los alcances del acuerdo que el lunes se pactaron para el levantamiento de la huelga ilegal en la Caja Costarricense de Seguro Social.
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“Ante estos acontecimientos, reafirmamos la importancia de la aprobación de los proyectos que establecen regulaciones a la huelga, cuando esta vulnere derechos del resto de los habitantes y la prohibición en los servicios esenciales”, asegura el PLN.
Añade que “lamentamos profundamente la actitud temerosa y contradictoria del Gobierno del Partido Acción Ciudadana, además de la falta de determinación y liderazgo que abandona el discurso de reducción de gasto público para acompañar medidas relacionadas con tributos, traicionando así la confianza de la ciudadanía".
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“Es inaceptable que una institución pública, cimentada en la solidaridad estatal y ciudadana, pretenda no acatar la ley que busca abonar a la solución del serio problema económico que enfrenta el Estado”, indicaron en el comunicado.
“Desde este momento nos manifestamos contundentemente opuestos a todo acuerdo que busque la no aplicación de las normas establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con enorme sacrificio aprobamos para darle un respiro a la economía nacional”, aseguraron los diputados verdiblancos.
Los legisladores aseguraron además que 'nos opondremos a cualquier iniciativa que propicie llegar a un estado crítico en materia de las finanzas del estado costarricense y busque las concesiones excesivas para una minoría.
“Además respaldaremos el derecho de acceso a la salud de los pacientes, quienes no deben ver afectada su atención pronta y oportuna por la irracionalidad de un sector reducido”.
Los diputados señalaron además que "la fracción del Partido Liberación Nacional no sucimbirá ante la alianza del Gobierno con los gremios sindicales, en detrimento de los derechos ciudadanos y el bienestar de las grandes mayorías, pretendiendo mantener desigualdades y lesionando así la situación económica del país.