EscucharUna empresa inscrita en el Registro Nacional en diciembre de 2022, operada por solo dos personas desde una pequeña casa en Aserrí, San José, logró ganar licitaciones por $1,1 millones (¢554 millones) entre diciembre de 2023 y abril de 2024 para suministrar torundas, vasos desechables para Odontología, extractores de leche y sujetadores de sondas uretrales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
JL Medical, representada legalmente por María Zúñiga Chinchilla, de 37 años, y Javier López Ñurinda, de 18 años, ganó cuatro contratos que oscilan entre $8.000 (¢4 millones) y $843.500 (¢425 millones) en procesos de licitación que están bajo investigación de la Auditoría Interna de la CCSS, desde el 11 de marzo anterior.
La pesquisa se inició a solicitud del gerente de Logística, Esteban Vega de la O, quien tiene dudas de la capacidad de cumplimiento de la firma.
El primer contrato lo obtuvieron el 4 de diciembre de 2023, cuando la CCSS le adjudicó la compra de 3.000 sujetadores de sondas uretrales por $8.000. En el concurso, disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), no constan certificaciones de la experiencia de JL Medical en la distribución de suministros o equipo médico.
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El segundo acuerdo lo consiguieron el 2 de febrero de 2024 por $843.500 para la entrega de siete millones de torundas (gasa absorbente) a través de un procedimiento extraordinario que no admitía apelaciones de parte de los oferentes.
El tercer negocio quedó en firme a favor de JL Medical el 1.º de abril anterior para la adquisición de extractores de leche según demanda, por un máximo de $159.000.
Por último, el cuarto contrato fue adjudicado el 16 de abril de 2024 para el suministro de vasos encerados para uso en servicios de Odontología por un máximo de $109.680.
La Nación visitó la casa en Aserrí en la que, según Sicop, funciona JL Medical. Salió una mujer mayor que se identificó como la madre de María Zúñiga Chinchilla, una de los dos representantes legales de JL Medical. La señora dijo que Zúñiga no vivía allí y se comprometió a dejarle un recado.
El 29 de abril, por medio de una llamada telefónica, se le solicitó a Zúñiga una entrevista. En esa conversación, aseguró que tiene una oficina en la casa de sus papás y que alquilan una bodega en la Uruca, San José.
La petición de entrevista fue reiterada ese mismo día a través de un correo electrónico, pero no accedió a dar una cita para plantear las preguntas. Por escrito, Zúñiga argumentó que tiene ocho años de experiencia en contratación con entidades públicas, ya que laboró para dos empresas que licitan para el Estado y que decidió fundar, en diciembre de 2022, un “proyecto familiar”.
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“Es menester manifestar que mi representada a hoy no ha sufrido de rechazos por producto entregado, ni multa alguna por entrega tardía”, adujo Zúñiga.
También se intentó contactar a Javier López Ñurinda, el otro representante legal de JL Medical, pero no fue posible. Se le dejó un mensaje a través de uno de sus familiares y se solicitó su correo electrónico, pero no accedieron a dar la información.
Gerente pide investigar empresa
El 11 de marzo, Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la Caja, envió un oficio a Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la CCSS, en el que denunció presuntas irregularidades en la contratación de JL Medical.
Vega de la O afirmó en su escrito que revisaron las contrataciones adjudicadas a JL Medical y detectaron que se trata de una firma con solo dos empleados, lo cual “parece, por la logística, imposible para el cumplimiento del contrato y el nivel de participación; además no señala contar con subcontratación”.
También indicó que el sitio en el que aseguran operar es una vivienda en Aserrí y “el lugar se compone solo de casas de habitación. Es decir, no corresponde a una empresa con apertura al público”.
“Al ser una empresa aparentemente pequeña, llama la atención el capital para lograr cumplir con lo contratado, toda vez que mantener el volumen de producto ofrecido para entregas en el corto plazo implica una logística importante y compleja que al parecer no es compatible con una empresa relativamente nueva”, declaró Vega de la O.
Además, solicitó a la Auditoría Interna indagar “el quehacer de la empresa, sus accionistas, su capital y su procedencia”. Esa indagatoria es para lograr una explicación sobre cómo una compañía recién constituida, sin bienes inmuebles o muebles a su nombre, logra depositar millonarias garantías para respaldar las contrataciones o conseguir el capital para adquirir los productos.
De acuerdo con el Registro Nacional, JL Medical fue constituida en diciembre de 2022 –cuando López Ñurinda aún era menor de edad– con un capital accionario de ¢10.000.
Grupo de interés económico
En la denuncia presentada ante la Auditoría Interna, la Gerencia de Logística muestra preocupación por la conexión entre JL Medical y dos empresas más que venden servicios a la institución pública.
Se trata de Dinamed S. A., representada legalmente por Mónica Zúñiga Chinchilla, hermana de María Zúñiga Chinchilla y madrastra de Javier López Ñurinda, y de BL Republic, representada legalmente por Lester López Jiménez, padre de López Ñurinda.
La Gerencia de Logística aseveró que debe revisarse esos lazos, pues podrían representar un grupo de interés económico para la creación de “una presunta estrategia de participación con cada razón social”.
Para formalizar los contratos obtenidos entre diciembre y abril de 2024, JL Medical tuvo que depositar garantías de cumplimiento que oscilan entre $8.000 y $42.000.
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López Jiménez, padre de López Ñurinda, afirmó ante una consulta de La Nación que no tiene nada que ver con la empresa de su hijo y defendió que es una persona mayor de edad con derecho a comerciar. Al preguntarle si sabe cómo su hijo logra depositar garantías millonarias, contestó que no lo sabe.
Este diario intentó contactar a Mónica Zúñiga Chinchilla, representante legal de Dinamed, pero no contestó las llamadas realizadas a los teléfonos registrados a su nombre.
Sicop muestra que Dinamed ha ganado, desde el 2021, 16 adjudicaciones con el Estado, todas para la CCSS. Los montos de las contrataciones oscilan entre $6.000 y $362.500 para batas descartables, caretas de protección social, aplicadores descartables, jeringas y otros artículos.
Por su parte, BL Republic consiguió cuatro licitaciones para el suministro de batas descartables, mascarillas y guantes, entre octubre de 2020 y setiembre de 2021. De las cuatro licitaciones, tres fueron con la Caja y una con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por montos de entre $16.000 y $102.000.
