Dos gerentes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), asesores de las gerencias, técnicos a cargo de evaluar ofertas y proveedores conformaron, según el Ministerio Público, una “organización criminal” para favorecerse de contratos de mascarillas y respiradores KN-95 durante los primeros meses de la pandemia de covid-19 por un total de $6,4 millones.
De acuerdo con la orden de allanamiento, los funcionarios se aprovecharon de sus puestos para beneficiar a “contratistas” con los que tenían constante contacto telefónico desde el 25 de febrero de 2020, 10 días antes de que se registrara el primer contagio en el país, el 6 de marzo.
En el documento, del cual La Nación tiene una copia, los fiscales a cargo del caso expusieron que rastreos telefónicos, correos electrónicos y testimonios revelaron la existencia de una “organización criminal“ que tenía como objetivo “sacar ventaja” en compras de insumos médicos vitales para proteger del virus al personal de hospitales, clínicas y a pacientes.
Ante la investigación del Ministerio Público, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José avaló 21 allanamientos en oficinas de la Caja, empresas privadas, casas de funcionarios y proveedores.
En la lista de lugares allanados destacan la casa de Hans Vindas Céspedes, asesor de la Gerencia de Logística de la CCSS, a quien las autoridades judiciales achacan un rol protagónico en el esquema. También fueron revisadas las viviendas de Roberto Cervantes Barrantes y Luis Fernando Porras Meléndez, quienes ejercían como gerente General y gerente de Logística de la Caja cuando se dieron las contrataciones.
Porras Meléndez dejó su puesto en octubre de 2021 tras meses de estar suspendido con goce de salario por investigaciones administrativas relacionadas con este caso. Cervantes Barrantes se acogió a su pensión en noviembre de 2022.
Además, fue registrada la vivienda de Miren Martínez Ruiz, una periodista española que recibió, entre abril y junio de 2020, tres contratos para el suministro de mascarillas hasta por $3,5 millones. También las casas de David Landergren Castro, contador público beneficiado con adjudicaciones por un total de $2,5 millones y de Miguel Salas Araya, exdirector de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la CCSS.
Los agentes judiciales y fiscales también ingresaron a las oficinas de Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A, empresa dedicada a servicios de jardinería, que incumplió un contrato para la entrega de 2,8 millones de tapabocas por $1,1 millones.
En los allanamientos también se incluyeron oficinas de la CCSS como la Secretaría de Actas de la Junta Directiva, la Gerencia de Logística, la Gerencia General y la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios.
En los sitios allanados se decomisaron documentación y equipo electrónico que pudiera contener información de importancia para la investigación.
El despliegue policial ocurrió 30 meses después de que La Nación publicara una serie de reportajes que revelaron la compra de mascarillas a la periodista, el contador y la compañía jardinera, entre otras.
El Ministerio Público le achaca a los involucrados los presuntos delitos de influencia en contra de la hacienda pública, tráfico de influencias y falsedad en la recepción de bienes y servicios.
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Llamadas
La orden de allanamiento hace referencia a múltiples rastreos telefónicos que evidencian la comunicación de los funcionarios con los contratistas en momentos claves de las licitaciones como la inscripción de proveedores, evaluación de las ofertas y adjudicaciones.
Esas comunicaciones, según la tesis de la Fiscalía, tenían el objetivo de “influir y dirigir las contrataciones a favor de David Landergren Castro y Miren Martínez Ruiz”.
Los seguimientos telefónicos muestran, al menos, 45 llamadas entre Vindas Céspedes y Landergren Castro, quienes se conocían desde meses atrás a las adjudicaciones, pues un hermano de Landergren Castro llevaba la contabilidad y declaración de impuestos de un negocio propiedad del funcionario de la CCSS.
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También registran llamadas entre Vindas Céspedes y la periodista española.
Adicionalmente, la investigación muestra contactos entre la periodista y el contador y entre la periodista y el exgerente de Logística de la CCSS.
Además, un testigo afirmó que Vindas Céspedes acompañó a la española a entregar una oferta para una de las contrataciones cuestionadas.
Las adjudicaciones que están en la mira de las autoridades son la 2020CD-000093, entregada a la periodista y el contador por 12 millones de mascarillas por $4 millones, artículos que no fueron entregados a tiempo.
También la 2020CD-000062, vinculada al pago por adelantado de $1,3 millones a la periodista por 570.000 respiradores filtrantes de partículas KN-95, y la 2020CD-000064, adjudicada a la compañía jardinera por $1,1 millones para la entrega de 2,8 millones de cubrebocas, de los cuales casi 700.000 no tenían grado médico.
Reacción de la CCSS
La oficina de prensa de la CCSS indicó, por medio de un comunicado de prensa, que la entidad se pone al servicio de las autoridades judiciales. Esteban Vega de la O, actual gerente de Logística, aseguró que aportarían todo lo que requieran los investigadores y que por el momento se mantienen a la espera del desarrollo del proceso.
Garantizó que no se generará ningún problema en la gestión de abastecimiento institucional ante esta situación.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, indicó que la institución será absolutamente respetuosa y apoyará lo que corresponda al trabajo de las autoridades de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
¿Quién es Hans?
Hans Vindas Céspedes, de 38 años, trabaja en la Caja desde el 7 de octubre del 2004. Ingresó al Área de Recursos Materiales y en agosto del 2009 fue nombrado en el Área de Gestión de Medicamentos, en la Gerencia de Logística.
En setiembre del 2011, cuando fue suspendido por primera vez, fungía como gestor de medicamentos y era uno de los encargados de realizar las compras urgentes.
Aquel año fue separado de su cargo por cuatro meses, también con goce de salario, por aparentes irregularidades en la compra de fármacos a un proveedor indio que, mediante una firma subsidiaria, estaba vinculado con su madre, Sandra Céspedes Porras. El caso fue desestimado por el Ministerio Público en 2013.
Vindas ocupa una plaza de Profesional 4, considerado un alto cargo al estar solo por debajo de las jefaturas, las direcciones y las gerencias.
En su momento, su proceso de reclutamiento para ese puesto fue sujeto de investigaciones por parte de la Auditoría Interna de la institución, la cual había detectado supuestas inconsistencias en el trámite, de acuerdo con un artículo publicado por La Nación, el 10 de octubre del 2011.
En ese puesto, él devenga un salario mensual bruto de casi ¢1,6 millones, informó la oficina de prensa de la institución ante una consulta de La Nación.
Vindas es vecino del cantón de Santa Ana, San José, y en su perfil de Linkedin dice que se licenció en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas, en la Universidad Fidélitas.