Compra en CCSS de edificio que no se podía usar está bajo investigación de Fiscalía

La decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de comprar el edificio Océano, en Sabana norte, San José, por $4,5 millones, pese a que el inmueble no se podía utilizar, es investigada por el Ministerio Público. La pesquisa se abrió en setiembre de 2021 bajo el número de expediente 21-000216-1218-PE por el presunto delito de peculado.

“La causa se encuentra en trámite desde el 7 de setiembre del 2021 y tiene relación con presuntas irregularidades en la compra de un edificio por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Debido a que el caso se encuentra en investigación, no es posible brindar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, indicó la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por medio de su oficina de prensa.

El inmueble fue comprado en julio de 2020 con el objetivo de trasladar de forma inmediata a 138 trabajadores ya que se iban a reforzar y remodelar las oficinas centrales, pero las instalaciones no cumplían con los requisitos necesarios para la mudanza. Según el expediente administrativo, la infraestructura no poseía la distribución requerida, ni disponía de cableado de telecomunicaciones con capacidad para dar Internet.

Para arreglar esos problemas, la CCSS tuvo que desembolsar más de ¢1.100 millones y esperar hasta marzo de 2022 para utilizar el lugar.

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La compra del edificio Océano fue dada a conocer por una investigación de La Nación en junio de 2021. En la actualidad, la CCSS también desarrolla una investigación administrativa contra cuatro funcionarios. La oficina de prensa de la CCSS confirmó la apertura del proceso contra los cuatro servidores bajo el número de expediente 22-00139-1105-ODYP.

Los funcionarios cuestionados son la directora de Administración de Proyectos Especiales, una mujer de apellido González, dos ingenieros de ese mismo departamento de apellidos Valverde y Picado y una arquitecta de apellido Murillo.

De acuerdo con el expediente administrativo, a pesar de que la CCSS conocía las deficiencias del edificio, decidieron realizar la adquisición y cancelar los $4,5 millones a la Corporación Andina de Inversiones S. A., que era representada en Costa Rica por el mexicano José María González Saravia.

Los cuatro funcionarios investigados se exponen, si se determina que cometieron faltas en el ejercicio de sus funciones, a amonestaciones, suspensiones sin goce de salario o hasta el despido sin responsabilidad patronal. Los procedimientos administrativos fueron abiertos luego de un análisis de la Auditoría Interna que resultó en una relación de hechos.

Los auditores internos expresaron que existe evidencia de que los cuatro trabajadores conocían los defectos del edificio, pero no cuestionaron la compra, ni evitaron seguir con el proceso de adquisición. Señalaron posibles violaciones a las leyes General de Control Interno, General de Administración Pública y de Contratación Administrativa, entre otras.

Además, sostienen que se solicitó a la Contraloría General de la República autorización para comprar el inmueble y así trasladar a 138 empleados de oficinas centrales, los cuales requerían ser movilizados para el reforzamiento del edificio Laureano Echandi, en San José centro. Sin embargo, según el oficio DAPE-2822-2019, la directora de Administración de Proyectos Especiales sabía que se requerirían meses para adecuar el nuevo inmueble.

Por último, los ingenieros a cargo de valorar el inmueble, de acuerdo con la Auditoría Interna, omitieron la evaluación de riesgos e implicaciones y recomendaron seguir con la compra del edificio.

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La compra del edificio en Sabana norte fue aprobada mientras Jorge Granados ocupaba la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, pero él no fue incluido entre los funcionarios investigados. En julio de 2021, cuando se conocieron las presuntas irregularidades con el inmueble, Granados minimizó los hallazgos de los auditores y cuestionó sus conclusiones.