La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pagó $4,5 millones (¢2.786 millones) en julio de 2020 por un edificio en Sabana norte, San José, el cual, casi un año después, no puede usar porque carece de condiciones para reubicar a 138 funcionarios.
El inmueble de tres pisos, construido en 1998, era necesario para trasladar temporalmente a ese número de trabajadores de la Gerencia de Logística debido a que el edificio de las oficinas centrales, en avenida central, donde laboran, requiere urgente reforzamiento ante un sismo.
Según el expediente de compra, la transacción se dio por contratación directa autorizada por Allan Ugalde, gerente de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, quien ahora figura entre las personas investigadas por el Caso Cochinilla.
Una de las condiciones puestas por la CCSS para adquirir la edificación era que debía tener “disponibilidad inmediata o en el menor plazo posible”.
Sin embargo, casi un año después, la mudanza no se ha realizado pues los 3.142 m² de la obra no tienen la distribución requerida, ni disponen de un cableado de telecomunicaciones con capacidad para dar Internet a los 138 funcionarios.
Otro requisito era tener “condiciones de conectividad y tecnología”, pero ese requerimiento tampoco se cumplió.
Para solventar esos inconvenientes, la CCSS debió contratar, a finales del año pasado, una remodelación por $1 millón e invertir otros $200.000 en la instalación y compra de equipos de telecomunicaciones. Esas mejoras representan el 26% del costo total del edificio.
Paquita González Haug, ingeniera de la CCSS a cargo del proyecto, reconoció que, al comprar el inmueble, sabían de las adaptaciones, pero desconocían cuánto costaría solucionarlas.
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“Viendo el edificio y comparando con acondicionamientos similares que teníamos que hacer, yo podría decir: ‘eso ronda un costo por metro cuadrado de tanto’. Nosotros teníamos ese dato, pero no teníamos la estimación detallada”, declaró.
Las deficiencias del edificio en materia de telecomunicaciones fueron advertidas desde noviembre de 2018.
No obstante, la institución continuó con la compra de la propiedad.
Así consta en el informe de valoración técnica, firmado por los ingenieros Javier Castro Gutiérrez y Jesús Arce Campos y el arquitecto Randall Chaves Araya, el 22 de noviembre de 2018.
“El cable UTP categoría 5e instalado posee un ancho de banda insuficiente para soportar una serie de aplicaciones utilizadas a nivel de la institución, tales como telefonía IP, servidores de telecomunicaciones y las estaciones de trabajo, por lo que ha perdido su vigencia”, señalaron los profesionales en ese documento.
Añadieron que, en caso de seleccionar esa opción para el traslado, se debería “rediseñar completamente la red de telecomunicaciones”.
También señalaron que se tendría que actualizar el cableado y realizar “estudios de ingeniería complementarios” para definir flujos de carga, riesgos de corto circuito y de arco eléctrico.
“¿Por qué se decidió adquirirlo a pesar de eso? Se hizo un estudio de mercado, se exploraron más de 60 edificios. Durante el proceso, incluso, hicimos recomendaciones anteriores a ese (edificio), pero como los procesos duran tanto, mientras llegaba a Junta Directiva ya el edificio no estaba disponible.
“(...) No había un edificio hecho a la medida nuestra para que lo fuéramos a comprar, sabíamos que habría una diferencia entre nuestras necesidades y lo que nos ofrecía el mercado” dijo González para defender la compra.
Los trabajos de remodelación, encargados a la Constructora Navarro Avilés, enfrentan dos meses de retraso y estarían listos en setiembre, según las proyecciones de la Caja.
Mientras concluyen las mejoras, la entidad acomodará a los 138 trabajadores de la Gerencia de Logística en varias oficinas que mantiene alquiladas en el centro de San José.
Por ejemplo, algunos serán distribuidos en tres pisos del edificio Ebbalar, en San José, los cuales son alquilados desde 2019 por $42.000 (¢26 millones) al mes.
Ese acomodo será posible porque sobra espacio en esas oficinas debido a las condiciones de teletrabajo impuestas por la pandemia. De lo contrario, la Caja hubiese tenido que buscar otras opciones para instalar a sus colaboradores.
Desocupado desde 2016
De acuerdo con el expediente, Océano le pertenecía a Corporación Andina de Inversiones S. A, pero estaba desocupado desde 2016. Antes de ese año fue alquilado a una empresa dedicada a impresiones editoriales y una academia de idiomas.
Corporación Andina de Inversiones S. A era representada en Costa Rica por el mexicano José María González Saravia.
La búsqueda de la CCSS para mover sus trabajadores se inició en mayo de 2017, cuando publicó en un diario su intención de comprar un edificio en la capital.
Entre las condiciones expuestas estaba que la edificación debía ubicarse a no más de 5 kilómetros de las oficinas centrales de la CCSS, cercanía con rutas de transporte público, contar con “condiciones de conectividad y tecnología” y “disponibilidad inmediata o en el menor plazo posible”.
En esos últimos puntos no cumple el inmueble seleccionado.
La oficina dirigida por González sostiene que analizó 61 propuestas, pero no constan en el expediente de contratación evaluaciones detalladas.
Lo único que aparece en el archivo son cinco páginas con una tabla que se limita a indicar el nombre del inmueble, el área y una breve explicación de la razón para descartarlo. La mayoría fueron relegados sin una visita de valoración.
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Para el momento de la compra, según la información del expediente, Corporación Andina de Inversiones S. A no estaba inscrita como patrono ante la CCSS.
La decisión de comprar el edificio a esa sociedad fue avalada por los miembros de Junta Directiva de la CCSS en marzo de 2020.
La semana anterior, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) envió un oficio a la Junta Directiva en la que pide explicaciones por la compra de esa construcción y demanda investigar el procedimiento bajo el que se avaló.