EscucharJorge Granados Soto, gerente de Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fue separado de su cargo temporalmente mientras avanza una investigación administrativa en su contra por la compra de un edificio que no se podía utilizar.
La medida, tomada por la Junta Directiva de la CCSS este jueves, fue confirmada por Granados. La separación se aplica como una medida cautelar por tres meses y también fue dictada contra otros cuatro funcionarios de apellidos Murillo Jenkins, Gonzalez Haug, Picado Jiménez y Valverde Jiménez.
El caso está relacionado con un reportaje publicado por este diario en junio de 2021, el cual reveló que la institución pública pagó $4,5 millones (¢2.458 millones al tipo de cambio vigente), en julio de 2020, por un inmueble ubicado en Sabana norte que no cumplía con las condiciones necesarias para reubicar a 138 funcionarios.
El edificio Océano es una estructura de tres pisos construida en 1998. Fue adquirida a través de una contratación directa para reubicar a ese grupo de trabajadores debido a la necesidad de desocupar las oficinas centrales por un reforzamiento urgente.
Una de las condiciones impuestas por la CCSS para adquirir la edificación era que debía tener “disponibilidad inmediata o en el menor plazo posible”. Sin embargo, la entidad necesitó 20 meses y ¢1.176 millones para adecuar las instalaciones de 3.142 m².
Por ejemplo, el inmueble no contaba con la distribución requerida ni disponía de un cableado de telecomunicaciones con capacidad para dar Internet a los 138 funcionarios. Otro requisito era tener “condiciones de conectividad y tecnología”, pero ese requerimiento tampoco se cumplió.
Estas deficiencias en el edificio Océano fueron señaladas desde 2018, según consta en un informe firmado por los ingenieros Javier Castro Gutiérrez y Jesús Arce Campos, y el arquitecto Randall Chaves Araya, el 22 de noviembre de 2018.
Además, la Auditoría Interna de la CCSS advirtió de un sobreprecio en el avalúo desde mayo de 2019, es decir, 14 meses antes de la compra. Estableció que el perito de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías usó una tipología equivocada para definir el valor del metro cuadrado en los 881 metros cuadrados del sótano.
En junio de 2022, la CCSS informó de la apertura de un procedimiento administrativo contra cuatro funcionarios por este mismo caso, pero esa pesquisa no incluía al gerente administrativo. El asunto se tramita bajo el expediente 22-00139-1105-ODYP.
El Ministerio Público también lleva a cabo una investigación sobre estos hechos.
