EscucharEl nombramiento de Marco Fallas Rodríguez como director de Proyección de Servicios de Salud de la CCSS fue revertido luego de que el funcionario se negara a firmar el análisis de costos que sirvió como base para la cuestionada contratación de cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 138 Ebáis.
La decisión de echar marcha atrás con la designación fue tomada por Alexander Sánchez Cabo, gerente médico interino de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de acuerdo con el oficio GM-14790-2024, firmado por el jerarca el pasado 10 de octubre.
Dicho oficio dejó sin efecto una resolución del 17 de setiembre anterior (GM-13992-2024) del entonces gerente médico, Wilburg Díaz Cruz, en la que se rechazó un recurso de revocatoria contra el nombramiento de Fallas, el cual había sido planteado por María Gutiérrez Brenes, gerenta general de la CCSS.
Gutiérrez está actualmente suspendida del cargo mientras la Fiscalía la investiga, junto con otras siete personas, por la contratación de las cooperativas a pesar de la existencia de un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones al año, en una causa conocida como Caso Barrenador.
Marco Fallas Rodríguez fue designado en la Dirección de Proyección de Servicios de Salud el 13 de setiembre; antes de esa fecha, el cargo había sido ocupado por Gutiérrez en condición interina. Ella, junto con otras tres personas, participó en el concurso interno para el puesto en propiedad, pero no fue seleccionada.
Ante esa situación, el 20 de setiembre, Gutiérrez también interpuso un recurso de apelación e incidente de nulidad. Al resolver la gestión, el 10 de octubre, Sánchez ordenó anular la resolución GM-13992-2024 del anterior gerente médico, en la que se había rechazado la revocatoria.
Sánchez dispuso devolver el proceso de selección al momento previo al nombramiento de Fallas. Su argumento fue que existieron “yerros procesales” en la etapa recursiva del concurso para nombrar en propiedad al nuevo director de Proyección de Servicios de Salud.
La Nación intentó conversar con el gerente médico, pero no respondió las llamadas realizadas a su teléfono celular. Por medio de un mensaje de texto, indicó que solo contestaría preguntas a través de la oficina de prensa de la CCSS.
Sánchez llegó a la Gerencia Médica tras una propuesta de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, que fue aprobada por la Junta Directiva, el pasado 6 de setiembre.
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Resistencia a firmar informe
Veinte días antes de que Sánchez echara el nombramiento atrás, Marco Fallas se había negado a ratificar el “análisis” de costos necesario para avanzar con la formalización de los contratos con las cooperativas para la administración de 138 Ebáis de diez áreas de salud. Dicho análisis había sido firmado por María de los Ángeles Gutiérrez cuando fungía como directora de Proyección de Servicios de Salud.
De hecho, ese documento fue clave para la adjudicación, pues la Junta Directiva basó su decisión en ese estudio. De acuerdo con la Auditoría Interna, el 5 de julio anterior, Gutiérrez emitió el oficio GM-DPSS-0331-2024 en el cual recomendó otorgar la licitación pese a que existían criterios técnicos que calificaban las ofertas de las cooperativas como “excesivas”. Para el órgano fiscalizador ese oficio de Gutiérrez no se ajustó “a la metodología establecida institucionalmente”.
Fallas rechazó validar esos estudios financieros porque dentro de las competencias de su puesto no estaba ejecutar ese tipo de análisis.
“La Dirección de Proyección de Servicios de Salud tiene definidas las competencias según lo estipulado por el Manual de Organización Institucional del Área de Estructuras Organizacionales y Efectividad Organizativa (...). No se consigna como una competencia de esta dirección desarrollar análisis financieros para procesos de licitación y contratación pública“, declaró Fallas.
Gerenta interina en causa judicial de Caso Barrenador
Gutiérrez fue detenida el pasado 23 de setiembre junto a otras siete personas, por las aparentes irregularidades en la contratación de Coopesalud, Coopesana, Coopesaín, Coopesiba y Asemeco por ¢471.000 millones para operar diez áreas de salud por una década. También figuran como sospechosos la presidenta ejecutiva Marta Esquivel Rodríguez, así como tres directivos y tres exdirectivos de la CCSS.
De acuerdo con el Ministerio Público, la adjudicación se hizo pese a que existían varios informes técnicos que señalaban sobreprecios en las ofertas de esas empresas, estimados en ¢12.400 millones al año.
En la actualidad, Gutiérrez permanece suspendida por seis meses tras una orden judicial mientras avanza la investigación por los delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública. La jerarca de la institución y los tres directores investigados también fueron suspendidos.
Este diario intentó contactar a Gutiérrez, pero al cierre de esta información no había respondido el mensaje enviado a su correo electrónico.
