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Riesgo de desabastecimiento, productos defectuosos, oferentes disconformes por presuntas anomalías, altos funcionarios suspendidos por cuestionamientos e investigaciones en la Fiscalía y la Asamblea Legislativa, son algunas de las consecuencias que le dejan a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la enorme cantidad de compras de emergencia realizadas durante la pandemia.
Para evitar esos problemas y aumentar la transparencia, la CCSS prepara licitaciones por un total de ¢19.000 millones para la adquisición de mascarillas, guantes, batas, lentes, kimonos, gorros y caretas, entre otros insumos, para proteger al personal hospitalario de la covid-19 en el 2021.
De acuerdo con la institución, los procedimientos se iniciarán en octubre y se gestionarán por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). De concretarse, estarían entre las primeras compras de la Caja mediante esa plataforma estatal, a la cual debía incorporarse según una ley aprobada en el 2016.
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Según Esteban Vega de la O, gerente interino de Logística, la estrategia es utilizar los datos de demanda de equipo de protección personal para dejar de comprar cantidades específicas que abastecen pocas semanas o meses y mudarse a un modelo que permita suplir uno o varios años.
"No se conocía, desde el punto de vista de comportamiento y tendencia de casos, cuáles iban a ser las necesidades reales. Eso nos ha llevado a tener que hacer ajustes en el camino a los procesos de compra.
“Al día de hoy, la experiencia acumulada en cuanto a la tendencia de consumo y la proyección a un año (...) nos está dando información importante para empezar a hacer procesos de compra como lo hacemos habitualmente con todos los bienes y servicios que adquirimos, que son por un periodo y, eventualmente, si son compras por demanda hasta por tres periodos”, explicó Vega.
En la lista de proyecciones está la obtención de 28 millones de guantes, 24 millones de mascarillas, 2,8 millones de gorros, 2,7 millones de batas, 1,8 millones de caretas y 800.000 respiradores N95, entre otros.
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En total, la CCSS pactaría contratos por más de 61 millones de piezas de equipo de protección personal, hisopos para pruebas de detección de covid-19 y reactivos para diagnóstico molecular.
“La ventaja de un proceso de compra ordinario es que permite a ambas partes, la Caja y los proveedores, tener certeza sobre las fechas de entrega, sobre las necesidades reales y eso, sin duda alguna, nos permite tener mayor capacidad de negociación de precios como lo hacemos con todos los bienes y servicios que adquirimos”, añadió el gerente interino.
Las contrataciones de urgencia son más ágiles, pues frente a condiciones excepcionales permiten a la Administración adquirir un bien o servicio a través de procesos más expeditos. Sin embargo, tienen controles débiles que facilitan posibles anomalías.
Por ejemplo, en una operación de emergencia no hay fase de apelaciones para las empresas interesadas.
El sitio web de la CCSS se indica que, desde que empezó la pandemia, se ejecutaron 950 procesos de compra directa.
El reporte de esas adquisiciones es amplio y variado. Aparecen desde ventiladores mecánicos, equipo de protección personal, bolsas para cadáveres, termómetros, rayos X, dispensadores de jabón, estaciones para lavado de manos, y alquiler de cabañas sanitarias; hasta recargas telefónicas, relojes de pared, jugo de naranja, agua embotellada, sombrillas para mesas exteriores, alfombras ovaladas, afiches y servicios para una estrategia de comunicación.
Cuestionamientos
El 4 de agosto, La Nación reveló que la Gerencia de Logística de la CCSS adjudicó, el 27 de mayo, por medio de una compra de emergencia, 12 millones de mascarillas por $4 millones a David Landergren Castro, un contador público costarricense de 32 años, y a MR Comunicaciones Políticas, una empresa de asesorías de imagen propiedad de Miren Martínez Ruiz, periodista española.
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En el caso de Landergren, este entregó los dispositivos con varios meses de retraso mientras que MR Comunicaciones Políticas no logró despachar ni una sola de las unidades requeridas, situaciones que pusieron en riesgo el abastecimiento de tapabocas en los centros médicos.
Ese último hecho obligó a la CCSS a acudir ante la Contraloría General de la República para desarrollar un nuevo concurso para conseguir los cubrebocas que no logró proporcionar la comunicadora.
Ambas personas se inscribieron ante la Caja como proveedores cuando inició la pandemia, nunca habían ganado licitaciones con ese ente y carecían de experiencia en el suministro y distribución de esos artículos.
Además de la inexperiencia, la investigación periodística demostró cambios de criterio en el proceso de valoración de las ofertas, ya que en primera instancia los profesionales que integraban la Comisión Técnica ad hoc descalificaron las opciones de mascarillas propuestas por Landergren y MR Comunicaciones Políticas, pero pocos días después cambiaron de criterio y las aprobaron.
La propia Auditoría Interna de la CCSS reprochó que los encargados de la Comisión Técnica aceptaran, a la hora de revisar las mascarillas, documentos que no estaban traducidos, ya que ese era un requisito cuando se publicó el concurso.
También este diario dio a conocer la intervención de uno de los asesores del gerente de Logística, Luis Fernando Porras Meléndez, para intermediar por las ofertas seleccionadas y adjudicadas.
La publicación de La Nación provocó la apertura de una investigación en el Ministerio Público y en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
La Contraloría General de la República también tramita denuncias relacionadas a este asunto.
Sumado a eso, la Junta Directiva de la CCSS solicitó informes de la Auditoría Interna que desembocaron en la suspensión temporal con goce de salario de Porras Meléndez y dos de sus asesores, María Díaz Rivera y Hans Vindas Césédes.
Además, el director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, Miguel Salas Araya, y el jefe del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Maynor Barrantes Castro, fueron trasladados de puesto, y la Comisión Técnica ad hoc fue disuelta.
Desde el 13 de agosto, la Junta Directiva de la Caja ordenó la contratación de una auditoría externa para revisar los procesos de compra durante la pandemia y solicitó a la Gerencia General elaborar un plan para incluir a la entidad en Sicop.
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Este martes 29 de setiembre, la Caja informó de que en mayo del próximo año finalizará el proceso de capacitación de 4.000 funcionarios para el uso de la plataforma.
